El presidente Eduardo Duhalde tiene a la firma el decreto de necesidad y urgencia que define un aumento del 7,2 por ciento para la tarifa de gas y del 9 por ciento para la electricidad. La norma sería firmada entre hoy y mañana y repetirá los ajustes previstos en el decreto de noviembre que fuera frenado por la Justicia, según fuentes oficiales. El jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, justificó los aumentos por su escasa incidencia: 1,47 peso mensual por hogar para el caso del gas y de 2,50 pesos en el del servicio eléctrico. Afirmó que serán ajustes “mínimos, que no tienen ninguna relación con los aumentos en otros sectores de la actividad económica”.
Estos ajustes tarifarios no incluyen a los usuarios cuyos consumos sean menores a los 300 kilovatios por bimestre y 500 metros cúbicos de gas por año. Dicho decreto, que ya fue cuestionado ante la Justicia por los Ombudsman de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires, plantea la modificación de dos artículos de la Ley de Emergencia vigente desde enero de 2002.
Duhalde explicó en un reportaje radial que en su reciente entrevista con Anne Krueger, del FMI, en Davos, la funcionaria le manifestó su preocupación por los “serios riesgos de cortes de servicios”. Según dijo el Presidente, “le expliqué que en la Argentina las empresas habían cobrado muy altas tarifas durante dos o tres años, muy superiores a las del resto del Mercosur”, y le planteó que el objetivo es que “en Argentina tengamos como techo, pero no para hacerlo en forma inmediata sino a futuro, niveles tarifarios para el gas y la electricidad similares a Brasil y Chile”.
Atanasof, en tanto, subrayó que “hay reclamos no sólo de las empresas, sino de los trabajadores: hay sindicatos de trabajadores de empresas de servicios públicos que piden un ajuste tarifario porque creen que pueden peligrar sus fuentes de trabajo y las empresas claramente dicen que puede peligrar la calidad de los servicios que se prestan”.
Por su parte, el defensor adjunto del Pueblo de la Nación, Jorge Cermesoni, sostuvo que “hay empresas que no deberían tener aumento sino mas bien una rebaja”, pero admitió que con “algunas”, el Estado debería analizar sus pedidos de incremento. “Podría considerarse cómo van a seguir cumpliendo el servicio, cuáles son sus planes de inversión, qué extensión piden sobre los plazos de concesión”. “Pero hay otras que no deberían tener aumento sino más bien una rebaja. Las que están subvencionadas, por ejemplo. Es necesario un sistema de premios y castigos que permita poner las cosas en su justo término”, señaló.