“Las grandes empresas que ustedes asesoran, ¿ajustaron los salarios de sus trabajadores por el índice de precios?”, le preguntaron al director de un poderoso estudio jurídico-contable. “No, de ninguna manera”, contestó, como quien ofrece la respuesta más natural. “¿Entonces por qué reclaman ustedes el ajuste por inflación de los balances impositivos”, quiso saber su interlocutor. “Para que el impuesto a las Ganancias grave sólo beneficios reales y no aparentes, producto de magnitudes nominales distorsionadas”, contestó. De otro modo, seguramente añadió, las empresas sufrirían una confiscación, dicho lo cual el diálogo habrá entrado en zonas más calientes, porque en la Argentina del 2002 las franjas sociales más débiles fueron confiscadas mediante la licuación de sus ingresos o incluso sus ahorros. Así, lo que se discute en el áspero debate entablado en torno del ajuste por inflación de los balances impositivos no es solamente una alternativa técnica, sólo apta para iniciados, sino un asunto esencialmente político, vinculado con el reparto de los costos de la crisis. En esta confrontación, el Gobierno está resistiendo la creciente presión empresaria, que acude al respaldo de la Justicia y presiona en el Parlamento. Aquél quizá lo haga por considerarlo socialmente justo. O tal vez porque al fisco le conviene en principio la nominalidad; es decir, hacer de cuenta que un peso de hoy es igual a un peso de ayer. Es la manera de evitar una caída en la recaudación de Ganancias.
A Eduardo Ballesteros, subsecretario de Ingresos Públicos, su posición antiajuste le ocasionó, entre otras fricciones, un duro enfrentamiento personal con la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, cuya directiva integró. La AAEF y otras seis entidades empresarias y profesionales integraron en su momento una comisión, oficialmente convocada, para estudiar el problema. Pero detrás de su fachada técnica, esas asociaciones suelen expresar las posturas de las grandes empresas y de los estudios y consultoras que las asisten, con lo que la historia concluyó como era previsible: con un pronunciamiento favorable al retorno del ajuste que se practicaba antes de la convertibilidad. Ese dictamen fue desechado por el ministerio de Economía, dándose inicio a las hostilidades. Pero en esta guerra, el bando profesional no está tan unido como podría suponerse.
La contadora María Luisa Vives, una de las voces más activas en esta enconada polémica, dijo a Página/12 que es absurdo pretender aplicar en la Argentina actual la misma técnica de ajuste que se usaba hace veinte años. Entre otras cosas, porque hoy están virtualmente congelados los salarios, los honorarios y otros ingresos. “Si se les reconociera el ajuste a las empresas –sostiene–, debería también aplicarse a los demás sectores, con lo que terminaríamos en una hiperinflación.” Ella agrega que, en última instancia, los empresarios trasladan todos los impuestos a sus precios, y que Ganancias no es una excepción.
Salvador Treber, otro de los expertos contestatarios, planteó –y Vives coincide con él– que no es razonable, contrariamente a lo dictaminado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, ajustar los balances con el índice de precios mayoristas, que en 2002 subió el triple que el minorista. Este tributarista denunció que aplicar de forma generalizada el IPIM desnaturalizaría los estados contables, que ya no reflejarían la realidad, indicando que las entidades empresarias que lo reclaman solo buscan reducir su carga impositiva, sin importarles el cuadro de pobreza e indigencia que presenta el país.
De modo que a la discusión en torno de si ajustar o no se agrega la de encontrar un índice adecuado. En este sentido, Juan Oklander elaboró un extenso análisis que recomienda establecer una contabilidad bimonetaria: una en pesos y otra en moneda constante. Esta podría ser el dólar, el euro u otra. Ello evitaría, por ejemplo, que alguien que, mediante unamparo, recuperó los mismos dólares que había depositado antes del corralito, pague Ganancias sobre la diferencia en pesos como si hubiese obtenido una utilidad real. Es más: si se le permitiese ajustar por un índice de precios, aun pagaría Ganancias por la diferencia, ya que el dólar subió más que cualquiera de ellos. Pero, ¿no es verdad que quien logró conservar sus dólares obtuvo un beneficio?
En esta trifulca, Economía sostiene su oposición al ajuste con argumentos muy duros. Por ejemplo, que los empresarios que obtuvieron ganancias, aunque sea gracias a la inflación, están de todas formas mucho mejor que quienes tienen activos de renta fija o, peor todavía, viven de un salario. No tendría sentido –dicen los lavagnistas– no gravar esas utilidades porque quienes las obtuvieron son precisamente los que se beneficiaron con la inflación. Para el equipo económico, no se puede gravar sistemáticamente rentas ficticias, pero es admisible hacerlo en circunstancias como las actuales. Si no –aducen– habría que cubrir el bache recaudatorio inventando otro impuesto.
También hacen ver que la inflación perjudica al fisco, por todo el tiempo que transcurre entre el momento en que se devenga la ganancia y el del pago del impuesto, varios meses posterior al cierre del ejercicio contable, aunque esa pérdida quede compensada parcialmente por los anticipos y las retenciones. Como se sabe, el Gobierno ofrece como compensación una rebaja de cinco puntos –de 35 a 30 por ciento– en la alícuota de Ganancias que pagan las sociedades. El proyecto, que sigue en Diputados, tiene un claro defecto: le concede un premio extra a las empresas favorecidas por la devaluación y la inflación, como critica Arnaud Iribarne.
Este experto admite que es muy difícil encontrar una solución común y ecuánime cuando cada empresa presenta una situación peculiar, según sea la estructura de sus activos y pasivos. La que por ejemplo adquirió bienes de cambio antes de la devaluación y los vendió después, a precios actualizados, mostrará una ganancia aparente, gravada por el impuesto, que se esfumará cuando quiera reponer la mercancía. Pero la que le debía un millón de dólares a un banco, gracias a la pesificación no exhibirá cambio alguno en su contabilidad: seguirá debiendo un millón de pesos. Sin embargo, en moneda real obtuvo una abultada ganancia. Nadie, hasta ahora, acertó con una solución técnica –y tampoco política– para este formidable lío.