La Comisión de Legislación Penal de Diputados analizará hoy los avances del grupo de expertos que se creó en diciembre para tratar de limar las diferencias entre oficialismo y oposición y avanzar con un proyecto unificado de ley antilavado. Las fuentes consultadas por este diario coincidieron en que hay consenso sobre la necesidad de tipificar el lavado como un delito autónomo, pero las diferencias surgen al momento de precisar cuáles serán las competencias de la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo de control. El Gobierno apuesta a que antes de junio haya al menos un proyecto con estado parlamentario y perspectivas de ser aprobado para evitar así las sanciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

La tipificación del lavado como un delito autónomo constituye un dato clave porque en la actualidad si la persona investigada tiene conexión con el delito previo que motivó el lavado –como ocurre en la gran mayoría de los casos– se la suele investigar sólo por ese primer hecho. Eso es porque el lavado es considerado parte del mismo ilícito y sancionarlo equivaldría a aplicar una doble punición. El problema es que muchas veces el delito previo (narcotráfico, robo, corrupción, terrorismo, tráfico de armas, etc.) es muy difícil de probar y entonces el caso se archiva y ni siquiera se puede confiscar el dinero. Al introducir al lavado como un delito diferenciado, se supone que podría aumentar la capacidad estatal de producir condenas. Esta iniciativa está contemplada en el proyecto oficial y gran parte de la oposición está dispuesta a apoyarla.

Los mayores problemas surgen cuando se debate qué hacer con la UIF. En agosto Elisa Carrió impulsó un proyecto de ley antilavado –redactado por el ex representante argentino ante el GAFI, Juan Félix Marteau–, donde se proponía la eliminación de la UIF y su reemplazo por una Agencia de Inteligencia Financiera, que dependería del Congreso. Esa idea es rechazada por el oficialismo y ni siquiera es vista con buenos ojos por el GAFI.

Dentro del grupo de expertos, donde los distintos partidos tienen un representante, pareciera haber consenso en que la UIF dependa del Ejecutivo, estableciendo un mecanismo transparente de selección de sus funcionarios, pero varios legisladores de la oposición buscan recortarle atribuciones y bloquear la posibilidad de que obtenga nuevas competencias. En el Gobierno afirman que no están dispuestos a que se paralice el organismo porque afirman que fueron justamente las mayores atribuciones que obtuvo la UIF en los últimos meses lo que evitó que el GAFI haya sancionado al país en febrero, incluyéndolo en una lista de Estados no cooperantes en la lucha contra el lavado.

Las principales modificaciones se introdujeron en diciembre a través del decreto 1936 que reglamentó la ley antilavado 25.246, otorgándole a la UIF facultades de supervisión, fiscalización e inspección y asignándole la representación internacional ante el GAFI, lo que la posicionó como la principal autoridad nacional en el tema lavado. La UIF también pugna por tener facultades para querellar. En la actualidad, sólo puede hacerlo cuando los jueces la autorizan. De lo contrario, debe limitarse a sugerirle una investigación penal al fiscal general Raúl Pleé, titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de los Delitos de Lavado de Dinero, quien es el encargado de decidir si hay pruebas suficientes para avanzar. Dentro del Gobierno, acusan a Pleé de actuar de modo al menos negligente y desconfían de la estrecha relación que supuestamente tiene con los estudios de abogados que representan a algunas empresas investigadas. De hecho, Celeste Pleé, hija del fiscal, trabaja en el estudio de Juan Félix Marteau, quien además de haber redactado el proyecto de Carrió es apoderado del Grupo Clarín en el tema lavado.

A medida que fue ampliando sus competencias, la UIF tuvo un papel más activo, pero la oposición busca limitarla con el argumento de que el Gobierno utiliza al organismo como un instrumento de persecución política. Desde el oficialismo, retrucan que algunos opositores asumieron esa postura porque son funcionales a los intereses empresarios.

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