Un equipo de supervisores de la Unidad de Información Financiera (UIF), a cargo de José Sbatella, realizó una inspección en el Casino Buenos Aires, que funciona en el puerto porteño, con el propósito de controlar el cumplimiento de las normas para la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo. Tanto las casas de juego como los hipódromos y operadores de juegos de azar están obligados por ley a implementar mecanismos de control “para la detección de transacciones sospechosas de enmascarar maniobras de blanqueo de fondos”.

Por su condición de sujetos obligados a comunicar transacciones irregulares, los casinos deben diseñar e implementar políticas de prevención. En este sentido, la UIF tiene registrado en Casino Buenos Aires sólo una “decena de reportes de operaciones sospechosas (ROS)”, desde 1999 hasta la fecha. Entre las obligaciones de las casas de juego figuran la identificación y el registro de cualquier apostador que resulte ganador de un premio superior a los 10.000 pesos y la conservación por cinco años de la documentación respaldatoria de la obtención de esa suma.

Cada casino tiene la responsabilidad de nombrar a un oficial de cumplimiento de las normas antilavado. Frente a operaciones inusuales, y también ante la reticencia o negativa de un cliente a suministrar información para corroborar su identidad, domicilio, profesión y estado civil, entre otros datos, los casinos están obligados a reportar el caso a la UIF, en el término de las 48 horas posteriores al descubrimiento de alguna anomalía. Bajo este marco legal, los funcionarios de la UIF solicitaron el contrato de constitución de la Unión Transitoria de Empresas que controla el establecimiento, sus estatutos, el informe de la última auditoría efectuada en materia de lavado de dinero.