El acuerdo con el Congreso para alivianar temporariamente la carga de Ganancias sobre las empresas podría sellarse con una rebaja de la alícuota mayor a la que propone Economía, para fijarla, posiblemente, en torno al 28 por ciento. La fórmula no terminará de satisfacer las aspiraciones de las entidades patronales que acercaron al Congreso sus propias propuestas para ser compensadas por la imposibilidad de ajustar sus balances según la inflación, pero promete darles algo de oxígeno. El desaire lo podrían sufrir las refinadoras de petróleo si, tal como todo parece, el Congreso termina admitiendo los cambios en el ITC a que aspira Economía.
A contramano de lo que predica Roberto Lavagna, la mayor parte de los legisladores propios y opositores son partidarios del ajuste de balances por inflación, lo que disminuiría el monto a tributar por Ganancias. Delegados de las principales firmas exportadoras –Arcor, Aceitera General Deheza, entre ellas– y de la Unión Industrial Argentina acercaron a los legisladores sus propios argumentos a favor de ese sistema y de una serie de modificaciones técnicas sobre el régimen impositivo que tuviera un efecto similar: según los industriales, a la disminución de la alícuota habría que sumarle un tratamiento especial para las amortizaciones de los bienes de cambio y las tenencias en divisas extranjeras y la eximición de gravámenes a los dividendos, entre otras cuestiones.
Justicialistas de las diversas corrientes, representantes del Interbloque Federal y del cavallismo adhieren mayoritariamente a la idea de que no es justo que las empresas tributen sobre la base de activos de valor “inflado”, pero saben que la base de discusión a esta hora no puede ser otra que el proyecto del Ejecutivo para reducir por un ejercicio del 35 al 30 por ciento la alícuota de Ganancias, como un paliativo por no admitir el ajuste por inflación. Así, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda comenzó a trabajarse la idea de que esa rebaja transitoria sea mayor, aunque no tanto para comprometer seriamente la recaudación.
Justamente, uno de los argumentos esgrimidos en estos días por el justicialista Snopek es que admitir aquel ajuste por inflación menguaría ingresos fiscales en alrededor de 1000 millones de pesos.
Mientras se intenta un acuerdo en este sentido, los diputados también avanzan, en apariencia con mayor grado de consenso, sobre la idea de convertir el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles en un porcentaje. Esto significa que los 58 centavos del ITC que hoy se tributa sobre las naftas devendría en un gravamen del 64 por ciento sobre el precio neto del carburante (libre de gravámenes y descuentos).
En un primer momento, la iniciativa tendría escaso impacto en los valores finales de los combustibles y en la recaudación del impuesto. Pero inmediatamente acompañaría cada movimiento: si el valor del petróleo y, por consiguiente, sus derivados sube, el tributo lo haría proporcionalmente.
Las refinadoras aseguran que no están en condiciones de absorber este ajuste y, por lo tanto, que van a trasladarlo automáticamente a los precios finales de los carburantes. De este modo, son ellas las que tendrían que soportar el costo político de los futuros aumentos o asumir la penosa tarea de explicar cada vez que parte de ese incremento no es para su bolsillo sino para las arcas públicas.
Según hicieron saber los petroleras al Congreso, el ITC porcentual podría discriminar en contra de las provincias que están lejos de los centros de producción, ya que el flete integra el precio neto de las naftas, entre otras cuestiones presuntamente adversas. El nuevo esquema consagraría la discriminación a favor del gasoil y del gas natural comprimido, promoviendo un traslado hacia esos carburantes.
Pero en los legisladores estarían claudicando ante el argumento de que tanto la nación como las provincias podrían verse aventajadas con un incremento de la recaudación. En particular, cuando el inminente ataque a Irak hace prever una suba en el valor del crudo.