Alfonso Prat Gay, presidente del Banco Central, tiene entre manos un proyecto polémico: imponer controles al ingreso de capitales de corto plazo. Si bien en los últimos años en la Argentina hubo fuga de dinero, en el Central estiman que habría una masiva entrada de fondos una vez que finalice la reestructuración de la deuda y haya inversores internacionales dispuestos a apostar fichas por los activos que quedaron a precio ganga, medidos en moneda dura, tras la devaluación. Para ese entonces, Prat Gay quiere contar con una herramienta que ponga límites a la especulación. La mirada está puesta tras la Cordillera, en Chile, donde existen controles desde hace una década. Al mismo tiempo, en el Central descartaron que, en el corto plazo, se sigan flexibilizando los controles cambiarios.
La posibilidad de implementar trabas a los capitales de corto plazo fue tema de debate en los albores de la convertibilidad, cuando el ingreso de fondos desde el exterior era importante. Pero hubo dos argumentos que barrieron con esa idea: primero, el supuesto de que cuanto más libre fuera el mercado mejor, idealizado y avalado por el gobierno menemista, y, más tarde, la necesidad de que el ingreso de dinero mantuviera viva la convertibilidad. Ahora, tras el colapso del uno a uno, el Banco Central vuelve a poner el tema entre las prioridades de política económica. La decisión tiene también su costado político: consciente de que su mandato expira recién en septiembre de 2004, Prat Gay quiere mostrarse independiente de la dirigencia y del proceso electoral, y marcar la agenda económica.
Los límites a las inversiones de corto plazo tienen como objetivo evitar que la especulación dañe a la economía real. Puede ser dinero que entra a un país para especular en el mercado cambiario y que termina desatando una corrida financiera. O que apuesta en la plaza accionarios o de bonos. O bien los fondos para adquirir empresas ya instaladas, operaciones que se reducen a un simple pase de manos entre privados. En el Central están analizando los alcances de los controles. Pero admiten que seguirán el modelo chileno, puesto en marcha en 1991, y cuyos puntos principales son los siguientes:
* Inversiones financieras: deben ser por un mínimo de un año. El 10 por ciento de la inversión queda inmovilizada, sin ningún tipo de remuneración, en el sistema financiero. De esta última cláusula sólo quedan exceptuadas las nuevas emisiones de acciones en el extranjero de empresas nacionales (ADR), siempre y cuando cuenten con la calificación de una agencia de riesgo internacional.
* Inversiones extranjeras directas: todas aquellas que superen los 10 mil dólares también deben acreditarse como mínimo por un año.
* En caso de que la inversión no financie una nueva emisión de acciones de una empresa, el 10 por ciento deberá permanecer inmovilizado en el sistema bancario. Cuando se lanzaron los controles, este encaje ascendía al 30 por ciento de la entrada de divisas.
Otra de las alternativas que analizan en el BC es gravar directamente la entrada y salida de los capitales de corto plazo. A nivel internacional existe una propuesta en este sentido, conocida como Tasa Tobin.
En Chile, las medidas de control fueron acompañadas de una profunda reforma del sistema financiero para que también los bancos queden a salvo de la volatilidad de los capitales especulativos. Algunas de ellas ya están vigentes en la Argentina, como el tope a los préstamos en dólares y la obligatoriedad de que esas líneas sean exclusivamente para actividades que facturan en dólares.
En el Central aseguran que no habrá discrecionalidad en la reestructuración bancaria. “El proceso lo liderará el mercado; nosotros nos limitaremos a acompañar y a monitorear”, destacó una fuente de la entidad a este diario. Al respecto, la presunción es que el resultado final será bien distinto del sistema que existió hasta el corralito. Entonces, el 65 por ciento del mercado era manejado por la bancaextranjera, un 25 por ciento por la pública y un marginal 10 por ciento por los bancos de capitales nacionales. Sin entrar en detalles, ahora la previsión es que el sistema “quedará más balanceado”.
–¿Las entidades estatales tendrán espacio, a pesar de los límites reclamados por el FMI? –preguntó Página/12 al funcionario.
–Sí. El Nación, por ejemplo, otorgará exclusivamente préstamos a las pymes y al campo. El Central y el próximo gobierno tendrán que ser garantes de que habrá transparencia en la operatoria.
Si bien la prioridad de los funcionarios del Central es cumplir con las metas monetarias pactadas con el Fondo, el segundo objetivo pasa por ofrecer las condiciones para que vuelva el crédito. Los plazos son los siguientes: se prevé que hacia fin de mes los bancos pongan al día sus balances y, por fin, se conozca la situación real de cada uno de ellos. A su vez, el BC se puso como meta finalizar con las compensaciones a las entidades financieras en las próximas cinco semanas. Es decir, para cuando llegue la misión técnica del FMI que monitoreará el último acuerdo. Ni bien se cumpla con la entrega de balances y con las compensaciones, la autoridad monetaria divulgará las nuevas normas prudenciales que regirán al sistema. El tema es importante porque de esas reglas depende la liquidez con que cuentan los bancos para prestar e, indirectamente, fijan los costos de los préstamos. “No podemos volver a que los bancos tomen fondos al 6 por ciento anual y presten al 20. Esa diferencia formaba parte del alto costo de mantener la convertibilidad. Ahora las normas serán para que el crédito no se encarezca”, prometió el funcionario.