El establishment no quiso ayer discutir el proyecto de ley que dispone el reparto de parte de sus ganancias. Las principales cámaras se pusieron de acuerdo en no participar de la reunión de comisión de Diputados convocada para debatir la iniciativa sobre participación de los trabajadores en las utilidades empresariales. Para salvar las formalidades, enviaron comunicados solicitando una nueva fecha para la convocatoria. Los ejecutivos consultados por este diario adujeron que no tuvieron tiempo de analizar la propuesta. Sin embargo, las cámaras se tomarán su tiempo para delinear una contraofensiva para dejar sin efecto el proyecto sobre la base de algunos artículos de la Constitución que –según dicen– les darían la razón. Además de repartir ganancias, los empresarios ponen fuerte resistencia a que se conozcan públicamente sus balances. La reunión fue reprogramada para el 2 de noviembre próximo.

El encuentro estaba previsto para las 17.30 en la Comisión de Legislación del Trabajo del Congreso. Pero el convite debió ser suspendido ante la ausencia de interlocutores del sector empresario. Horas antes de la reunión, los representantes de las principales entidades que integran el denominado Grupo de los Seis (G-6) acordaron faltar a la cita. A éstos se sumaron otras que también manifestaron su rechazo al proyecto. “Cuando las grandes cámaras empresarias solicitan una prórroga, no tengo más que dárselas. No lo vivo como un desplante”, dijo a Página/12 el diputado (FpV) Héctor Recalde. El abogado laboralista acompañó al titular de la Confederación General del Trabajo (CGT), Hugo Moyano, en un acto en el que el líder camionero convocó a una marcha hacia al Congreso para la fecha en que se trate ese proyecto. “Si no sale, vamos a ver qué hacemos”, le soltó Moyano a Recalde en público.

Las cámaras empresarias justificaron sus ausencias en la poca anticipación con la que fueron anoticiadas. “Todos coincidimos en la necesidad de pedir una prórroga, dado que nos convocaron con menos de 72 horas hábiles”, señaló a este diario el titular de la Cámara de Comercio, Carlos de la Vega. “Además, queremos conocer las reglas de juego. Son veinte cámaras invitadas, y eso no da mucho tiempo para que cada una exponga”, agregó. La convocatoria fue realizada el jueves y el viernes de la semana pasada. “Sólo se pide un plazo para analizar los tres proyectos”, se excusaron desde la Unión Industrial. El resto de las entidades, a través de sus comunicados, reprodujeron similares explicaciones. La Asociación de Bancos Privados (Adeba) consideró necesario “tomar un tiempo prudencial para un estudio y reflexión” de la propuesta.

De todos modos, las críticas no se hicieron esperar. Desde la asociación bancaria que conduce el titular del Macro, Jorge Brito, calificaron al proyecto de “muy peligroso”, debido a que incentiva el “sistema de cogestión empresaria”. “Preocupa el desaliento a la inversión que el régimen provocará, con su inevitable consecuencia de incremento de la exclusión y el desempleo”, afirmó. El titular de la Cámara de Exportadores, Enrique Mantilla, opinó que el proyecto debe ser “descartado” porque se centra sólo en la participación de las utilidades contables. La Cámara de la Mediana Empresa (CAME) advierte que “en reiteradas ocasiones coincidió con la CGT”, pero que en estas circunstancias “discrepa”. Por su parte, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) pide que se arribe a adecuados parámetros en la segmentación de la empresas. El régimen se aplicaría sólo en grandes empresas.

Todas coincidieron en pedir que se les dé una o dos semanas para analizar la propuesta. Recalde anticipó que la próxima convocatoria será para el 2 de noviembre. Las cámaras no sólo se tomarán el tiempo para estudiar los proyectos, sino que buscarán algún espacio legal que pueda contrarrestar las iniciativas. “Como se invocó a la Constitución, lo que se hace es cotejar el proyecto con otros artículos que se contradicen”, afirmó una fuente de la UIA. “Estamos trabajando en la legislación, comparando lo que dicen los artículos”, coincidió De la Vega. Los empresarios buscarán apoyarse en aquellos que hablan de la propiedad privada. “Es un absurdo. Es como decir que hay artículos dentro de la Constitución que son anticonstitucionales. Hay que armonizar los derechos; un artículo no es mejor que otro”, señaló Recalde. “Hoy los sindicatos nos acosan desde afuera y ahora lo quieren hacer desde adentro”, apuntó el presidente de la Cámara de Comercio.