El Frente para la Victoria consiguió firmar el dictamen del proyecto de ley que pretende regular a las Empresas de Medicina Prepaga (EMP), tal cual llegó de la Cámara de Diputados. Por su parte, los senadores opositores José Cano (UCR), Liliana Negre de Alonso y Sonia Escudero, del Peronismo Federal, acompañaron el dictamen del oficialismo pero con disidencias parciales. “La idea es tener una nueva ley para el sector. Si alcanzamos el número, realizaremos cambios. Si no, tendremos la ley tal cual llegó de Diputados”, reconoció ayer por la noche Cano, al finalizar el plenario de las comisiones de Legislación general, Justicia y Salud. La iniciativa sería tratada en el recinto mañana. De todas maneras, hoy habrá una reunión de Labor Parlamentaria donde se fijará la agenda de las dos sesiones pautadas para esta misma semana.

“La idea es firmarlo (el dictamen), aunque sea en disidencia parcial, para que pueda ser debatido y así no pierda estado parlamentario”, afirmó Negre de Alonso, titular de la Comisión de Legislación General. En un principio, la oposición tenía previsto presentar un dictamen en minoría, pero para evitar las discusiones internas entre el Peronismo Federal y la UCR, ya que había diferencias técnicas entre sus propuestas, ambos sectores decidieron dar la discusión en el recinto, ante la imposibilidad de firmar un dictamen conjunto.

Por otro lado, si bien el FpV consiguió un dictamen de mayoría, dentro del bloque no todos sus legisladores tendrían la misma postura en relación con el proyecto. “Habrá libertad de acción, al igual que en la ley de glaciares”, manifestó a Página/12 una alta fuente del FpV.

A partir del fuerte lobby realizado por las prepagas, los senadores de la oposición formularon una serie de modificaciones de fondo. Una de ellas tiene que ver con la autoridad de aplicación. El proyecto con media sanción contempla un mecanismo para proteger a los usuarios en todo lo relacionado con los contratos y aumentos de precios. Sin embargo, tanto la oposición como el propio ministro de Salud, Juan Manzur, quieren sacar del medio a la autoridad de aplicación establecida por la Ley de Defensa del Consumidor.

“Tiene que haber una autoridad de aplicación para el área de salud y otra para el trato con los usuarios. Sacar del medio las competencias de la Ley de Defensa del Consumidor es dejar a los usuarios indefensos”, había manifestado a este diario Héctor Polino, de la Asociación Consumidores Libres.

Otro de los artículos controvertidos, donde la oposición intentará realizar modificaciones es el referido a las reservas técnicas, que obliga a las prepagas a mantener el 50 por ciento de su capital en instrumentos financieros. Por su parte, el radicalismo quiere sacar de la regulación a las cooperativas.

El lobby empresario apostó a que la media sanción no llegue a tratarse en el recinto. Sin embargo, todo indica que será analizada entre hoy y mañana. Por eso ahora las prepagas apuestan a las modificaciones para que el proyecto vuelva a Diputados para ser tratado durante el próximo período parlamentario.