El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, les respondió a los empresarios que componen el Grupo de los 6, quienes difundieron un comunicado criticando la designación de jueces del fuero laboral, los bloqueos como medida de protesta sindical y los pedidos salariales. Con respecto al primero de estos “malestares” de parte de la patronal, Tomada consideró que “es un reclamo que se repite para tratar de convertirlo en un lugar común, pero que no tiene fundamento, no creo que tenga entidad”. Por su parte, el apoderado de la CGT y diputado por el FpV, Héctor Recalde, afirmó que el establishment busca condicionar a los jueces para que decidan a su favor.

Los presidentes de las entidades empresarias de mayor peso (UIA, Sociedad Rural, Cámara de Comercio, Cámara de la Construcción, Bolsa de Comercio y Adeba) se reunieron y mostraron “preocupación” por la designación de jueces del fuero laboral, entre ellos la esposa de Recalde. Según el G-6, la simpatía de estos jueces nacionales con los trabajadores organizados es contradictoria con su función pública. Por ello, interpretan, los nuevos camaristas perderían la independencia y el equilibrio, inclinando la balanza en contra de la patronal.

“El planteo empresario es poco respetuoso para la trayectoria de jueces que en su inmensa mayoría forman parte de una carrera judicial, es una falta de consideración sostenida en los prejuicios”, respondió Tomada. “Aun suponiendo que sean jueces favorables a la CGT, hablan de uno o dos cuando se acaban de nombrar a doce integrantes del fuero. ¿De dónde creen que provenían la mayoría de los integrantes del fuero laboral en otros tiempos? Los empleadores designaban no a uno o dos jueces sino absolutamente a todos”, agregó el ministro.

Por su parte, Recalde sostuvo que los empresarios quieren “condicionar a los jueces laborales para que fallen en su favor”. “Todas las designaciones se publican en los diarios y hay plazos para impugnar. Los empresarios callaron frente a esa posibilidad”, agregó. Una de las juezas apuntadas es Graciela Craig, su esposa. “Las descalificaciones son injuriantes, mi esposa fue jueza durante veinte años, sin una sola recusación ni impugnación”, la defendió.

Los empresarios también se refirieron a los pedidos de aumento salarial que algunos gremios comenzaron a deslizar de cara a las próximas paritarias. Pidieron evitar mencionar “aumentos que no se compadecen con la realidad”. Al respecto, Tomada afirmó que “el reclamo del sector empleador a esta altura del año es siempre el mismo, en esto no hay ninguna sorpresa. Es comprensible que así sea porque forma parte del proceso previo de algunas negociaciones colectivas”.

A diferencia de la tendencia desreguladora de los años ’90, las negociaciones colectivas fueron en aumento desde 2003, y según datos de la cartera laboral hay 5 millones de trabajadores registrados alcanzados por los convenios colectivos que dispondrán de esa potente herramienta en la próxima discusión por los salarios. “Las negociaciones colectivas llegaron para quedarse de un modo que no tiene antecedentes en nuestra historia”, apuntó el ministro. De forma anticipada a las negociaciones, Recalde aseguró que la CGT no maneja “ni piso ni techo” para el pedido de aumento. Algunos gremialistas apuntaban a conseguir subas por encima del 30 por ciento, aunque ese valor fue cuestionado en su momento por Tomada.

El G-6 también había criticado a los bloqueos como forma de protesta, después de que la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, diera un mensaje en favor de una salida consensuada en el conflicto que mantuvo paralizado por varios días la actividad exportadora en el puerto de Rosario. En este sentido, Recalde indicó que “Moyano citó a los compañeros de la CGT San Lorenzo y les pidió que acataran la conciliación obligatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo” (ver aparte). “La historia del movimiento obrero es de gran capacidad negociadora”, completó.