Si de algo sirvió el último cese de comercialización de granos convocado por la Mesa de Enlace, entre el 17 y el 23 de enero, fue que dejó en evidencia el limitado poder de convocatoria de ese nucleamiento. Si de algo sirvió la discusión entre las organizaciones que la componen, después de que el Ministerio de Agricultura facilitó la venta de trigo de una cooperativa a la industria molinera, fue para identificar a los actores en este negocio, algo de sus intereses económicos y bastante de sus intenciones políticas. Y llegar a la conclusión, obvia pero con más elementos para corroborarla, de que no todos son lo mismo, aunque aparezcan juntos.

Por qué la medida de fuerza de la Mesa de Enlace sirvió más a quienes la combaten que a sus propios propósitos sólo se explica por el error político de haber convocado a una medida que no tenía fácil justificación pública ni el respaldo político que tuvo la pelea contra las retenciones móviles del año 2008. Tampoco es el mismo momento político de entonces, aunque coincidan en ser etapas preelectorales. Precisamente, la mala lectura de este dato fue lo que alentó a los estrategas de la Mesa a elegir el momento.

Una de las tantas divisiones conceptuales entre los miembros de la Mesa es, justamente, la percepción que tienen de las elecciones presidenciales de octubre. Sociedad Rural y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), o más precisamente sus titulares, Hugo Biolcati y Mario Llambías, comparten la idea de que un buen armado de centroderecha, al que aporten las líneas empresarias que vienen haciendo su juego en contra del Gobierno, más el PRO, el peronismo antikirchnerista, fuerzas provinciales conservadoras y desprendimientos varios del radicalismo (Lilita Carrió y Julio Cobos son emblemáticos en esta idea) estaría en condiciones de derrotar a la fórmula oficialista en las presidenciales, aunque la encabece Cristina Fernández. Para ello, consideraron que un “paro agropecuario” en enero representaba poner en marcha los motores para ir acorralando al Gobierno al tiempo que se entusiasmaba a los potenciales aliados. No les salió.

Desde Federación Agraria la lectura era distinta, aunque no se hizo gran esfuerzo en frenar la medida, pero tampoco en impulsarla. Su dirigencia se nutre de socialistas, radicales, “pinosolanistas”, peronistas disconformes y un componente de derecha pura (duhaldistas y macristas) que prefieren compatibilizar con los anteriores antes que imponer criterios poco justificables que provienen de su ámbito político. Eduardo Buzzi flota sobre todos ellos, buscando no perder representación y repartiendo simpatías con duhaldistas y la línea Proyecto Sur, donde tiene a Víctor De Gennaro como su referente. La visión compartida entre todos ellos es que Cristina avanza firme hacia un triunfo que, inclusive, podría coronarse en primera vuelta. Y que “su” momento, el de ellos, no es éste.

Por eso Federación Agraria aceptó pasivamente ir al cese pero no marchando en primera fila, porque entendieron que el choque contra la pared no era descartable. Y apenas se corroboró el imaginable fracaso del lo-ckout, buscaron resolver el problema de sus productores trigueros por una vía directa aunque contraria a la línea de la Mesa de Enlace: pedir el apoyo del Gobierno.

La rápida respuesta de Julián Domínguez, ministro de Agricultura, aceleró los tiempos. Puso a disposición sus equipos técnicos para gestionar, ante la molinería, la compra de 300 a 500 mil toneladas de trigo a la cooperativa Agricultores Federados Argentinos, AFA, cuyos asociados de la zona de Santa Fe sur están afiliados a Federación Agraria. La operación no sólo se hizo sino que pagando el “precio pleno”, sin más descuentos que las diferencias por retenciones y flete con el precio internacional, que justamente era una de las reivindicaciones del conflicto anterior.

Los dirigentes de CRA y Sociedad Rural estallaron en cólera, pero no pudieron evitar mostrar un discurso descontrolado, porque no había forma de explicar “la defensa del libre mercado” y el repudio a la “intervención estatal”, cuando eludir al mercado y permitir la ayuda del Gobierno habían sido la llave para beneficiar a miles de productores. El rechazo a esa salida quedó en ridículo, lo cual terminó de esfumar la intención de Biolcati y Llambías de convertirse en referentes del llamado al bloque de derecha que soñaron triunfante en las próximas elecciones.

La fisura en la Mesa quedó latente en el encuentro de ese nucleamiento de la última semana, con pálidos resultados y la ausencia notoria de Buzzi y su vice primero, Omar Barchetta. Pero, además, Agricultura tuvo otro logro: puso de su lado a molineros y cooperativistas, identificando a los actores que, por sus intereses, deberían estar en la misma vereda que la política oficial.

El trigo en Argentina es cosechado por alrededor de 30 mil productores. En una campaña importante, como la actual (14 millones de toneladas), los tres mil más grandes producen aproximadamente la mitad, y el otro 50 por ciento queda repartido entre los restantes 27 mil productores. Es decir que los primeros cosechan en promedio casi 2400 toneladas cada uno, y el resto, los medianos y chicos, poco más de 250 toneladas por productor. La relación entre la capacidad de producción de unos y otros es de 9 a 1.

El comprador final del trigo es, por un lado, la exportación, un negocio dominado por cuatro grandes cerealeras multinacionales y un quinto actor cooperativo, ACA (ligada a Coninagro). Por otro lado está la molinería, que compra trigo para hacer harina que vende al mercado interno o también exporta. Este sector, con aproximadamente 170 molinos harineros, está representado por empresas medianas y chicas que en su mayoría se reparten entre pueblos del interior, que compiten con unos pocos molinos grandes que son, salvo en un par de casos, firmas creadas o compradas por las propias cerealeras exportadoras. Por su predominio en el mercado, las exportadoras ejercen una suerte de monopolio horizontal, ya que controlan su propia competencia.

Hay un tercer eslabón que no es soslayable: la intermediación entre el campo y los exportadores y molineros. Aquí se anotan acopiadores, cooperativas y corredores de bolsa, que entre todos suman el 90 por ciento de las operaciones, ya que el otro 10 figura como compras directas al productor por parte de los molinos. La curiosidad es que, de más de 100 acopiadores existentes, la enorme mayoría pertenece a las mismas exportadoras. El círculo se va cerrando.

El Gobierno subsidia a los molinos para que paguen un precio en línea con el internacional al productor (descontados retenciones y flete), pero no lo traslade al precio interno del pan y los fideos. El costo es de 100 a 120 dólares por tonelada. Con 6,5 millones de toneladas de la presente cosecha destinados a molinería, resultaría un subsidio de 650 a 780 millones de dólares en el año. Pero el productor no recibe el “precio pleno”, y culpa a molinos y exportadores por ello. Los molineros acusan a los intermediarios de cobrarles bien a los molinos y pagarle mal al productor. CRA y Sociedad Rural, al Estado por “una intervención arbitraria e ineficiente”.

Lo de estas dos entidades va en línea con su ideología e intención política: quieren un Estado ausente y “un mercado libre”. Federación Agraria acusa, ahora, que esa pretensión dejaría al productor chico o mediano “indefenso” ante el poder de los monopolios y los únicos beneficiados serían los terratenientes más fuertes ligados a los exportadores. En pocos años, los 27 mil pymes productores terminarían cediéndoles sus tierras a los otros 3000.

El Gobierno no quiere esto, pero recién ahora está incluyendo mecanismos de intervención que buscan equilibrar la balanza. Facilita las ventas de las cooperativas impulsando a los molinos a absorberlas. “Nosotros vemos como positivo todo lo que ayude a dar mayor participación a las cooperativas en el comercio de granos, pero pretendemos que esto no sea una medida puntual y esporádica sino una política y una regla, por ejemplo fijando en un cupo del 30 por ciento del mercado para las cooperativas, que son las más ligadas al pequeño productor”, sostiene Pedro Peretti, director de Federación Agraria y uno de los más allegados a Eduardo Buzzi. ¿Qué relación puede tener esta propuesta con el reclamo de libre mercado de CRA y Sociedad Rural? Peretti sostiene que ninguna, porque aquellos “tienen una mirada absolutamente distinta sobre el funcionamiento del mercado de granos”. La pregunta es, entonces, por qué sigue existiendo la Mesa de Enlace. “Fue un instrumento para conducir el conflicto por la (resolución) 125 (retenciones a la soja, año 2008). Hoy dejó de tener sentido. A la hora de discutir políticas públicas, no se puede pretender un acuerdo entre posiciones antagónicas”, remató el dirigente federado, en una entrevista de ayer en Visión 7. Desde el Ministerio de Agricultura aseguran que la operación con la cooperativa AFA no será la única, y que ya están avanzados los acuerdos para facilitar ventas en similares condiciones para asociaciones de productores de Quequén, Bahía Blanca y Entre Ríos. Otra cooperativa que había solicitado colocar el trigo de sus productores es ACA, vinculada con Coninagro. Pero después de la reacción contraria de la Rural y CRA, la entidad que preside Carlos Garetto resolvió dar marcha atrás y retirar el pedido.

Tras todos estos episodios, difícilmente la Mesa de Enlace vuelva a reunirse en las mismas condiciones. Al menos, ya no podrá ser el instrumento político electoral que imaginaron Biolcati y Llambías. Pero del otro lado se abre un espacio que habilitaría una discusión a fondo sobre la política de comercialización de granos. Hay una decisión política oficial de ir en apoyo de los productores por vía de las cooperativas y de la industria molinera local, pero deberá ajustar los instrumentos. Del otro lado están los pools de siembra, los grandes productores tradicionales de la pampa húmeda y las exportadoras cerealeras, con una situación de privilegio que se preserva en la medida en que el Estado no intervenga.

El ensayo de “facilitar” la venta de las cooperativas, como fue dicho, dejó un buen resultado. Pero aun el Gobierno ha hecho poco en materia de intervención en el comercio exterior de granos. Hoy, la divisoria de aguas entre los actores del sector es más clara. Quizá sea el mejor momento para discutir, entre quienes expresan un interés común, nuevas políticas a adoptar, sabiendo que del otro lado los sectores que resisten son muy poderosos.