El sector público nacional registró el año pasado un déficit de 4.553,8 millones de pesos, un 48 por ciento inferior al computado en el 2001. Semejante achique en el agujero de las cuentas públicas se explica por dos motivos. En primer lugar, el año pasado se pagaron muchos menos intereses de la deuda que el año anterior. En segundo, hubo una mejora en la recaudación, como consecuencia del impacto inflacionario.
Durante el 2002, pese a haberse declarado el default de la deuda privada, el Estado argentino pagó 6.809 millones de pesos en concepto de intereses, fundamentalmente a organismos internacionales de crédito, como el Banco Mundial, el BID y el FMI. La cifra puede impresionar, pero fue sensiblemente inferior a los 10.174,5 millones de pesos (dólares) abonados durante el 2001. Ese es el motivo fundamental que explica por qué el déficit cayó a la mitad.
Sin embargo, el año pasado también se registró un superávit primario –es decir, antes del pago de intereses– de 2256 millones de pesos, lo cual representa una mejora de casi el 62 por ciento respecto al año anterior. Dicho resultado, se debe a una suba de la recaudación –que llegó a 50.745 millones– del 11 por ciento, como consecuencia del llamado “impuesto inflacionario” y las retenciones a las exportaciones. Más aún, el impacto positivo sobre la recaudación de la inflación –que para los precios minoristas superó el 41 por ciento– y de las retenciones fue en buena medida compensado por la prolongación de la recesión.
Los números de diciembre muestran que la tendencia al cierre de la brecha fiscal continuó firme. El mes pasado, el déficit fiscal alcanzó apenas los 337,7 millones de pesos, lo que significa una caída de casi el 71 por ciento frente a los 1.157 millones registrados en diciembre del 2001, el mes de la caída del gobierno de De la Rúa. Los ingresos fiscales sumaron 5.267,5 millones de pesos: 4.039 fueron impositivos; 808,2 contribuciones a la seguridad social; y 329,8 no tributarios. Los gastos ascendieron a 5.460,3 millones: 1.097 en remuneraciones, bienes y servicios; 1.592,1 en seguridad social; y 2.489 millones en transferencias a provincias, universidad y a sector privado.