Producción: Tomás Lukin

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El precio de la libertad

Por Andrés Asiain *

Hace ya 35 años las fuerzas armadas argentinas interrumpían, por última vez, la vida democrática del país en nombre de la defensa de un mundo occidental y cristiano, tan ajeno a nuestra geografía como al mensaje de quien diera su vida en la cruz. El golpe que terminaría de quebrar un proyecto nacional fuertemente debilitado por sus propias fisuras internas contó con el apoyo de casi la totalidad del poder económico local, que veía en él la oportunidad de terminar con la amenaza de la guerrilla y el poder sindical.

Para justificar la intervención militar fue necesario crear una sensación de caos social. Así se exacerbaron las divisiones internas de la coalición gobernante fomentando el desarrollo de bandas armadas como la Triple A, que condujeron a una creciente militarización de las disputas políticas. Pero el plan desestabilizador tuvo también su componente económico, una megadevaluación y tarifazo totalmente injustificados que empujó la inflación a niveles sin precedentes. El autor intelectual del “rodrigazo” no fue el ministro que le cediera su apellido sino Ricardo Zinn, posterior funcionario de la dictadura y el menemismo.

La crisis económica provocada fue la que le permitió al recientemente procesado José Alfredo Martínez de Hoz hacerse del Ministerio de Economía tras el levantamiento militar. Hombre del riñón del grupo Rockefeller, sus amplios contactos en el mundo financiero eran la llave para conseguir dólares frescos con los que estabilizar la economía. Y así fue, como señalara el mismo David Rockefeller algunos años después: “Cuando Martínez de Hoz viajó por primera vez a Estados Unidos a refinanciar la deuda exterior argentina, pocos meses después de haber asumido su puesto como ministro de economía (...) recomendé inmediatamente considerar un crédito del Chase a Argentina, y estimulé a otros bancos norteamericanos a hacer lo mismo, lo que contribuyó a que entre los nuestros y otros similares de Canadá, Europa Occidental y Japón, Argentina pudiera hacerse de la cifra cercana a los mil millones de dólares que necesitaba para hacer frente a su minada situación de deuda exterior”.

Pero como era de esperarse, la “ayuda” no fue gratuita. La gestión de Martínez de Hoz se caracterizó por la fuerte desregulación y apertura de nuestras finanzas a los movimientos especulativos internacionales. Con ello se garantizó no sólo elevadas ganancias para la banca extranjera que apadrinó su gestión, sino que también se constituyó un mecanismo extorsivo al interior de la junta militar que le permitiría mantener el control de la política económica por un amplio período. La “confianza” de los mercados era vital para mantener el flujo de inversiones especulativas en que se sostenía el modelo económico de la dictadura, y Martínez de Hoz era el hombre de confianza de los grandes jugadores que manejaban al mercado. Si lo tocaban al ministro, se desataba la corrida y la economía se desbarrancaba en una crisis financiera y externa.

La principal herencia de la gestión de Martínez de Hoz fue un espectacular salto del endeudamiento externo que la Justicia argentina calificaría como totalmente injustificado desde un punto de vista económico (Causa Nº 14.467, “Olmos, Alejandro S/dcia”). El peso de la deuda aplastaría el intento democrático de Raúl Alfonsín hasta arrastrarlo a un estallido hiperinflacionario producto de la imposibilidad de la economía argentina de generar los dólares que le exigían los acreedores externos. Será también la principal justificación para el remate del patrimonio público durante el menemismo y para la cesión de nuestra soberanía en el diseño de la política económica que alcanzaría niveles grotescos bajo el gobierno de Fernando de la Rúa.

Desde el año 2003, una línea estratégica de la política económica fue el desendeudamiento como medio para la obtención de una mayor independencia económica. Una combinación de acertadas políticas locales y un contexto de elevados precios de nuestras exportaciones permitieron implantar un modelo de alto crecimiento económico que no requiere para su sostenimiento del crédito externo ni del ingreso de capitales especulativos de corto plazo. El poder interno de los organismos financieros internacionales fue desarmado pagando dólar sobre dólar una deuda inmoral e ilegítima pero, ¿se puede condenar al esclavo que paga a su ex amo para vivir en libertad?

* Cemop-Madres de Plaza de Mayo.

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La organización de base

Por Victoria Basualdo *

El golpe militar del que acaban de cumplirse 35 años constituyó un punto de inflexión en la historia argentina en una gran cantidad de aspectos. Una dimensión relativamente poco reconocida pero de gran impacto fue la organización sindical en el lugar de trabajo, que tenía en los años ’70 una larga tradición en la Argentina. La representación obrera en los establecimientos laborales, que se plasmó en las figuras de los delegados, los cuerpos de delegados y las comisiones internas y se expandió y consolidó durante los dos primeros gobiernos peronistas, cobró gran importancia para garantizar el cumplimiento de la legislación laboral, establecer vinculaciones entre las bases y la dirección centralizada de los sindicatos industriales de base nacional, y fortalecer la posición de los trabajadores frente a las patronales.

Al mismo tiempo, estos órganos estuvieron atravesados por fuertes tensiones que tenían que ver no sólo con la dinámica de representación en sí misma, sino también con la cambiante relación con las patronales, con los distintos gobiernos y con el Estado, así como con las contradicciones dentro de la propia clase trabajadora respecto de su propia identidad, su relación con el capital y las funciones de sus representantes. Aun en esta historia de fuertes transformaciones y tensiones, la dictadura consiguió, a partir de la aplicación de políticas represivas, económicas y laborales, imponer cambios de gran profundidad.

La instauración del terrorismo de estado, la desaparición de personas como método privilegiado además del encarcelamiento, el asesinato y otras formas de persecución a la oposición y de disciplinamiento social, son sin dudas las características más visibles del gobierno que tomó el poder por la fuerza en 1976. Es importante recordar, en este contexto, que esta política represiva tuvo como uno de los blancos privilegiados a sectores importantes de la clase trabajadora, especialmente a los sectores combativos y a los representantes y activistas de base, y que aunque estuvo desarrollada por las fuerzas armadas, contó con el apoyo y la colaboración de importantes sectores del capital concentrado, que proveyeron financiamiento, infraestructura e información clave para la persecución de los trabajadores y sus representantes.

Esta relación entre sectores del capital concentrado y fuerzas militares no se restringió a la política represiva, sino que se plasmó también en la política económica, que promovió cambios estructurales que marcaron un profundo quiebre en la historia de más de cuatro décadas de desarrollo de la industrialización sustitutiva desde la década del 30. Un símbolo central de esta relación fue José Alfredo Martínez de Hoz, que pasó de ser presidente del directorio de la empresa siderúrgica Acindar, en la cual se llevó a cabo un proceso represivo de inédita magnitud en 1975, a ser ministro de Economía de la dictadura militar entre 1976 y 1981. La política económica implementada en estos años promovió una inédita redistribución del ingreso en contra de los trabajadores, una creciente apertura al mercado internacional, un acelerado crecimiento del endeudamiento externo asociado a la valorización financiera y la fuga de capitales, y un proceso no sólo de caída de participación del sector industrial en el PBI, sino también de fuerte concentración en actividades económicas clave.

La clase trabajadora no sólo sufrió el fuerte embate de las políticas represivas y económicas en este período, sino que además vio drásticamente reducida su posibilidad de organización y lucha debido a un profundo reordenamiento de la legislación y la práctica de las relaciones laborales, que comenzó por la intervención por parte de personal militar de la CGT y de los gremios más importantes y representativos, e incluyó una batería de legislación que prohibió toda forma de organización en el lugar de trabajo, así como toda forma de movilización y de lucha.

Aunque gracias a los esfuerzos de distintos sectores de la clase trabajadora se logró, a partir de la transición a la democracia, recuperar parcialmente algunas de estas líneas de organización obrera, los representantes de base sufrieron, sin embargo, una nueva ofensiva durante la segunda ola de reformas neoliberales en los ‘90, en cuyo contexto experimentaron una nueva pérdida de poder e influencia. En el contexto actual, en que la lucha y el conflicto sindical vuelven a ocupar un lugar central en la economía y la sociedad, resulta fundamental asumir el desafío de revertir el legado de las últimas décadas y consolidar estos mecanismos de representación en los lugares de trabajo, lo cual permitiría no sólo reivindicar esta larga historia de organización y de lucha, sino fundamentalmente fortalecer a la clase trabajadora a partir de la profundización de la democratización y representatividad de las organizaciones sindicales.

* Flacso Argentina-Conicet.