El Presupuesto 2003 salió con vetos. No sólo se eliminaron los fondos destinados a los pagos del incentivo docente del 2002 (ver aparte), sino también la cláusula que impedía aplicar reducciones a los subsidios que reciben las provincias patagónicas por el consumo de gas domiciliario. El argumento esgrimido fue el celo presupuestario. Según el jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, los artículos vetados “generaban un desequilibrio muy difícil de sostener”. Sin embargo, el mismo celo no fue aplicado con los aportes previsionales de los sueldos superiores a los 4800 pesos. El Congreso había eliminado este tope para el cálculo de aportes, pero el Ejecutivo lo consideró injusto.
Atanasof ratificó que quedó en el Presupuesto una partida de 330 millones de pesos para pagar el incentivo docente del último semestre del 2001, “que era una deuda que se venía arrastrando”, y que “se ha tenido que vetar otro artículo que extendía esos pagos hasta el 2002”.
Según el Jefe de Gabinete, “el gobierno nacional envió al Parlamento un Presupuesto equilibrado en función de los ingresos y los egresos y haciendo especial hincapié en las políticas sociales”. “Frente a la emergencia, nosotros hemos privilegiado favorecer la situación de aquellos que más dificultades tienen, los que tienen menores ingresos y aquellos que están excluidos”, añadió. Estas consideraciones, sin embargo, no parecen consistentes con la liberación parcial de aportes previsionales a los sueldos altos. Más aún cuando los 381 millones de pesos anuales que se obtendrían de la eliminación del tope se destinarían al pago del retroactivo 13 por ciento a los jubilados mayores de 85 años.
Atanasof señaló también que el proyecto de Presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo, “excluidos los gastos corrientes, contemplaba un gasto en materia de política de asistencia social directa del orden del 30 por ciento” de los fondos, una cifra “inédita en la historia argentina en cuanto al diseño de un Presupuesto”. Pero posteriormente “el Parlamento incorporó algunas modificaciones, que a juicio del Poder Ejecutivo generaban un desequilibrio que era muy difícil de sostener”, justificó.
El Gobierno también vetó el artículo 84 de la Ley de Presupuesto 2003 que le impedía aplicar reducciones a los subsidios que reciben las provincias patagónicas por el consumo de gas domiciliario, y advirtió que dichos fondos pueden quedar afectados por las rebajas de gastos previstas para este año.
El mencionado artículo declaraba intangibles los bienes del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, que beneficia al consumo hogareño de gas en la zona sur del país y el departamento de Malargüe en Mendoza. El veto sostiene que la rebaja de gastos de 1000 millones de pesos “puede afectar la asignación de los créditos de los Fondos Fiduciarios” incluido el del Gas, “razón por la cual no podría garantizarse su intangibilidad”. El fondo para el subsidio al consumo hogareño de gas en el sur argentino fue creado el año pasado con una asignación de 100 millones de pesos que se sustenta con una tasa de 4 milésimas de peso por metro cúbico consumido en todo el resto del territorio nacional.
Por otro lado, el Gobierno también observó el artículo 73 del Presupuesto que disponía una reducción de 21,1 millones de pesos en los aportes que supuestamente realiza el Instituto Nacional de Cinematografía y Artes Visuales al Tesoro Nacional. El texto del veto destaca que “el proyecto de Ley sancionado no contempla ningún aporte al Tesoro Nacional del mencionado instituto, por lo cual lo dispuesto en el artículo 73 resulta abstracto”.
El Presupuesto prevé gastos corrientes por 62.597 millones de pesos y recursos por 62.268 millones, con un déficit de 406 millones que será atendido con distintas fuentes de financiamiento. La ley establece además una pauta de crecimiento de la economía del 3 por ciento y un índice inflacionario anual del 22 por ciento. Los gastos destinados a los servicios sociales son de 37.124 millones de pesos, en lo que representala mayor erogación para el período, mientras que la administración gubernamental tendrá erogaciones por 7044,89 millones de pesos, y 4427,68 millones para los servicios de defensa y seguridad. La deuda pública, en tanto, insumirá 14.983 millones de pesos.