La polémica entre miembros de la Mesa de Enlace en torno de la intervención del Gobierno para facilitar la venta de trigo de los productores chicos trepó ayer varios pisos. Sociedad Rural denunció la operación de compra de trigo a la cooperativa Agricultores Federados Argentinos (AFA) –ligada a Federación Agraria– por 300 mil toneladas y pidió que la Bolsa de Comercio de Rosario y la de Cereales de Buenos Aires investiguen la conducta de la Federación de la Industria Molinera, que gestionó la operación de compra de sus afiliados a un solo vendedor. Eduardo Buzzi, titular de Federación Agraria, respondió no sólo defendiendo la operación, sino que además devolvió la carga a sus cuestionadores. Desde Bahía Blanca, el dirigente se preguntó “por qué se hacen tanto problema algunos de mis colegas porque ahora sea AFA el beneficiario, junto a muchos productores vinculados a la Federación Agraria, cuando durante años no dijeron nada de los enormes beneficios que recibieron Cargill, Dreyfus o Bunge”.

La operación que cuestionan Sociedad Rural, Confederaciones Rurales (CRA) y varias entidades ligadas a los corredores de granos (bolsas) y acopiadores es la intervención del Ministerio de Agricultura para facilitar la colocación en el mercado del trigo almacenado en los silos de AFA, en la zona de Rosario. Ese trigo pertenece a pequeños y medianos productores de esa área geográfica.

Alberto España, presidente de la federación molinera, acusada por la Sociedad Rural, explicó así a Página/12 la gestión oficial: “El Ministerio de Agricultura le pidió a la industria, en diálogo abierto, consensuado, que comprara la mayor cantidad de trigo posible para ayudar a los pequeños productores de la zona de Rosario. Lógicamente, ello nos producía un descalce financiero, porque nos obligaba a adelantar compras de un producto que no necesitábamos ahora. Por eso la Presidenta de la Nación nos otorgó un crédito a tasa cero para que compremos el producto, siempre a precio pleno” (FAS teórico, igual al precio internacional descontando retenciones y gastos de flete, diferencias de calidad y otros). De ese modo, se sumaron compromisos de compra a AFA por un total de 300 a 400 mil toneladas.

Pese a que la operación resultaba en un beneficio pleno para el productor, por el precio pagado, y le resolvía la urgencia por vender, otras entidades de la Mesa de Enlace la cuestionaron. La Sociedad Rural, con la firma de Hugo Biolcati, solicitó ante las Bolsas de Rosario y Buenos Aires que se analice la conducta de la federación molinera al promover una operación que, por orientar las compras a un solo vendedor, constituiría “una actitud arbitraria y discrecional, (que) podría estar violando las normas elementales que inspiran a la Bolsa”.

En similar sentido, Confederaciones Rurales (CRA), presidida por Mario Llambías, expresó que “la irrupción digitada de compras a determinados vendedores acrecienta el intervencionismo oficial, que ha generado la total distorsión del mercado triguero”.

En coincidencia, las Bolsas de cereales de Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba, Bahía Blanca y las de comercio de Rosario y de Santa Fe unificaron su repudio a la intervención del Gobierno “de una manera tan dramática y nociva como supone la medida dispuesta por la autoridad máxima del sector, que constituye una clara arbitrariedad y una distorsión de la actividad de tal magnitud que contraviene los más elementales criterios de equidad, justicia y no discriminación en el mercado granario”.

Al colocar las normas del libre comercio “que inspiran a la Bolsa” como un valor superior a los intereses y necesidades de los mismos productores, las entidades de Biolcati y Llambías volvieron a mostrar que su verdadera batalla no es contra la política del Gobierno, sino contra cualquier tipo de intervención del Estado, aun aquella que beneficie a los productores.

Así se reflejó en la opinión de Federación Agraria, tanto a través de su titular, Buzzi, y su secretario gremial, Omar Príncipe, que ya no disimularon las discrepancias de fondo que mantiene con los sellos tradicionales de los cabañeros (SRA) y de los propietarios más poderosos del interior (CRA).

Con ironía, Buzzi señaló que Carbap y Sociedad Rural “se hacen problema ahora” porque los beneficiarios del acuerdo con el Gobierno y los molineros son los pequeños agricultores, pero esas mismas entidades callaron los enormes beneficios acumulados por las multinacionales exportadoras.

Príncipe, en tanto, expresó su “beneplácito” por la decisión que tomó Julián Domínguez (ministro de Agricultura) en favor del sector cooperativo. Y en coincidencia con Buzzi expresó la preocupación por la actitud de las entidades que condenaron “con celeridad” esta operación, cuando “durante cuatro años no emitieron jamás alguna comunicación que denunciara, con nombre y apellido, a las multinacionales que concentran grandes ganancias y controlan el mercado en detrimento de los productores”.

La otra clave de la actual confrontación interna en la Mesa de Enlace la dio Oscar Solís, subsecretario de Agricultura, quien marcó la diferencia de intereses entre pequeños y grandes productores. Justificó la intervención oficial señalando que su objetivo es simplemente “facilitar” las operaciones acercando a los pequeños productores a los agentes principales en la cadena de comercialización: los exportadores e industriales. “Obviamente, los productores más grandes no tienen inconvenientes. Ellos no tienen problemas ni dificultad en comercializar los precios de referencia que establece el propio gobierno”, aseguró. “La dificultad la tienen los más pequeños y hacia ellos es que tratamos de dar toda la ayuda posible, obviamente dentro del marco legal. Y lo que hacemos es trasladar una solicitud. Nosotros no imponemos, porque ni siquiera tenemos la competencia para hacerlo.”