La Unidad de Información Financiera (UIF) incrementó y reglamentó las medidas de prevención que deben tener quienes reciben donaciones mensuales superiores a los 50 mil pesos en dinero o especie con el objetivo de prevenir casos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Las herramientas publicadas ayer en el Boletín Oficial forman parte de un paquete más amplio que apunta a endurecer los cercos existentes para ese tipo de operaciones ilegales. Los anuncios realizados por el organismo de control que conduce José Sbatella están en sintonía con las sugerencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

La medida presentada ayer obliga a instituciones de beneficencia y ONG a informar sobre transacciones sospechosas. A su vez, cuando los montos involucrados superen los 100 mil pesos el donante deberá presentar una declaración jurada que dé cuenta de la licitud de los fondos. Cuando una operación sea considerada irregular la persona jurídica tiene 30 días para informarlo y 48 horas cuando se presuma una operación vinculada con actos de terrorismo.

En la actualidad, los bancos con los que operan este tipo de organizaciones civiles tienen un sistema de alerta para operaciones de lavado de dinero y evasión impositiva. Sin embargo, los controles que realizan los bancos son deficientes. Por eso, la obligación de informar de las personas jurídicas que reciben la donanción apunta a cerrar el círculo comprometiendo a las mismas organizaciones a funcionar como agentes de control.