El Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 4 de la Ciudad de Buenos Aires procesó al ex presidente de la cerealera multinacional Cargill y gerente general de la filial de esa firma en Uruguay por una supuesta evasión al fisco que rondaría los 200 millones de pesos, monto por el cual también fueron embargados sus bienes personales. La maniobra fraudulenta por la que se los acusa guarda estrecha similitud con la utilizada por la aceitera Bunge, que habría evadido unos 1200 millones de pesos. Por eso en la AFIP entienden que la decisión del juez constituye un fuerte antecedente que da una idea de cómo se podría resolver la investigación de Bunge. La actual Ley Penal Tributaria prevé para los casos de “evasión agravada” –como lo es el de Cargill– penas de hasta nueve años de prisión. “Los casos de Cargill y el de Bunge son emblemáticos porque demuestran cabalmente que algunas de las empresas que más ganan son las que más evaden”, señaló el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray.

El expediente a cargo del juez Alejandro Catania se inició en el año 2005. En ese momento la AFIP denunció que en el período 2000/01 la cerealera norteamericana Cargill había evadido 56 millones de pesos en concepto de Impuesto a las Ganancias y ese fraude se habría extendido hasta el año 2003. “La facturación iba por un camino y la exportación por otro”, grafican la maniobra en la AFIP. Frente a las pruebas presentadas por el organismo, la Justicia procesó ayer al presidente del directorio de Cargill, Héctor Orlando Marsili, y al gerente de la filial uruguaya, Javier Gustavo Fernández Rockboer. Además, cada uno recibió un embargo por 100 millones de pesos.

La operatoria de la empresa se realizaba mediante una filial ubicada en Uruguay, hacia donde formalmente se exportaba la producción local de Cargill. El régimen previsto por la Ley de Impuesto a las Ganancias supone en su artículo 15 que en el caso de que las exportaciones se efectúen a través de una empresa intermediaria vinculada, se debe valuar el monto de la venta a ser tributado recién cuando se carga en el buque antes de partir hacia el destino final. Como en todos los casos de triangulación nociva, los productos nunca llegaban al país vecino, y en cambio se exportaban directamente desde la Argentina hacia terceros países.

Sin embargo, esas ventas externas se facturaban desde el Uruguay, donde el nivel de tributación es mucho más bajo, conformándose una “pantalla”. Además, la oficina en el país vecino estaba ubicada en una zona franca, por lo que ni siquiera allí tributaba Ganancias. “La filial no tenía ningún tipo de capacidad operativa, y desde ahí Cargill concretaba casi el ciento por ciento de sus operaciones”, explican en la AFIP. Se trata de toda una ingeniería fiscal y financiera montada especialmente para evadir impuestos. Lo curioso es que la vinculación con la filial uruguaya se mantiene hasta la actualidad. La maniobra podría haber continuado después de 2003, pero “las investigaciones son engorrosas y es difícil conseguir la documentación que pruebe la existencia de fraude”, describen en el organismo recaudador.

Por otra parte, Cargill Uruguay consignaba las ventas a un precio menor al que se lo había comprado a la filial local, registrando en sus balances pérdidas significativas. Como los balances se consolidaban en la Argentina, la empresa nacional contabilizaba esos rojos disminuyendo la base sobre la que debía tributar.

La decisión del juez también constituye, en la práctica, una presión adicional para las empresas cerealeras, incluida Cargill, que están siendo investigadas por la AFIP por las últimas presentaciones de Ganancias.