El Gobierno salió a jugar fuerte en materia de control de precios. La Secretaría de Comercio Interior, a cargo de Guillermo Moreno, ordenó retrotraer incrementos en la industria siderúrgica y combustibles. En el primer caso, la Secretaría apuntó contra los cambios aplicados por la empresa Ternium Siderar, del grupo Techint, a sus productos de chapa fría y caliente. Para el Gobierno, estos incrementos tienen incidencia en “toda la economía”. Desde Techint indicaron a este diario que están “estudiando las medidas legales a adoptar”, pero se adelantaron a calificar la medida como “ilegal y arbitraria”. En el caso de las naftas, el Ejecutivo hizo uso de la Ley de Abastecimiento para obligar a Shell a dar de baja los incrementos del 3,6 por ciento aplicados esta semana. Además, desde Economía confirmaron a Página/12 que ya está redactada la resolución para obligar a Cablevisión a dar marcha atrás con la suba en sus abonos.

“Cuando desde los sectores concentrados dicen que hay inflación, en realidad hay que señalar que los aumentos tienen nombre y apellido. En este caso fueron Shell, Techint y Cablevisión. Esto no es inflación, sino abuso en un momento de gran consumo en el país”, sostuvo Amado Boudou, ministro de Economía, en diálogo con Página/12. Estos controles de precio, impulsados y monitoreados directamente por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, podrían extenderse hacia otros sectores de la economía.

La resolución 14 de la Secretaría de Comercio obliga a Techint a retrotraer sus precios al 21 de enero de este año. “Los productos elaborados por la industria siderúrgica han experimentado sostenidos aumentos en sus precios, causando un alto impacto en el entramado productivo. Por otro lado, este tipo de materiales son utilizados en la elaboración de subproductos que forman parte de variados artículos de uso industrial y doméstico, por lo que sus precios inciden de manera relevante en la economía de la población en general”, puede leerse en el texto publicado ayer en Boletín Oficial.

Ternium Siderar había dispuesto un incremento de precios para los productos de chapa fría y caliente del 2,6 por ciento, aunque desde Economía sostuvieron que los aumentos fueron un poco mayor, cercanos al 4 por ciento. “En los últimos dos años se observa que el precio del acero en el mercado local subió un 13 por ciento en pesos en comparación con los incrementos en pesos del mineral de hierro, que subió el 103 por ciento, la mano de obra, que subió el 54 por ciento, y la inflación calculada por fuentes privadas fue del 45 por ciento”, indicaron desde la compañía, para intentar rebatir el argumento oficial.

Tanto Techint como la Cámara Argentina del Acero están evaluando las posibles medidas legales “para resguardar sus derechos por la ilegal medida adoptada por la Secretaría de Comercio”, indicaron fuentes del sector. “El comportamiento de los precios de los productos siderúrgicos fue muy conservador comparado con los aumentos de precios de las materias primas, de la energía y de la mano de obra, habiendo absorbido la empresa gran parte de estos aumentos en los costos en los últimos dos años”, agregaron desde Techint.

A la resolución sobre la industria siderúrgica, se le sumó la que obliga a retrotraer los recientes aumentos de precios en los combustibles, básicamente los realizados por Shell y Esso. La compañía angloholandesa había llevado la nafta súper de 4,149 pesos el litro a 4,299 pesos, mientras que Esso había aplicado un incremento de dos centavos.

“Resulta prioritario para la población tener asegurados precios razonables en los hidrocarburos y sus derivados, evitando de esta forma el quiebre de la proporcionalidad con la realidad económica”, puede leerse en la resolución 13 de la Secretaría de Comercio. Anteayer, el ministro de Planificación, Julio De Vido, había sostenido que las subas de Shell “tenían una intencionalidad política” y que el presidente local de la petrolera, Juan José Aranguren, “actuaba como un líder de la oposición”. Los últimos aumentos convalidados por el Gobierno fueron aplicados el pasado 20 de diciembre.

Por otro lado, desde Economía indicaron a este diario que también frenarán el aumento dispuesto por Cablevisión. En este sentido, la Secretaría de Comercio aplicaría la resolución 50/2010, que fija las pautas que deben seguir los cableoperadores para poder fijar la cuota de sus abonos. Si bien la compañía del Grupo Clarín alega que esta resolución está frenada en la Justicia, existe un fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que revocó la cautelar de la compañía y habilitó la aplicación de la resolución 50.

“Los usuarios no tienen que pagar las facturas con los aumentos de Cablevisión porque el Gobierno arbitrará los medios para retrotraer los precios”, indicó a este diario Boudou.

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