Los sistemas de protección social se encuentran en el eje del debate económico global. El envejecimiento de la población y la flexibilización laboral (trabajo en negro) son algunos de los factores que erosionan la sustentabilidad de los actuales esquemas jubilatorios en el mundo. Las alternativas que barajan los distintos gobiernos europeos para hacer frente a esas tensiones van desde el incremento en las edades mínimas para el retiro, la reducción de los haberes y la revisión de las fuentes de financiamiento. En Argentina, el sistema previsional experimentó en los últimos años una profunda transformación a partir de la nacionalización de las AFJP y la creación de un único sistema de reparto, los sucesivos incrementos en la mínima, la automatización de la movilidad de las prestaciones y la ampliación de la cobertura hacia más de 2,4 millones de trabajadores cuyos aportes eran insuficientes (o nulos) para cobrar una jubilación.

Las significativas mejoras observadas en el sistema de la seguridad social contrastan con el nivel bajo en el monto de los haberes jubilatorios, donde la prestación mínima representa alrededor del 60 por ciento del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) y menos del 30 por ciento del promedio salarial de los trabajadores registrados del sector privado. A su vez, el achatamiento de la escala de los haberes previsionales llevó a que más de las tres cuartas partes de los jubilados reciban el haber mínimo.

En ese escenario se inscribe el debate, impulsado por el arco opositor, que mantuvo el Senado ayer para establecer el 82 por ciento móvil para las jubilaciones. Más allá de la discusión sobre la existencia o no de los recursos necesarios para asegurar el financiamiento de la medida a lo largo del tiempo (así como la estructura de financiamiento de la seguridad social) y la intencionalidad política de sus impulsores, el economista del Ceil-Piette del Conicet Demian Panigo advierte que los cambios en los haberes presentes en la propuesta “reproducen entre los pasivos la desigualdad de los activos, profundizan esa situación regresiva perdiendo la esencia del sistema solidario”. Por eso, el especialista sostiene que las fallas estructurales que exhibe la seguridad social en Argentina no se resuelven con el aumento de las prestaciones que propuso la oposición, donde la jubilación mínima subiría alrededor del 36 por ciento y las prestaciones más altas, que cobra un reducido grupo, registrarán mejoras promedio del 80 por ciento.

El prestigioso economista y Premio Nobel de la Paz Amartya Sen diferencia, en su libro La desigualdad económica, dos esquemas distributivos: uno basado en las necesidades de los individuos y otro vinculado con el mérito. El primero asegura un nivel de equidad entre los trabajadores y el segundo patrón distributivo reproduce las desigualdades que surgen del mercado de trabajo. Desde esa perspectiva, el esquema de los haberes jubilatorios propuesto por la oposición agudiza la vigencia de un sistema asociado con el merecimiento y profundiza la inequidad distributiva que se observa entre los asalariados.

Como alternativa figura la estructuración de un sistema solidario establecido sobre las necesidades de todos los jubilados donde la prestación sea universal y no dependa solamente de los aportes y contribuciones que realizaron los trabajadores a lo largo de su trayectoria laboral. Los economistas Laura Goldberg y Rubén Lo Vuolo proponen en un documento publicado en el Ciepp, en 2005, una reforma integral del sistema de previsión social argentino en que el Estado “pague un beneficio universal, uniforme e incondicional, independientemente de los registros contributivos”.

La existencia de esa prestación establecida a partir de un piso de pobreza, que debe ser calculado específicamente para ese segmento de la población, no excluye la posibilidad de establecer un sistema privado donde aquellos que deseen puedan realizar aportes voluntarios para percibir un ingreso mayor. Esa propuesta constituye un esquema que combina la instalación de un patrón distributivo basado en las necesidades que disminuya la desigualdad y habilite la posibilidad de que los trabajadores más ricos accedan a un diferencial por “merecimiento”.

Frente al debate sobre el 82 por ciento y la oposición que despiertan las propuestas anteriores –por la arraigada concepción que establece la existencia de algún tipo de proporcionalidad entre el salario y el monto de la jubilación–, Panigo asegura que en el corto plazo es necesario elevar la jubilación mínima, pero no el resto de las prestaciones. El especialista sostiene que un nuevo debate debe contemplar la discusión sobre el origen del financiamiento de la seguridad social con el objetivo de generar nuevas fuentes de recursos que ingresen a la Anses más allá de los aportes de los trabajadores.