La Anses denunció que existe un mecanismo destinado a defraudar a la seguridad social que involucra al Juzgado Federal de Río Cuarto, estudios de abogados y jubilados que reclaman por el ajuste de sus haberes. La operatoria consistía en autorizar montos mayores a los que habían conferido las sentencias favorables a los jubilados. Además, habilitaba a través de peritos oficiales el doble cobro de una porción de los fallos. Las irregularidades que derivaron en una denuncia penal contra el juez Carlos Arturo Ochoa salieron a la luz cuando el magistrado intimó a la Anses al pronto pago de 6 casos puntuales. Sin embargo, el organismo que conduce Diego Bossio ya detectó 20 casos con el mismo modus operandi que serán incorporados a la demanda y pretende analizar más de 1700 expedientes en estado de ejecución del mismo juzgado. Si se comprueban esas irregularidades, el monto de la estafa superaría los 60 millones de pesos.

La Anses solicitó la suspensión de los plazos procesales por 60 días para analizar esos casos pero el juzgado todavía no hizo lugar al pedido. En noviembre pasado el organismo inició un proceso de auditoría interna con el objetivo de ordenar el mecanismo de pago de fallos judiciales. Ese trabajo le permitió dictar la semana pasada una resolución, anticipada por Página/12, con el objetivo de “acelerar y transparentar” el pago de las sentencias, informatizar el proceso y establecer un nuevo orden de liquidación que combina edad, nivel de haberes y la antigüedad del caso para priorizar a los más postergados.

Bossio y el ministro de Economía, Amado Boudou, explicaron ayer en conferencia de prensa que los cambios en el sistema de pago de sentencias permitieron detectar las irregularidades en el Juzgado Federal de Río Cuarto. El 10 de marzo, durante una audiencia, el magistrado Ochoa intimó a la Anses a cumplir con 6 sentencias donde el organismo detectó que el juez otorgaba en las ejecuciones montos significativamente superiores a los que figuraban en los fallos de primera instancia. Según precisó Bossio, para abultar el monto que debía pagar la Anses los peritos oficiales cometían dos tipos de irregularidades al momento de la liquidación. Por un lado, no tenían en cuenta pagos que ya había realizado la seguridad social, condenando al organismo a pagar dos veces por una porción de la misma deuda y, por el otro, incorporaban precedentes judiciales que no figuraban en la sentencia firme. Por ejemplo, si la decisión en primera instancia implicaba actualizar los haberes de acuerdo con el índice correspondiente al fallo Badaro, el perito añadía otros fallos como Sánchez o Eliff y así lograba incrementar la suma que debía pagar la Anses.

Como resultado, el juzgado ordenó embargos millonarios sobre las cuentas del organismo. “El 50 por ciento del total de los embargos que tiene la Anses por el pago de sentencias a favor de los jubilados provienen de la ciudad de Río Cuarto. Son más de 60 millones de pesos embargados por decisión del juez Ochoa”, sostuvo Bossio. La semana pasada la gerencia de Legales de la Anses expresó al juzgado su disconformidad, detalló las irregularidades y solicitó la suspensión de los plazos procesales por 60 días para revisar las 1700 ejecuciones dictadas en condiciones similares. Sin embargo, el juzgado todavía no dio lugar al pedido. “Es un modus operandi que implica un perjuicio contra el sistema previsional. Se habla mucho de las sentencias en contra de la Anses, pero en muchos casos hay interesados más allá de los jubilados”, señaló Boudou. “Ningún gobierno benefició tanto a los jubilados como los de Néstor y Cristina Kirchner”, evaluó.

En la denuncia penal, la Anses les imputa al juez y los peritos oficiales los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público, estafa agravada por tratarse del erario y prevaricato, figura penal que pretende evidenciar que el magistrado falló en forma contraria al derecho. En la seguridad social confían que existen antecedentes que avalan con fuerza la causa radicada en la fiscalía de Guillermo Marijuán.

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