Inversores de acciones que cotizan en Bolsa conocen lo que implica ser perjudicados patrimonialmente por decisiones del grupo de control de empresas que son socios minoritarios. Varios son los casos donde sus derechos económicos y políticos quedaron desplazados por la fuerza de una mayoría que elude la Ley de Sociedades Comerciales y de instituciones bursátiles que no aplican con severidad normas de protección al accionista minoritario. En las últimas décadas, los conflictos más conocidos en el recinto tuvieron como protagonista a la papelera Celulosa, la acería Acindar, la textil Alpargatas, la automotriz Sevel, el frigorífico Quickfood y una de las más estruendosas fue entre miembros de la familia Escasany en el Banco Galicia. En estos días existen discrepancias con el Banco Patagonia por el precio establecido en la oferta de recompra realizada por los nuevos dueños brasileños, el Banco do Brasil. Los motivos de esas disputas han sido variados: por ampliación de capital que licuaba la tenencia de los socios minoritarios, por ventas de activos en forma ruinosa para la sociedad, por desvío de utilidades a vinculadas que reducían o hasta anulaban el reparto de dividendos en efectivo, por la constitución de fondos de reservas exagerados con ganancias acumuladas no distribuidas, por la disminución del capital social o por el rescate de acciones a precios no convenientes. El decreto de necesidad y urgencia que permite a la Anses ejercer el derecho pleno en asambleas y en directorios por sus tenencias en compañías cotizantes se traducirá en la práctica en una ventaja para otros accionistas minoritarios, porque tendrán una mayor protección ante arbitrariedades de la mayoría.

De esos casos mencionados, uno de los más recientes involucra a Alpargatas. La operación de compraventa de la compañía a Sao Paulo Alpargatas, del grupo Camargo Correa, fue concretada en 2007, e inmediatamente después los brasileños lanzaron al mercado lo que se conoce como Oferta Pública de Adquisición (OPA) del resto de las acciones que circulaban en el mercado bursátil. La oferta fue de 5,8 pesos por acción (equivalente a 1,83 dólar) pagada el 10 de octubre de 2007. Un grupo importante de accionistas minoritarios rechazó esa propuesta. Los brasileños reiteraron otra OPA, ahora a 3,4 pesos por papel (90 centavos de dólar), el 8 de febrero del año pasado. Recibió otro repudio. Con esas ofertas sólo pudo aumentar su participación mayoritaria a un 70,2 por ciento del capital de Alpargatas, porque accionistas minoritarios se opusieron a esas ofertas. Presentaron dos demandas contra el flamante controlante ante el Tribunal Arbitral de la Bolsa. Finalmente, Sao Paulo Alpargatas adquirió esos litigios a 2,15 dólares por acción, valor idéntico al definido por la compra del control de la compañía, cuando para el resto de los minoritarios pretendió, y con muchos lo logró, pagarle mucho menos. También existió una fuerte disputa por la decisión de los brasileños de vender la marca Pampero, líder en el mercado de prendas y accesorios de seguridad para la industria y el campo, uno de los principales activos de Alpargatas Textil. Los accionistas minoritarios se opusieron porque consideraban que se hacía a precio vil, afectando el patrimonio de la sociedad, además de beneficiar a su competidora Ombú, controlada un ciento por ciento por el mismo grupo brasileño. El proceso de desinversión del Negocio Pampero, que fue aprobado en la asamblea de accionistas del 20 de abril de 2010 solamente con el voto de Sao Pablo Alpargatas y unánimemente en contra por el resto de los accionistas, se encuentra interrumpido como consecuencia de una medida cautelar dictada en la causa “Menéndez, Vicente Adriano y otros c/ Alpargatas S.A.I.C. s/ medida precautoria”.

Este conflicto, como tantos otros que se desarrollan entre grupos de control y socios minoritarios, no tiene mucha repercusión pública porque involucra a grandes empresas; las instituciones bursátiles se hacen las distraídas y la mayoría de los minoritarios se resignan a un vínculo desigual. Por eso adquiere relevancia que todos los accionistas puedan ejercer en plenitud sus derechos económicos y políticos en las compañías. Desde hace dos años, el Estado a través de la Anses contabiliza en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad acciones de unas cuarenta empresas. El decreto de necesidad y urgencia que escandaliza al establishment iguala al Estado con el privado en la cuestión de hacer valer el porcentaje de acciones en los respectivos directorios. Existía una restricción establecida en un máximo de 5 por ciento independientemente del total de la tenencia efectiva. Era un límite establecido en la ley que creó a las compañías dedicadas a especular con el aporte previsional de los trabajadores, conocidas como AFJP, extendido luego a la que dispuso su fin. En su momento se explicó que no se quería sumar más resistencias del sector privado cuando el objetivo principal del Gobierno era terminar con el negocio financiero de la jubilación privada manejada por bancos y compañías de seguro. Pero era un privilegio exagerado para los grupos de control de las empresas, más aún cuando gran parte de ellas ha diseñado una organización societaria que restringe la participación de las minorías, además de que las deja vulnerables. Ahora se pretende saldar esa irregularidad.

En el documento “El Gobierno Corporativo en Argentina”, publicado por el Centro de Estabilidad Financiera, integrado por miembros con mucho conocimiento del mundo empresario y bursátil, se observan los comportamientos de los grupos de control en un “detallado relevamiento sobre la estructura de propiedad y la calidad del Gobierno Corporativo de las empresas en oferta pública”. Se explica que la estructura de propiedad es relativamente simple y está claramente dominada por el principal accionista de la empresa, que “a través de estructuras piramidales, y en menor medida acciones con voto múltiple, los derechos de voto superan holgadamente a los derechos sobre el capital en muchas empresas, acentuando los conflictos de intereses entre controlantes y minoritarios”. “El caso de las empresas con oferta pública en Argentina pone de manifiesto ciertos prejuicios respecto a los beneficios del buen Gobierno Corporativo”, se advierte en el documento.

Como refleja la experiencia en el mercado local, los grupos de control de empresas cotizantes no tienen mucha voluntad de respetar los derechos de sus socios minoritarios, sean privados o, desde hace dos años, del Estado. Como se mencionó, son varios los casos de abuso en el ejercicio de esa posición dominante. La presencia de la Anses en directorios de compañías privadas los inquieta porque tienen que empezar a hacer lo que se han negado a realizar: exponer con mayor fundamento sus decisiones, ya sean de inversión, de venta de activos importantes de la sociedad, o de la política de distribución de dividendos. La presencia más activa de directores estatales indagará sobre la estrategia de expansión, cuestionará una propuesta de desnacionalización o de desvío de utilidades a empresas vinculadas. Es un acontecimiento novedoso para el mercado bursátil doméstico y por eso genera tanta resistencia. Sólo la concepción ideológica que rechaza todo lo que signifique un Estado activo en la economía explica la posición crítica de las autoridades bursátiles, que no dejan pasar oportunidad de mencionar que una de sus principales funciones es defender el interés de los accionistas minoritarios. Descubrirían que ahora con la Anses tienen un colaborador en esa tarea, lo que debería agradar a los inversores de acciones de empresas con oferta pública en la Bolsa.

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