Las políticas sociales y de empleo, centrales en la recuperación de los últimos años, son necesarias pero insuficientes para revertir el significativo retroceso en materia laboral y de distribución del ingreso observado entre 1976 y 2001. Así concluyeron, desde distintos enfoques, los especialistas que participaron del cierre del primer día del Congreso de la Asociación de Economía para el Desarrollo de la Argentina (AEDA). Los expositores enfatizaron la necesidad de implementar políticas industriales y fortalecer herramientas como la Asignación Universal por Hijo para profundizar las mejoras en materia laboral y distributiva observadas desde 2003.

“El 60 por ciento de los hechos que explican la salida de la pobreza en los últimos años están vinculados con la creación de puestos de trabajo. Es la primera vez que Argentina tiene políticas activas de empleo que acompañan el proceso de crecimiento”, sostuvo el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, al resaltar la centralidad del mercado laboral y las políticas sociales desde 2003.

La vicepresidenta de AEDA, Paula Español, advirtió que, a pesar de las mejoras significativas registradas en el mercado de trabajo en los últimos años, los indicadores de pobreza y desempleo todavía se encuentran por encima de los registros observados en 1974. En ese momento la desocupación no superaba el 4 por ciento y la informalidad rondaba el 17 por ciento. Luego del empeoramiento sistemático experimentado en los últimos treinta años, la recuperación económica permitió que la tasa de desempleo se ubique en 7,9 por ciento y el empleo no registrado en 36,9 por ciento. En ese sentido, Español señaló el impacto sobre las franjas más vulnerables de la sociedad –la niñez y la vejez– que tuvieron la moratoria previsional y la creación de la Asignación Universal por Hijo. Por su parte, Rafael Rofman, del Banco Mundial, calificó la AUH como “la reforma más importante de las últimas décadas”.

“Estamos desandando una política que duró 30 años”, apuntó Tomada, quien destacó que durante la década del ’90, nueve de cada diez de los nuevos puestos de trabajo eran informales, mientras que hoy el 80 por ciento de los nuevos empleos son registrados. Durante su intervención, el funcionario reiteró que “Argentina tiene las condiciones para alcanzar el pleno empleo en los próximos años” y destacó la centralidad que adquirieron el trabajo y la inclusión social en las políticas públicas.

INDUSTRIA Y EMPLEO

“El proceso de reindustrialización que comenzó en 2003 permitió que el empleo industrial creciera por primera vez en tres décadas, algo que no había sucedido incluso cuando la actividad del sector crecía lentamente en la década del ’90”, apuntó Español, también directora del Centro de Estudios de la Producción del Ministerio de Industria. Según los datos que presentó, entre 1977 y 2002 la producción de maquinarias y equipos cayó un 83 por ciento y las importaciones de bienes de capital crecieron en forma sostenida. El correlato de dos décadas sin incremento en la producción industrial fue el retroceso sistemático del empleo en esos sectores. A su vez, la especialista destacó que ese proceso generó un aumento en la desigualdad, desplazando al país de parámetros similares a los de Suecia o Dinamarca hacia una pauta distributiva más cercana a la sudafricana.

Frente a ese escenario, el investigador de la Cepal Mario Címoli destacó “la relevancia de la política industrial y la estructura productiva como componente fundamental para la inclusión social y la redistribución del ingreso”. El economista consideró que las políticas sociales son insuficientes para mejorar en forma sostenida las pautas distributivas vigentes en la región. Címoli advirtió que “modificar esa estructura productiva significa poner en juego la distribución de la renta. La verdadera política industrial implica cambiar la distribución, no alcanza con crecer”.

Al igual que el ministro Tomada, el economista enfatizó la necesidad de diseñar una política macroeconómica consistente con la creación de empleo y la política industrial. Durante su intervención, el titular de la cartera laboral cuestionó el diseño institucional dominante durante la década del ’90 y volvió a defender la ampliación de los objetivos del Banco Central para incluir, además del control de la inflación, la creación de empleo y la preservación del crecimiento económico. En ese sentido, el diputado Héctor Recalde (FpV), también asesor legal de la CGT, presentará un proyecto de ley para reformar la Carta Orgánica de la autoridad monetaria con esas premisas. La autora ideológica de ese proyecto es la presidenta del BCRA, Mercedes Marcó del Pont.