Los flujos de capital ilícitos generalmente involucran transferencias de dinero ganado a través de actividades penadas por la ley. Es una obvia definición que es necesario precisar más aún cuando los involucrados son grandes empresas y particulares de patrimonio abultado. De ese movimiento de fondos existe una mayor presencia en el debate público, el originado por la corrupción gubernamental, aunque sería más riguroso puntualizar “corrupción empresario-gubernamental”. Ese flujo ilícito también se registra en transacciones que suponen contrabando de bienes y en estrategias para “proteger la riqueza personal o corporativa de las autoridades tributarias nacionales”, detallan los economistas Jorge Gaggero, Romina Kupelian y María Agustina Zelada en la investigación Fuga de Capitales II, publicado por el Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina. Esto significa que la evasión tributaria de las grandes empresas, denominada “planificación fiscal nociva” con sutileza por la AFIP, constituye una de las principales fuentes de corrupción en la sociedad. Una de esas maniobras son las operaciones conocidas como precios de transferencia, que son manipulaciones de precios en el intercambio de bienes o servicios pactadas por dos compañías que pertenecen a un mismo grupo empresario para girar utilidades y eludir el pago de impuestos. Otra es la triangulación: por ejemplo, una firma opera desde la Argentina y la facturación la contabiliza en Uruguay, plaza que actúa como pantalla para socavar la base del Impuesto a las Ganancias que corresponde pagar en el país. Esta es la sospecha sobre la supuesta evasión más importante detectada por las autoridades impositivas argentinas en su historia, que corresponde a la multinacional cerealera Bunge. Se estima que esa compañía no ha ingresado al fisco unos 420 millones de pesos en 2007, mientras que el monto para los dos años siguientes se encuentra en etapa de determinación, suponiendo que en total alcanzaría los 1200 millones de pesos. Bunge reaccionó ante lo que considera “falaces declaraciones de funcionarios estatales y el prejuzgamiento que se pretende instalar en la sociedad”. Este caso de probable corrupción privada no escandaliza ni tiene la repercusión en el espacio público como otros varios de amplia difusión empresario-gubernamental. La cuestión no es relativizar ni unos ni otros, sino denunciar y enfatizar ambos comportamientos para poder abordar en toda su dimensión la relevancia y profundidad de la corrupción en la economía.

Las operaciones de triangulación son una de las principales fuentes de corrupción a través del giro de capital ilícito al exterior. En 2009, se detectó que se facturaron 4328 millones de dólares en envíos a Suiza pero arribaron mercaderías a ese país por un valor de 1518 millones. Sobre ese total, el 60 por ciento correspondió a cereales, el 15 a minería y el 10 por ciento a petróleo. Con el supuesto rumbo a Singapur se facturó por 1101 millones de dólares, pero el destino físico de los productos a esa plaza representó apenas 43 millones: el 74 por ciento de lo emitido correspondió a cereales y el 19, a aceites. Los despachos al puerto de Barbados totalizaron 873 millones de dólares (70 por ciento de minería y 30 por ciento de petróleo) y sólo 3 millones llegaron a ese destino. Islas Caimán recibió facturas por 688 millones de dólares (79 por ciento de productos de pesca y 11 por ciento de maní) de las cuales arribaron mercaderías por un valor de 41 millones.

El análisis de estas y otras operaciones resulta central para “explicar la opacidad de las finanzas globalizadas, la conducta financiera y tributaria de las firmas multinacionales y, en definitiva, los enormes drenajes de recursos y la gran volatilidad de sus flujos, a los que están sometidas las economías en desarrollo. En particular, el carácter perverso que para la mayor parte de éstas asumen los flujos ilícitos de capital y, también, la particularmente grave erosión a la que están expuestos sus sistemas fiscales”, explican Gaggero, Kupelian y Zelada en la mencionada investigación del Cefid-Ar. Estos expertos señalan que resulta notable la muy limitada atención prestada a estos temas en la literatura económica. “Son conocidas las posiciones del FMI y los restantes organismos multilaterales acerca de estas cuestiones, que sólo suelen poner el foco en los componentes delictivos de estos flujos. Estos organismos suelen omitir en sus análisis toda consideración relevante acerca del papel de la banca global, las multinacionales y los ‘ricos globales’ en estos procesos”, apunta esa troika de economistas.

En esa investigación, los especialistas estiman en base a Global Financial Integrity que el monto de los flujos financieros ilícitos desde los países en desarrollo ha crecido en forma sostenida desde 400 mil millones de dólares anuales en 2002 hasta el billón de dólares por año en 2006. Destacan que se trata de un cálculo muy conservador, al no incluir ciertas transacciones, como la sobre y subfacturación en el comercio exterior, el contrabando y las realizadas con bienes y activos con manipulación de precios. Según GFI, en ese período el ranking de los países de origen de las transferencias financieras ilícitas estuvo conformado, en orden de importancia, por China, Arabia Saudita, México, Rusia, India, Kuwait, Malasia, Venezuela, Polonia y Hungría. Argentina no aparece registrada en este ranking de las top ten debido a que durante el quinquenio 2002-2006 contabilizó de 12.000 a 13.000 millones de “fuga ilícita”. Esos años coinciden con la fase de sostenida recuperación económica, lo que hace suponer que en los posteriores Argentina estaría ubicada en ese listado, puesto que desde 2007 a la fecha se han acumulado unos 50 mil millones de dólares en el rubro formación de activos externos del sector privado no financiero, según el Banco Central.

Después de analizar la magnitud, la tendencia y la procedencia de los flujos de capital ilícitos vinculados con comportamientos de corrupción económica, Gaggero, Kupelian y Zelada mencionan que resulta importante abordar a los protagonistas de esos movimientos. En esa instancia emerge un resultado sorprendente, que en palabras de esos investigadores dice que “la composición global de estos flujos contradice la versión de que ha sido impuesta a través de los medios masivos de comunicación e, incluso, de muchos enfoques académicos”. Explican que, en general, la literatura producida por los organismos multilaterales de crédito y la acción de ONG, como Transparency International, “son responsables de la percepción hoy establecida: estos flujos se originarían en gran parte en las actividades criminales, con una significativa participación de la ‘corrupción gubernamental’”. La estimación presentada por esos tres investigadores, en base a Capitalism’s Achilles Heel. Dirty Money and How to Renew the Free-Market System, de Raymond Baker, muestra que, por el contrario, son las maniobras comerciales ilícitas, principalmente ejecutadas por los grandes bancos, las transnacionales y los llamados “ricos globales”, las que explicarían alrededor del 63 por ciento del total de flujos ilícitos globales. El restante 37 por ciento se origina en actividades estrictamente criminales de todo tipo, con sólo 3 puntos explicados por la corrupción gubernamental a escala global. La estructura de operaciones económicas ilegales en los países en desarrollo, que representan casi la mitad del total mundial, no difiere de esa distribución de los protagonistas de la corrupción.

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