Dos economistas, Jorge Gaggero y Eduardo Epszteyn, culminaron en marzo de 1999 un extenso estudio sobre la privatización y regulación del servicio de agua y saneamiento en el área metropolitana. El texto, sumamente crítico, pareció entusiasmar a los profesionales de FADE, la Fundación que presidía José Luis Machinea y preparaba proyectos para el momento de asumir la conducción económica con la esperada victoria de la Alianza. FADE pidió el texto para publicarlo, pero misteriosamente nunca lo dio a imprenta.
En el resumen ejecutivo del documento, Epszteyn y Gaggero señalaban que la privatización en bloque de esos servicios se concretó en tiempo perentorio, y que, “en ausencia de una efectiva vocación por respetar el rol del ente regulatorio (Etoss) ni de velar por el cumplimiento sustantivo de los documentos contractuales en beneficio de los intereses públicos, este proceso ha resultado en la instalación de una megaconcesión, de un tamaño sin precedentes en el mundo, que ha logrado la modificación a su favor, de facto primero y luego por normas del PEN, de gran parte de sus compromisos originales. En las presentes circunstancias político-institucionales (postrimerías del menemismo), la empresa concesionaria parece avanzar –añaden–, sin mayores restricciones, hacia la completa esterilización de los organismos públicos responsables de su regulación y control.”