Un conjunto de consultoras porteñas que difunden todos los meses índices de precios fueron intimadas el martes por la Dirección de Lealtad Comercial, dependiente de la Secretaría de Comercio Interior, a precisar detalles sobre la metodología que utilizan, los productos relevados y los establecimientos de donde se obtienen los datos. Ayer algunas de las empresas que venden esos informes a sus clientes ya habían completado el cuestionario requerido por el Gobierno, mientras otras continuaban evaluando qué hacer y un reducido grupo decidió desestimar la solicitud. Las consultoras (Estudio Broda, Melconian y Santángelo Consultores, Ecolatina y Fiel, las más conocidas) tienen hasta hoy para responder. Las estimaciones de inflación realizadas por las consultoras oscilan entre 23 y 28 por ciento para 2010, mientras que el IPC-GBA relevado por el Indec acumuló durante el año pasado un alza de 10,9 por ciento.

La intimación de la dirección que está bajo la órbita del secretario Guillermo Moreno reclama a las consultoras privadas (también figuran en la lista Finsoport, Economía y Regiones, Estudio Bein y Abeceb.com) aspectos que van desde la metodología estadística utilizada y las ponderaciones otorgadas a cada rubro, hasta los productos que relevan, los centros de venta donde se obtienen esos precios y la cantidad de encuestadores que realizan el trabajo. Las preguntas también se refieren a la forma de imputar precios cuando un producto, fundamentalmente alimentos, exhibe una marcada variación por estacionalidad.

“Estamos terminando de responder el formulario, pero es evidente que ninguno de nosotros tiene la capacidad para elaborar un índice de la magnitud y confiabilidad como debería hacerlo el Indec que, al perder credibilidad, alimentó el surgimiento de estos indicadores alternativos”, dijeron ayer desde una de las consultoras intimadas. “Si la lechuga está cara, nosotros no reemplazamos el producto, ponemos la lechuga al precio que esté. Nos preguntan cuánta gente tenemos trabajando, no tenemos un equipo. No es posible replicar la capacidad del Indec”, expresaron desde otra de las empresas citadas a responder.

El cuestionado IPC-GBA que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos todos los meses cuenta con 6 mil negocios informantes y 80 mil observaciones de precios en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Los datos de 818 variedades de productos son recolectados en el territorio por el equipo de encuestadores del Indec. Las pocas consultoras que difunden aspectos de la metodología que utilizan, como Fiel o Estudio Bein, informan que su cobertura está limitada a la ciudad de Buenos Aires y que los IPC se componen por una combinación entre relevamientos en comercios y seguimientos de precios a través de Internet. Para las encuestas en las bocas de expendio tercerizan el trabajo y en la web consultan distintos datos. En materia estadística, las consultoras se remiten a grandes rasgos a los aspectos diseñados por el Indec en la Metodología Nº 13, que toma como año base para las estimaciones a 1999.

Por su parte, algunas empresas directamente tercerizan el relevamiento: “Recibimos todos los meses un reporte de una encuestadora que hace un relevamiento de precios de una cantidad de productos que tenían correlación alta con Indec antes de 2007. No tenemos ningún staff”, expresaron. Otras consultoras, como Abeceb.com, no hacen un seguimiento de precios sino que realizan proyecciones en base a modelos estadísticos que se construyen con distintas variables macroeconómicas. Por su parte, la empresa Ecolatina sostiene en su sitio web que releva, junto con la auditora Tomadato, 20 mil observaciones mensuales correspondientes a 500 bienes existentes en el IPC oficial.

La Dirección de Lealtad Comercial, que está a cargo de la matemática tucumana María Lucila Colombo, tiene dentro de sus tareas “asegurar que los consumidores dispongan de la información acerca de las condiciones en que los bienes y servicios les son ofrecidos antes de efectuar la opción de compra, y que ella se corresponda con lo realmente suministrado”. Según explicaron desde el Palacio de Hacienda, en esas atribuciones se enmarca la intimación realizada el martes a las distintas consultoras que venden índices de precios al consumidor. La decisión de Moreno recibió ayer el respaldo del ministro de Economía, Amado Boudou.