El 82 por ciento móvil para las jubilaciones se convirtió en una cifra mágica. Los representantes de la oposición sólo unidos por la misma pasión argumentan que “el dinero está” para poder pagarlo. Los miembros del oficialismo replican que no existen fondos suficientes y que su cumplimiento derivaría en la quiebra del sistema. De todos modos, ambos coinciden en que se trataría de una medida justa para los jubilados. Ante ese consenso, no resulta popular ni políticamente correcto considerar que ese 82 por ciento es un mito, que hoy no es sostenible en el tiempo y que reproduce la desigualdad de ingresos en la etapa pasiva. Si en lugar de buscar un mezquino rédito político electoral, la energía volcada en un proyecto de ley con destino de veto se hubiera canalizado a impulsar un alza de la mínima, el resultado habría sido una mejora concreta para la mayoría de los jubilados. Desde esa nueva base, con los dos ajustes anuales en forma automática por el índice de movilidad previsional, se hubiera avanzado hacia una más elevada “tasa de sustitución” (el monto de los haberes en relación al salario), que incluso podría superar ese mágico 82 por ciento. En el debate legislativo no existieron precisiones de la obsesión por esa cifra, puesto que también podría haberse definido en 90 o en el 100 por ciento. Sin respaldo técnico y sin consulta a especialistas, se aprobó una ley con discursos de escasa rigurosidad en aspectos previsionales básicos que no dejan de sorprender sobre la calidad del legislador.

El porcentaje del 82 por ciento se originó en una ley de 1958 y tuvo plena vigencia pocos años, en una historia previsional de más de cien. En un reciente documento del Instituto de Estudios Fiscales y Económicos se explica que la ley del 82 por ciento comenzó a ser deficitaria desde ese mismo año. “Una de las principales causas fue la colocación de fondos en títulos públicos a tasas de entre 4 y 6 por ciento, mientras que la inflación superaba el doble de esa cifra para el período 1958-1967.” En ese último año se cambió el régimen al establecer prestaciones máximas y mínimas, eliminando el 82 por ciento, fijando el haber en “el 70 por ciento del promedio de las remuneraciones de los tres mejores años computados en un período de 10 años”, indican los economistas del Iefe.

En otro informe, Una oportunidad para discutir una reforma previsional, elaborado por Luciano Cohan, Luciana Díaz Frers y Eduardo Levy Yeyati, del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), se explica que esa tasa de sustitución se definió “cuando el sistema de seguridad social era genuinamente contributivo y de reparto y disfrutaba de condiciones excepcionalmente favorables: los jubilados eran pocos, los empleados formales, muchos, y las cuentas provisionales, superavitarias”. Hoy el escenario laboral y previsional es bastante distinto. Por eso mismo señalan en forma provocativa, sin temor a caer antipáticos, que “una reforma previsional debería al menos cuestionar esta mítica cifra”. Al respecto, los expertos del Iefe indican que “dadas las condiciones demográficas actuales y el nivel de los aportes previsionales, para que un jubilado tenga un ingreso del 82 por ciento del salario equivalente al de su profesión durante su vida activa, la relación aportante/beneficiario debería ser de aproximadamente 3 a 1”. Hoy esa relación es la mitad.

Otro grupo de investigadores del Conicet, integrado por Julio Neffa, Demián Panigo, Emmanuel Agis y Nicolás Dvoskin, elaboró también un documento sobre los efectos de la ley aprobada en el Congreso, que incluye el 82 por ciento móvil y ajustes dispuestos por fallos de la Corte Suprema. Las conclusiones que se derivan de la evaluación de esa norma son contundentes, justificando el veto presidencial:

1. Hubiera aumentado la desigualdad en un 15 por ciento y reproducido la brecha del sector activo en el pasivo.

2. La jubilación mínima hubiese subido 37 por ciento, mientras que la media y alta, entre un 80 y un 1000 por ciento.

3. Entre 20 y 40 mil millones de pesos se hubiesen destinado a los sectores de ingresos medios y altos, no a los más vulnerables.

4. Hubiera regresado la inequidad de género, reparada en el último año por la incorporación de las amas de casa al sistema previsional.

5. Se obligaba a la Anses a desinvertir sus activos de manera anticipada y forzosa en sólo treinta días, generando una pérdida millonaria al Estado.

Esos expertos resumen que la ley “lo que buscaba es incrementar las jubilaciones medias y máximas. No tanto subir la mínima y, mucho menos, aumentar la tasa de cobertura previsional”. La ley del 82 por ciento aprobada por la oposición en Diputados y Senadores es regresiva, desandando el proceso de equidad de ingresos entre jubilados. Con la moratoria que incorporó al régimen jubilatorio a 2,4 millones de personas y con los 18 aumentos de la mínima desde 2003, el país alcanzó niveles de igualdad nunca antes registrados entre las mujeres mayores de 60 y los hombres mayores de 65, que son los grupos etarios en condición de jubilarse. “Así el sistema argentino es el más igualitario de América latina y generó que entre los ancianos haya menos desigualdad que entre los adultos”, apuntan esos economistas.

Otro de los mitos instalados en el debate público se refiere a “la plata de los jubilados” que la Anses tiene para hacer frente al 82 por ciento móvil y a los ajustes dispuestos por la Corte Suprema. Los investigadores del Cippec aclaran que el sistema de seguridad social “tiene fuentes de financiamiento en base a impuestos y aportes y destinos que exceden al universo de contribuyentes”. El pilar contributivo de los ingresos de la Anses contabilizó un déficit de 18 mil millones de pesos el año pasado. Esa diferencia fue cubierta por ingresos tributarios, que incluyen 20 por ciento del Impuesto a las Ganancias, 11 por ciento del IVA y 15 por ciento de todos los impuestos que se coparticipan con las provincias. Esa masa de recursos suma el 42 por ciento de los ingresos de la Anses.

Cohan, Díaz Frers y Levy Yeyati precisan que el gasto previsional insume el 32 por ciento del Presupuesto nacional y mencionan un aspecto casi ignorado en el debate político: la actual y futura estructura laboral y poblacional. Con el envejecimiento paulatino de la población, la cantidad de jubilados y el gasto previsional seguirá aumentando. “Sólo un incremento del empleo y los salarios y una reducción en la informalidad podrían atemperar provisoriamente esta tendencia inexorable”, señalan. Para agregar que “el notorio envejecimiento de la población fue acompañado en el tiempo por una extensión de los derechos previsionales que amplió la base de beneficiarios mientras los cambios en el mercado laboral (creciente desempleo, nuevas formas de contratación sin aportes, aumento del empleo informal y de la evasión, alta rotación laboral) redujeron, en términos relativos, la base de aportantes”. Así se llega, a fines de 2009, a una situación en la cual 4,8 millones de beneficiarios de jubilaciones y pensiones reciben un haber promedio de 1067 pesos, financiado con el aporte de 8,2 millones de trabajadores, es decir, 1,7 aportantes por beneficiario. Ese cociente cae a 1,4 si se suman los más de 900.000 beneficiarios de pensiones no contributivas.

Los investigadores del Conicet agregan que el sistema previsional, además de jubilaciones y pensiones, atiende la seguridad social en su conjunto. “Esto refiere al mito instalado por la oposición y cierto sector de los multimedios donde se habla de ‘la plata de los jubilados’ y con ese argumento le exigen a la Anses la erogación de los fondos para solventar el 82 por ciento. Pero resulta que esa plata se utiliza para pagar jubilaciones y pensiones, pero también seguros por desempleo y asignaciones familiares.”

La ley del 82 por ciento que brindó el escenario para una nueva irrupción del vicepresidente en ejercicio de la oposición invita, en última instancia, a pensar en una reforma previsional que equilibre las demandas sociales con la obligación del Estado de no asumir compromisos incumplibles. Esto implica continuar en el sendero de mejorar las condiciones materiales de los jubilados que cobran la mínima admitiendo que el 82 por ciento, bandera de resistencia cuando se arrollaban derechos de los jubilados, es una cifra mito. El desafío que se plantea entonces sería mantener la tendencia de ampliación de la cobertura universal teniendo en cuenta la aún elevada informalidad laboral y continuar con la política de subir los haberes básicos garantizando la sustentabilidad del sistema previsional en el tiempo.

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