El jefe de gabinete, Alfredo Atanasof, afirmó ayer que el Gobierno no tiene aún una decisión tomada respecto de la posibilidad de avanzar en un aumento de tarifas a través de un nuevo decreto de necesidad y urgencia, en tanto que recordó los inconvenientes que una medida similar tuvo en diciembre pasado, cuando quedó sin efecto por decisión de la Justicia. Hay una iniciativa (del Ministerio de Economía) que el Gobierno va a estar analizando por estos días”, respondió Atanasof. El año pasado, tanto el proceso de audiencias públicas como un intento posterior del Gobierno de sacar los aumentos por decreto fueron obstaculizados en la Justicia a partir de las presentaciones realizadas por las asociaciones de consumidores. Los aumentos que el Gobierno intentará nuevamente imponer rondan un 9 por ciento en el caso de la electricidad y un 7,2 por ciento para el gas. En tanto, la titular de la Asociación de Consumidores y Usuarios, Sandra González, advirtió que su organización volverá a recurrir a la Justicia cuando el gobierno insista en liberar las trabas a un incremento en los servicios públicos. La representante de Adecua sostuvo que un decreto de necesidad y urgencia “sería inconstitucional”, al recordar que “violaría la Ley de Emergencia Pública”. El decreto proyectado, precisamente, apuntaría a modificar esta última ley.