La posibilidad de que puedan comprarse autos o inmuebles con los plazos fijos reprogramados en el corralito es, hasta ahora, la única estrategia presentada por el Gobierno para intentar revivir la economía fuera de los exportadores. Pero no hay ningún indicio de que la teoría vaya a confirmarse en la práctica. Tanto en las concesionarias como en las terminales automotrices anticiparon que no aceptarán los certificados a menos que el Banco Central les permita saltar el corralito y disponer libremente del dinero de las ventas.
En las inmobiliarias también avizoran un futuro complicado: creen que, dependiendo del banco en que fue emitido, los plazos fijos se devaluarán y valdrán entre un 20 y un 50 a 55 por ciento de su valor original. Y que el mercado quedará restringido a las personas o empresas asfixiadas por las deudas y que acepten los certificados para devolverlos a los bancos y pagar con ellos sus pasivos.
Junto a la pesificación de la economía y la licuación de las deudas empresarias, el último paquete lanzado por Jorge Remes Lenicov incluyó una tenue flexibilización del corralón bancario. Los plazos fijos pesificados podrán fraccionarse y transferirse para la adquisición de bienes registrables, como inmuebles, autos o motos, a condición de que el dinero permanezca en el sistema bancario. Aunque el ahorro haya pasado a pesos, se le mantendrá el cronograma de devolución establecido para los depósitos en dólares, que se extiende hasta el 2005.
El problema es que ni las concesionarias de autos ni las fábricas están dispuestas a entregar vehículos si las obligan a retener los certificados hasta dentro de tres años. Mientras que en el mercado inmobiliario prevén que la nueva normativa –que estiman recién podría llevarse a la práctica dentro de interminables dos meses– no impedirá quiebras masivas en el sector, al tiempo que, estiman los empresarios, dará pie a un “mercado negro” de certificados de plazos fijos. Vale la pena trazar un panorama para ambos rubros, de acuerdo a un sondeo realizado por Página/12 entre directivos de los dos sectores.
Las casas
- El valor de las propiedades que se quieran comprar con plazos fijos reprogramados será, en dólares, el mismo que previo a la devaluación.
- En cambio, si el comprador cuenta con dólares billete conseguiría un precio cercano a la mitad (siempre y cuando la moneda estadounidense se mantenga en torno a 2 pesos).
- El otro efecto de la medida es que los certificados se devaluarán. El valor variará de acuerdo con la imagen del banco emisor. Teniendo en cuenta que los plazos fijos se reprogramaron hasta el 2005, el indicador de referencia será el bono Global 2008, que en el mercado vale 30 por ciento de su valor nominal. Los papeles de los bancos con peor aceptación valdrían entre 20 y 30 por ciento del monto original. Los de mejor, nunca más del 55 por ciento, según estiman expertos de las propias entidades financieras.
- Esto significa que, con suerte, alguien que posee un plazo fijo de 140 mil pesos podrá adquirir una vivienda que antes de la devaluación costaba 100 mil dólares pero que con el dólar a 2 pesos pasó a valer 50 mil.
- Pese a la pérdida, los agentes inmobiliarios prevén una avalancha de potenciales compradores. “La gente preferirá retener aunque sea el 25 por ciento del ahorro que poseía antes de correr el riesgo de perderlo todo”, razonan.
- Está claro entre quiénes buscar a los compradores. ¿Pero quién querría entregar un inmueble a cambio de quedarse con un plazo fijo en el corralito? Repuesta: los endeudados con el sistema financiero. Los bancos computarán los plazos fijos que les lleven sus deudores respetando el monto original. Entre éstos no sólo figuran los deudores hipotecarios sinotambién las constructoras, que se endeudaron para construir pero que por culpa de la depresión económica todavía no pudieron colocar la propiedad.
- Dada la urgencia de las constructoras, se prevé que los primeros inmuebles que se vendan con plazos fijos serán los “a estrenar”.
- Los expertos también esperan la formación de un sistema de “clearing de plazos fijos”. No hay que olvidar que el banco emisor del certificado debe ser el mismo al que el vendedor de la propiedad tiene como acreedor. Habrá quienes, a cambio de cobrar una comisión, se dediquen a unir las puntas compradora y vendedora. De hecho, ya hay constructoras que están llamando a los bancos para conocer la nómina de quienes quedaron atrapados en el corralito.
- Se cree que, durante los próximos meses, la compra-venta de inmuebles estará limitada al mercado de los plazos fijos. “El crédito desapareció”, definió un alto ejecutivo de un banco extranjero.
- En este contexto, el futuro del sector se asemeja al de la década del ‘60. Los bancos concentrarían a los interesados en adquirir un departamento. Los compradores pagarían cuotas desde el inicio de la obra.
Los autos
- Las concesionarias y las terminales no aceptarán los certificados reprogramados. “Pedimos al Banco Central que contra la registración del vehículo, en la cuenta a la vista de la concesionaria vendedora se acrediten los fondos. Todavía no tenemos respuesta”, dijo a este diario Oscar Corti, de la Cámara de concesionarias.
- “Después de cuatro años de recesión no contamos con suficiente capital operativo para inmovilizar fondos de nuestras ventas”, añadió el directivo.
- Otra fuente fue directa: “El Gobierno debe decidirse. O mantiene el dólar a 2 pesos y la economía en caída libre o libera parte del corralito. Llegó el momento de correr algún riesgo para mover la economía”.
- Una de las ideas que manejan en el sector es que sea el Banco Nación quien otorgue liquidez a cambio de los certificados de venta.
- Al mismo tiempo, en las fábricas negaron la posibilidad de que sean las casas matrices las que se queden con los plazos fijos a cambio de otorgar financiamiento. “En los últimos diez años invirtieron 6000 millones de dólares y ahora están perdiendo plata”, explicaron en una empresa.
- En la actualidad, el sector está paralizado. En enero se vendieron apenas 3600 vehículos y las fábricas tienen un stock de 40 mil unidades, el 40 por ciento de las ventas previstas para el 2002. El panorama es patético: el 95 por ciento de los 18 mil empleados se encuentra suspendido.