La Justicia ratificó el cese como directores por el Estado nacional en Papel Prensa de Beatriz Paglieri, Eduardo Omar Gallo y Pablo Aldo Cerioli. Su apartamiento había sido resuelto en asamblea por los accionistas mayoritarios (Clarín y La Nación), tras desaprobar la gestión de los mismos para el ejercicio 2009. El juez comercial Eduardo Malde desestimó la acción de nulidad contra dicha resolución promovida por Guillermo Moreno, secretario de Comercio Interior, en representación del Estado nacional. Los tres directores desplazados fueron los responsables de recabar la información que derivó en el informe “Papel Prensa: La Verdad”, que les imputa a los socios privados maniobras irregulares para lograr el control de la firma en noviembre de 1976.

La Asamblea General Ordinaria de accionistas de Papel Prensa iniciada el 3 de junio y reanudada el 12 de agosto de este año había resuelto la desaprobación de la gestión de los tres directores designados por el Estado por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009, y el inicio contra éstos de “la acción social de responsabilidad”. El 18 de agosto, el directorio de Papel Prensa aprobó, como moción de orden, que los directores del Estado nacional “cesen en sus calidades de tales y se retiren de la reunión de directorio, O, en su defecto, que comparezcan los suplentes para continuar la misma”. Tras este episodio, la Comisión Nacional de Valores (CNV) rechazó en primera instancia y posteriormente dispuso la invalidez de lo allí resuelto.

En sus considerandos, el juez Malde adujo que la cámara de apelaciones, con fecha 31 de agosto, “revocó parcialmente” resoluciones del propio magistrado del mes de marzo cuando, haciendo lugar a disposiciones de la CNV, había dictado medidas suspensivas sobre decisiones del directorio y la asamblea de Papel Prensa, y dispuesto la “intervención atenuada del ente”. El tribunal de alzada le otorgó a la apelación presentada por Papel Prensa, de ese modo, “efecto suspensivo” sobre las disposiciones del magistrado.

En razón de esta decisión de la Cámara Nacional en lo Comercial Sala C, el juez consideró que no corresponde que “sostenga la ejecutabilidad de lo resuelto por la CNV y, con tal argumento, admita la pretensión cautelar del Estado nacional”. En cuanto a la consideración de la medida cautelar en virtud de un supuesto “ejercicio abusivo y contrario a derecho de esa posición dominante de los accionistas privados”, el juez rechazó el argumento contra la validez de lo resuelto en la asamblea del 12 de agosto en virtud de que “dicho acto no concluyó”, señalando que “la suspensión por desorden estuvo motivada por conducta antijurídica del representante del propio Estado Nacional (Guillermo Moreno)”.