Casi nueve de cada diez argentinos quieren revisar el contrato de las empresas privatizadas de servicios públicos o directamente reestatizarlas. Es una confirmación nítida del cambio de humor que se produjo desde la ola privatizadora de principios de los años ‘90, cuando Carlos Menem logró apoyo masivo para que el Estado se desprendiera de activos clave en energía y comunicaciones.
Las cifras fueron recogidas por una encuesta de la consultora de opinión pública Catterberg y Asociados a la que tuvo acceso exclusivo Página/12.
Casi la cuarta parte, un 23 por ciento, opina que el Estado debe hacerse cargo otra vez de los servicios públicos.
El voto mayoritario apunta a revisar y renegociar los contratos: 65 por ciento.
Es ínfima la cantidad de gente partidaria de mantener los contratos tal como están. Solo opina de ese modo el 7 por ciento.
Y es mínima también la cantidad de quienes dicen carecer de opinión: nada más que un 5 por ciento de los consultados.
Claramente la peor imagen sobre la gestión privada se la llevan los trenes. Y la mejor, siempre en términos muy relativos, los teléfonos.
La consultora pidió a todos, los que están a favor de renegociar contratos y los que quieren reestatizar, que imaginasen cuáles servicios mejorarían si pasaran a manos públicas.
De los que contestaron sobre trenes, el 37 por ciento dijo que todo iría mejor bajo gestión del Estado. La cifra supera al 24 por ciento que supone que todo seguirá como está y al 28 por ciento que considera que las cosas pueden empeorar.
En aguas también fueron más lo que opinaron que el Estado sería mejor empresario que los actuales concesionarios privados: el 34 por ciento contra el 31 que no ve cambios y el 28 que ve las cosas peor.
En gas ganan los del casillero “igual”: 32 por ciento, contra un 31 que vislumbra una mejora si el Estado se hiciera cargo de la prestación.
En electricidad sucede lo mismo: 31 contra 30 por ciento.
Y solo en teléfonos son más los que piensan que el Estado haría peor las cosas. Es la posición del 36 por ciento, contra un 29 que ve todo mejor con el Estado y un 26 que las analiza sin cambios.
Catterberg y Asociados consultó a 500 personas en Capital Federal, Gran Buenos Aires, Gran Rosario, Gran Córdoba, Gran Mendoza y Gran San Miguel de Tucumán. Todos fueron entrevistados entre el 9 y el 11 de enero y los resultados tienen un error estadística de un 4,4 por ciento hacia arriba o hacia abajo.
El análisis de los sondeados indica muy poca variación de las opiniones por sexo. Los partidarios de estatizar otra vez son los mismos: un 23 por ciento. Por un dos por ciento de diferencia, los hombres son levemente más proclives a renegociar que las mujeres.
Por edad, el grupo más reestatizador es el quienes van de 18 a 29 años. El más renegociador es de los intermedios. De entre los que tienen de 30 a 50 años, el 70 por ciento quiere revisar los contratos.
Por nivel educativo, los que alcanzaron un nivel terciario o universitario están primeros entre los renegociadores. Llegan a un 72 por ciento, contra un 59 por ciento de revisores en el segmento de educación primaria. En esa misma franja se ubica el mayor porcentaje de reestatizadores, con un 24 por ciento.
Se podría decir que los reestatizadores son más hombres que mujeres, más jóvenes que maduros o viejos y menos educados que educados, pero no hay en las cifras otra cosa que matices de un pensamiento contundente sobre la práctica –cada vez más degradada– de los servicios públicos.