Los índices oficiales de precios del Indec no tienen legitimidad social; las consultoras de la city se han equivocado persistentemente en sus pronósticos. La credibilidad del sistema nacional de estadísticas está dañada por motivos técnicos, políticos y gremiales; gran parte de los economistas de la city realizan su tarea en función de los intereses del establishment. El Instituto está transitando por su peor crisis y cada acción oficial para tratar de mejorar la situación la termina profundizando; varios de los denominados gurúes que circulan con frecuencia por los medios de comunicación trabajan para alguna fuerza política opositora. El Indec ha informado tarde y mal sobre los necesarios cambios metodológicos del IPC y no ha podido librarse de la sospecha sobre cómo imputa los precios de los bienes relevados; las consultoras de la city encontraron ese nicho de negocio y elaboran estimaciones de precios con escasa rigurosidad técnica y carencias materiales. Es un panorama complejo lo que se ha instalado con las estadísticas, con la indudable responsabilidad primaria del Estado, que debe proveer indicadores confiables y hoy son cuestionados.

Este desaguisado con las estadísticas, en especial con el índice de precios al consumidor, se explica por la posición del Gobierno con el Indec. Se trata de un tema político y técnico, que por ahora ni en uno ni en otro se ha encontrado una vía de solución. El Estado es el responsable principal de brindar a la sociedad indicadores creíbles. Esa falencia habilitó la elaboración y utilización de índices alternativos elaborados por centros de estudios o economistas de la city. La situación se ha desarrollado de tal forma a lo largo de los últimos cuatro años que se ha generado un vacío estadístico: existe consenso en que el IPC-Indec no es representativo, pero los que se ofrecen como sustitutos son todavía menos apropiados. Esto genera una perturbación existencial para investigadores, economistas y usuarios de indicadores que necesitan llenar ese vacío. Debido a que no existe una estadística “creíble” sobre precios aparece una desesperación por llenar esa falta para superar ese “desequilibrio emocional”, más aún con los economistas siempre entusiasmados por el equilibrio general. Descartan las estadísticas del Indec, pero las elaboradas por los privados son aproximaciones mediocres, que han adquirido mayor legitimidad por dos razones:

La población, aquí como en otros países, siempre piensa que los precios suben más que lo que indican los números oficiales.

La puja política-mediática ha determinado que los índices privados sean considerados válidos.

Pero esas cuestiones no habilitan a adoptar cualquier índice para realizar investigaciones o proyecciones económicas. Se presenta una situación compleja: profesionales de diversas disciplinas científicas necesitan estadísticas para sus trabajos y no pueden detenerse por la crisis del sistema nacional de estadísticas. Entonces preparan indicadores alternativos. Lo que no se aclara es que los índices oficiales pueden ser malos, pero los sustitutos pueden ser peores. Aquellos con intenciones científicas buscan llenar ese vacío estadístico con índices aproximados, por caso el IPC-7provincias, que no es representativo ni por alcance geográfico, poblacional ni de pauta de consumo general de la sociedad. En cambio, otros tienen objetivos políticos, ya sea porque perdieron el canal privilegiado de tráfico de información en el Indec o por militar en fuerzas de la oposición.

Una cosa es cuestionar algunos indicadores del Indec y otra muy distinta es otorgar credibilidad a índices que no resisten la mínima prueba de solidez técnica. Ese vacío estadístico provoca ansiedad mediática, especulación política y agitación de investigadores. Ese vacío buscan llenarlo con indicadores privados. Cada uno tiene su motivación para ese comportamiento perturbador, pero no puede ocultarse que se trata de una elección política convalidar la mediocre producción estadística de consultoras de la city. Más aún cuando muchas de ellas no esconden sus bajos instintos.

En ese escenario, las multas aplicadas a consultoras de la city por parte de la Secretaría de Comercio Interior por elaborar y difundir índices propios de inflación han incorporado otro capítulo más a esta historia de despropósitos oficiales y privados a partir de la crisis del Indec. Aplicando la Ley de Lealtad Económica, Comercio Interior intimó a esas firmas a completar un cuestionario sobre cómo confeccionan sus indicadores. Las respuestas en la mayoría de los casos revelan muy poca dedicación metodológica y seriedad técnica. No superan un examen de solidez mínima. Por ahora, de acuerdo a los informes difundidos, sólo el Estudio Bein y Fiel muestran un poco más de aplicación a criterios básicos en la construcción de indicadores estadísticos. Pero en ningún caso pueden reemplazar a los que debería entregar el Instituto, organismo que cuenta con presupuesto y recursos humanos y técnicos muy superiores.

Esa intervención oficial ha tenido la virtud de mostrar información que permite develar la debilidad de los indicadores privados y el elevado nivel de frivolidad conceptual de esos economistas. Pero este aspecto interesante es luego seguido por el desacierto de aplicar multas a consultoras de la city por no brindar toda la información requerida o por considerar que sus indicadores pueden “llevar a engaño” a la población. Por eso son castigadas por “deslealtad comercial” con una multa de 500 mil pesos. Esta es una exageración que desvía la atención de la fiabilidad de indicadores estadísticos hacia un debate sobre la libertad de expresión. La Ley de Lealtad Económica es una norma que se aplica para la compraventa de bienes y servicios al público, no para regular la información pública que difunden agentes privados. En la audiencia pública convocada por la oposición en Diputados para tratar este tema, el abogado Roberto Gargarella explicó que la Secretaría de Comercio puede sancionar un discurso comercial como una publicidad engañosa, pero no un discurso público. “Lo que hacen las consultoras forma parte del discurso público y político protegido por la Constitución”, afirmó, dejando en claro en esa defensa de las consultoras el papel que cumplen en la actualidad: intervienen con sus indicadores en el discurso político, comportamiento que no es neutral, como se pretende presentar a las estadísticas.

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