La creación de la Asignación Universal por Hijo ha ido ganando consenso social hasta convertirse en la medida del Gobierno con mayor aceptación por parte de la ciudadanía. En febrero pasado, a cuatro meses de su implementación, una encuesta nacional de la consultora Analogías reflejaba un nivel de acuerdo con la decisión del 53,8 por ciento, contra un 44,1 por ciento de desacuerdo, básicamente expresado en que sería un “desincentivo” para que los desocupados busquen empleo. Esa línea de razonamiento alcanzó su máxima expresión en el titular de un diario de Mendoza, que lo bautizó como el plan “No trabajar”. Ese tipo de descalificaciones, sin embargo, ha retrocedido. Una última encuesta de Ibarómetro, también nacional, revela que la aprobación trepó en julio hasta el 68,5 por ciento, contra un 27,1 de rechazo. Trabajos intermedios de ambas consultoras fueron confirmando esa tendencia de menos a más.

Las razones de la aceptación son varias. La primera es que para los encuestados –entre 1000 y 1400 en todos los casos– el Gobierno hizo bien en extender el beneficio de la asignación familiar a los desocupados, trabajadores en negro y empleadas domésticas. El programa es visualizado mayoritariamente como la igualación de derechos entre ocupados-formales y desempleados-informales. También se reconoce que más allá del dinero –desde este mes son 220 pesos por mes por hijo, en lugar de los 180 pesos previos–, la asignación promueve la escolarización y la vacunación, requisitos que deben cumplir los padres para que los hijos sigan cobrando.

La consultora Punto Doxa, a su vez, realizó estudios cualitativos entre quienes perciben la AUH. Una de las conclusiones es que existe una fuerte valoración positiva de la relación directa con el programa, por tratarse de una medida de carácter universal. Eso lo despega de los planes sociales tradicionales, que los ubican en la categoría de “necesitados”, “pobres” o “privados de derechos como sujetos sociales”. El vínculo con la Anses es un puente a la integración, dado que a este organismo lo identifican con la formalidad. En la misma línea, los beneficiarios destacan que con la AUH se evita la dependencia de intermediarios, como punteros políticos u organizaciones sociales.

Otro punto sobresaliente de los focus group que hizo Punto Doxa es que los requisitos de escolaridad y vacunación no son vistos por quienes deben cumplirlos como una pérdida de autonomía, sino como una “obligación beneficio”. “Tienen una función ordenadora, sobre todo en un sector social al que le resulta difícil autorregularse”, explica la consultora.

La Anses ya distribuyó el 80 por ciento de las libretas a los beneficiarios de la AUH, según reveló a Página/12 el director del organismo, Diego Bossio. Son más de 2,8 millones, en tanto aún restan entregar alrededor de 800 mil. Estas últimas llegarán a los domicilios de los titulares “antes de fin de año”, aseguró el funcionario. En las libretas hay que dejar constancia de que los hijos fueron al colegio y se aplicaron las vacunas correspondientes. Una vez completado esos trámites, los beneficiarios pueden cobrar el 20 por ciento del subsidio que la Anses les retiene todos los meses, a razón de 36 pesos por mes por hijo entre noviembre de 2009 y el mes pasado. Bossio precisó que 1,6 millón de chicos ya cobraron esa diferencia.

El funcionario explicó que en los diez meses transcurridos desde que se lanzó el programa hubo un intenso trabajo en la conformación y depuración de las bases de datos, hasta contar actualmente con información valiosa como los teléfonos celulares de los padres en un 96 por ciento de los casos. Esto permitirá en un futuro transmitirles mensajes directos para comunicarles cualquier novedad del plan. De todos modos, Bossio admitió que no fue sencillo acomodar la estructura de la Anses para dar respuesta inmediata a más de 3,6 millones de chicos, y que siempre existen problemas y desajustes a reparar.

Las encuestas que hicieron Analogías e Ibarómetro –en febrero y abril y junio y julio, respectivamente– también indagaron sobre la capacidad operativa que le veían a la Anses para llevar adelante la AUH. La serie arroja que la opinión positiva fue de 49,8 a 56,3 por ciento de extremo a extremo, mientras que la negativa partió de 20,6 y subió a 21,8.