ECONOMíA › OPINION
› Por Daniel Arroyo *
La creación por parte del gobierno nacional de una “cuenta gratuita universal” es una oportunidad para avanzar en la incorporación de los sectores más pobres al sistema bancario formal. A partir de hoy se implementarán cajas de ahorro gratuitas a las que se podrá acceder con la única presentación del DNI. Tendrán un saldo máximo de 10.000 pesos, pero sin costos de mantenimiento. Esta decisión se suma al lanzamiento de la Tarjeta de Alimentos en la provincia de Buenos Aires en febrero de 2008 y a la bancarización de más de un millón de familias a través de la extensión de la asignación por hijo.
Estas políticas representan un puntapié inicial para revertir una compleja relación que se está generando en los últimos años entre pobreza y endeudamiento. Especialmente en los grandes centros urbanos, la gente está contrayendo deudas a tasas muy altas por las fuertes dificultades que tiene para acceder al crédito bancario. En muchos casos, la única posibilidad para los sectores pobres parece ser tomar un “crédito ya” o “efectivo fácil”, que tienen como único requisito la presentación de una fotocopia del DNI. Pero son préstamos que, en muchos casos, encubren tasas que superan el 100 por ciento anual. Y cuando el deudor no puede pagar, se les ofrece reprogramar el pago con intereses aún más elevados.
Por eso, es necesario avanzar en la revisión de las cláusulas que impiden a las entidades bancarias prestar dinero a quienes no puedan justificar un ingreso fijo formal y, a la vez, se ponga un freno a la expansión de las casas que brindan préstamos personales con prácticas claramente usurarias.
En el país hay cuatro millones de cuentapropistas y emprendedores que trabajan en condiciones precarias y no pueden a acceder a créditos dentro del sistema bancario porque no cuentan con garantías. Se trata de gasistas, carpinteros, mecánicos, costureras que cuentan con tecnología atrasada y, por tanto, interactúan mal con el mercado.
Las entidades financieras públicas han puesto en marcha en los últimos años diversos programas destinados a capitalizar a los sectores pobres. El aporte estatal permite bajar las tasas y absorber los altos costos de la operatoria del crédito. Los programas se destacan por su bajo nivel de morosidad, que llegan a menos del 3 por ciento sobre el capital vencido.
Este indicador encuentra, al menos, dos explicaciones posibles. Los sectores pobres asumen la palabra empeñada. Y como es su única fuente de financiamiento, pagan en tiempo y forma para volver a tomar otro préstamo. El hecho de que sea un banco –público o privado– el que les brinde el crédito genera un incentivo intangible, aunque muy relevante: las personas sienten que hay una entidad financiera que confía en ellos.
Este tipo de microcréditos vinculados al Estado llegan a doscientas mil personas. Pero hay 3,8 millones que no acceden a esos préstamos y, en ese universo, están los que se endeudan a tasas usurarias. Por eso, es necesario dar un salto de escala y avanzar en la masificación de los sistemas de créditos existentes.
La masificación del crédito bancario y el debate acerca de cuál es el rol del sector financiero parece fundamental para reducir los niveles de vulnerabilidad social. Resulta importante establecer mecanismos para masificar el crédito a los que no tiene garantías y, junto con ellos, encarar una red de seguimiento que acompañe a los pequeños emprendedores.
El problema del trabajo informal y el desempleo no sólo se mejora con el acceso al crédito, sino también con mecanismo de acompañamiento y capacitación laboral, aspectos en los que también ha habido avances importantes.
Son muchos los sectores productivos que mejoran el PBI en Argentina, pero son pocos los que llegan hasta la punta de la cadena, es decir los que incorporan a los jóvenes que no tiene secundaria completa. La construcción, el textil, la metalmecánica, el calzado, las curtiembres generan movimiento y permiten incluir a estos sectores. Es necesario que, junto con la masificación del crédito a los sectores pobres, se generen mecanismo de incentivos para el desarrollo de estas actividades.
* Ex viceministro de Desarrollo Social de la Nación.
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