El Gobierno continúa empeñado en mostrar su voluntad de aumentar las tarifas de los servicios públicos. Ayer fue elevado a consideración de Eduardo Duhalde el nuevo texto del decreto de necesidad y urgencia que permitiría al Ministerio de Economía habilitar los ajustes. La nueva redacción es similar a la del decreto anterior, actualmente frenado por la Justicia. Sin embargo, incluye variaciones en su artículo 9, donde se ensaya un artilugio legal para superar las restricciones impuestas por la Ley de Emergencia Económica, norma que taxativamente impide los ajustes tarifarios.
Aunque se insista en mostrar la independencia entre la “línea técnica” del FMI y los intereses de los socios principales –relación afectada en teoría por el “caso argentino”– los hombres del Fondo siempre fueron sensibles a las demandas de las principales empresas de los socios europeos, entre las que se cuentan las privatizadas locales. Así, uno de los compromisos que siempre figuró en las sucesivas cartas de intención consensuadas con el organismo fue el ajuste de las tarifas de los servicios públicos. Tras el preacuerdo de Buenos Aires, desde el Poder Ejecutivo reanudaron el embate para dar una señal clara de que el Gobierno desea cumplir con esa condición.
En la reunión de gabinete mantenida ayer se discutió el texto de un nuevo decreto de necesidad y urgencia que permitirá aumentar las facturas de luz y el gas. Se trata del primer paso para luego extender el ajuste a los restantes servicios, como teléfonos y agua.
El secretario Legal y Técnico, Antonio Arcuri, se limitó a decir que el decreto está “en estudio”. No obstante, el funcionario destacó que el documento ya había sido firmado por “algunos ministros”.
Por su parte, el vocero presidencial Luis Verdi, declaró que Duhalde “quiere resolver de una vez por todas” el tema de los aumentos de tarifas. “Lo que quiere ver es cómo se puede resolver este tema de una vez por todas y no seguir pateándolo para adelante”, enfatizó.
El temor del Gobierno es que el decreto sea nuevamente trabado por la vía judicial. Por eso, ahora se busca un artilugio legal que permita saltar las restricciones impuestas por la Ley de Emergencia Económica que, como se señaló, prohíbe el ajuste de tarifas. Según la óptica de la Secretaría Legal y Técnica los aumentos sólo podrían efectuarse en el marco de una renegociación de los contratos de concesión. El nuevo decreto, establecería que los aumentos habilitados, de entre el 7 y el 9 por ciento, se considerarían “a cuenta” de la futura renegociación contractual.
Desde las asociaciones de defensa de los consumidores y usuarios se advirtió que el nuevo decreto sería nuevamente impugnado, aduciendo su ilegalidad. “Todo parece indicar que el gobierno nacional no termina de asumir que en el país hay un 53 por ciento de pobres”, sostuvo la titular de Adecua, Sandra González. “El Gobierno procede ilegalmente por partida doble: por un lado, es ilegal la modificación de la Ley de Emergencia por decreto y, por otro, es ilegal no recurrir al mecanismo de las audiencias públicas”, explicó.
Al parecer, la única salida que tendría el Ejecutivo sería impulsar el más dificultoso trámite parlamentario de reforma de la propia Ley de Emergencia lo cual, temen, podría ser “utilizado políticamente”, según reveló a este diario un funcionario cercano al Presidente. Aunque no logren nada en lo inmediato, los intentos del Ejecutivo sirven, mientras tanto, para dar una señal hacia el directorio del FMI de que el Gobierno hace todo lo posible por cumplir con los compromisos asumidos.