La Justicia dio ayer un aval al aumento de tarifas de los servicios públicos. Guillermo Rossi, juez apadrinado por el menemista Rodolfo Barra, dictó una medida cautelar que obliga al Gobierno a informar periódicamente sobre el estado de la renegociación de contratos y la calidad del servicio de las compañías. Pero omite cualquier pronunciamiento respecto de la cuestión central, por la cual la defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alicia Oliveira, había hecho su presentación: los incrementos tarifarios. El efecto de esa gambeta es que las subas se mantienen en pie. La jueza Susana Córdoba, que debía responder a otra acción de amparo promovida por el defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, también se desprendió del tema. Rechazó su competencia y devolvió el expediente al juzgado de origen, que ahora se tomará su tiempo para analizar la cuestión. La maniobra satisface a las empresas y al Gobierno, que van logrando imponer su posición.
La esperanza de los usuarios en un fallo rápido que suspenda los aumentos se redujo ahora al dictamen de la jueza Claudia Rodríguez Vidal, quien tiene en su poder una solicitud en ese sentido del Foro de Asociaciones de Consumidores. La magistrada se pronunció el año pasado contra el decreto del Poder Ejecutivo que encarecía los servicios de electricidad y gas. Ese antecedente despierta esperanzas entre las entidades. Sin embargo, sostienen que el Gobierno está ejerciendo una muy fuerte presión en tribunales para que esta vez los ajustes se sostengan.
Página/12 anticipó ayer que las privatizadas confiaban en una semana favorable y por ahora la Justicia, con el fallo de Rossi y la demora en la causa iniciada por Mondino, les viene dando la razón. En este último caso, Córdoba pasó el expediente a su colega Cristina Carrión de Lorenzo, quien a su vez solicitó al ombudsman que aporte nuevos elementos de prueba, en una ampliación de la denuncia. En la práctica esto producirá una dilación del fallo.
Si finalmente el pedido de Mondino fuera rechazado, y el del Foro de Asociaciones de Consumidores fuera aprobado, se generaría un entuerto legal. Las interpretaciones varían según el interlocutor. Del lado de las empresas afirman que un fallo favorable y otro adverso no suspendería la aplicación de los aumentos, sino que el tema debería ser resuelto en una segunda instancia o incluso llegar hasta la Corte Suprema. Es lo que ocurrió con el rebalanceo telefónico en los ‘90. Por el contrario, los defensores de los usuarios sostienen que ante aquella situación los incrementos quedarían sin efecto, hasta que se resolvieran las apelaciones.
Hasta el momento lo único concreto es el fallo de Rossi, contestando a una solicitud de amparo de Oliveira. El juez, que tiene fama de demorar sus dictámenes, esta vez fue el primero en responder, lo que dio lugar a interpretaciones varias, como que el suyo fue un gesto conveniente para el Gobierno, en momentos en que tiene a una misión del Banco Mundial y el FMI interesada en la salud de las privatizadas. Rossi ordenó al Poder Ejecutivo que informe dentro de los próximos cinco días y, luego, cada tercer lunes de mes, “el nivel de cumplimiento por parte de las concesionarias de las obligaciones a su cargo y de la calidad del servicio”, y “el estado de avance de la renegociación” de los contratos. La información deberá ser publicada en dos diarios de la Capital Federal y brindada a todos los medios de difusión oral y televisiva. Oliveira consideró ese hecho como positivo, pero hizo una presentación ante el juzgado de Rossi para que aclare su posición respecto del tema de las tarifas, sobre el cual no dijo nada. Y con ello, el ajuste sigue vigente.
Mientras la atención está centrada en las decisiones judiciales, continúa el trabajo de la misión del Banco Mundial y el FMI que vino a “asesorar al Gobierno sobre cómo puede encarar la renegociación de los contratos”, según la versión oficial. Juan Gaviria, KatherineChristopherson, ambos del BM, y Lorenzo Giorgiani, del FMI, mantuvieron ayer reuniones con el Foro de Asociaciones de Consumidores, primero, y con Mondino, después. En ambas oportunidades remarcaron que su trabajo no tiene nada que ver con los subas de tarifas, sino que vinieron a recabar información para hacer un aporte al Gobierno.
Eso fue lo que dijeron en ambas reuniones, en las que básicamente se dedicaron a escuchar. Pero también hicieron algunos comentarios, en los que repitieron los argumentos de las empresas, como que “las privatizadas son las únicas discriminadas porque no tienen libertad para fijar sus precios”, o que “sin ajustes de tarifas los servicios son insostenibles”, o que “la devaluación y la pesificación implicaron una ruptura de los contratos que merece alguna compensación”. Ante esos planteos, las respuestas fueron que las privatizadas son monopolios con mercados cautivos, que las empresas tienen ganancias operativas a pesar de la devaluación y la pesificación, y que nadie las obligó a endeudarse en dólares, y que si asumieron ese riesgo en lugar de reinvertir utilidades ahora no tienen por qué hacérselo pagar a los usuarios, que encima tienen ingresos congelados, en un contexto de híper pobreza.