Las principales entidades empresarias del país nucleadas en el denominado Grupo de los Siete (G-7) presentaron ayer una posición unificada en rechazo al proyecto de ley para que los trabajadores participen en el diez por ciento de las ganancias de las compañías. Los directivos tuvieron ayer su reunión mensual en la que analizan temas de agenda política. Esta vez el encuentro fue en la sede de la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino (Adeba) y el tema dominante el proyecto del diputado Héctor Recalde (FpV) y otros similares. “Los dirigentes rechazan categóricamente los proyectos en cuestión, máxime cuando se comprueba que avanzan hacia un poder de interferencia sindical que choca contra los principios constitucionales de derecho de propiedad”, dice el comunicado que enviaron las distintas cámaras. Algunos de los participantes de la reunión aseguraron a este diario que la Unión Industrial es la que más lobby hace en contra del proyecto.

Hasta el momento, los que venían manteniendo una posición beligerante con respecto al proyecto de reparto de utilidades de las empresas con los trabajadores habían sido los integrantes del núcleo duro de la UIA. Ya sea a través de varios comunicados como en boca de su propio presidente, Héctor Méndez, la entidad había manifestado desde el principio su rechazo. Méndez incluso llegó a comparar a la Argentina con Cuba, debido a un supuesto avance de los gremios sobre la propiedad privada.

Esta posición fue llevada por Méndez ayer al cónclave de entidades, que volvió a contar con la ausencia de representantes de Confederaciones Rurales (CRA). “La posición más dura la trajo la Unión Industrial y el resto acompañó en la crítica de que se haya hecho sin consulta”, detalló a este diario una fuente presente en el encuentro. El resto buscó una posición moderada, sobre todo teniendo en cuenta los excesos del titular de la UIA. “Pero el documento lo firmaron todos”, respondieron desde la entidad fabril. Además de Méndez, se encontraba el titular de Adeba, Jorge Brito; de la Cámara de Comercio, Carlos de la Vega, de la Construcción, Carlos Wagner; de la Sociedad Rural, Hugo Biolcati; y de la Bolsa, Adelmo Gabbi.

El comunicado conjunto tiene duros conceptos en contra del proyecto. “Otorga a los sindicatos facultades de fiscalización y de información ajenas a su cometido muy superiores a la de los propios accionistas”, señala el texto.

El malestar contra los sindicatos es un tema recurrente en los últimos encuentros del G-7, sobre todo luego de que el gremio de camioneros decidiera bloquear las plantas de Siderar, empresa del Grupo Techint, por el alineamiento de sus trabajadores (ver aparte). Sin embargo, la tensión se acentuó luego de que representantes de la Confederación General del Trabajo (CGT) impulsaran un proyecto para que los empleados participen en las ganancias empresarias.

Las primeras manifestaciones de los popes fabriles de la UIA fueron por el lado de una supuesta ilegitimidad del reclamo. Ese argumento fue contrastado por el hecho de que la iniciativa se basa en lo que sostiene el artículo 14 bis de la Constitución. Ahora el reclamo es por el atropello que para éstos significa no haber sido consultados. “Los dirigentes manifestamos gran preocupación por el alcance de la medida, proyectada sin consenso empresarial”, señala el comunicado. Destacan además que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) dispone la consulta tripartita previa –gobierno, trabajadores y empleadores– y que es un compromiso de rango constitucional asumido por Argentina. Desde la central obrera reiteran que el proyecto de ley pretende “sólo hacer cumplir lo que dice la Constitución”.

“Todos coincidieron en que este tipo de iniciativas fracasan cuando no se las impulsa mediante acuerdos y consensos previos”, advierte el comunicado. El proyecto será elevado al Congreso para su discusión.

En otro tramo del documento, firmado por los seis directivos, se da una serie de medidas que –para los empresarios– bastan para redistribuir ingresos. El objetivo es plantear lo innecesario de avanzar sobre el proyecto de Recalde. “La entidades reunidas siempre impulsaron la negociación colectiva como la práctica idónea para resolver positivamente las cuestiones que involucran a trabajadores y empleadores”, aseguraron los empleadores. Tras lo cual, agregan: “Esto posibilitó que los ingresos de los trabajadores del sector formal hayan experimentado en los últimos años incrementos bastante superiores a la inflación, posicionando los salarios en dólares de los trabajadores locales por encima de los de la región y de muchos de los países con los cuales compiten los productos argentinos”. El proyecto de ley de Recalde no hace alusión a los ajustes salariales ni es una alternativa a los convenios.