El encuentro técnico de los países sudamericanos reflejó la necesidad de unir esfuerzos ante problemas comunes.
Imagen: Télam.

Aunque con escasa trascendencia pública por la ausencia de los ministros que debían participar del encuentro –y por el interés de algunos sectores en ignorarlo–, esta semana se dio un paso trascendental en materia de coordinación económica a nivel regional durante la reunión técnica convocada por la Unasur en Buenos Aires. El documento final deberá esperar la firma de los ministros para salir a la luz, pero el protocolo rubricado por los 12 países que participaron del encuentro ya avanzó en la resolución de un paquete de medidas que, hasta hace pocos meses, era inimaginable que pudiera surgir de un acuerdo entre gobiernos: la creación de un fondo de estabilización regional (para intervenir en caso de necesidad de algunas de las economías amenazadas), la extensión del sistema multilateral de pago con moneda local a toda los países participantes (reemplaza el uso del dólar, al menos, en una porción inicial del intercambio regional) y el compromiso de solidaridad entre los bancos centrales para no propiciar devaluaciones competitivas de sus monedas que puedan afectar a los países vecinos. Otros puntos que se discutieron en esta reunión de jueves y viernes pasado tienen que ver con la necesidad de adecuar la legislación de cada país en relación con la protección de la soberanía frente a los reclamos por deuda que puede resultar ilegítima, por un lado, y con las políticas de control de capitales especulativos. Si bien no se incluyeron en el protocolo rubricado, se alcanzaron importantes niveles de consenso que llevarían a un no muy lejano acuerdo no bien se resuelvan algunas cuestiones de implementación.

La conformación del Consejo Suramericano de Economía y Finanzas, integrado por los 12 ministros y presidentes de bancos centrales del subcontinente, quedó postergada por la lluvia de cenizas que desarticuló los programas de vuelos desde y hacia Buenos Aires. Esta propuesta había surgido del seno de la Unasur en tiempos de Néstor Kirchner, cuando el ex presidente argentino advirtió la necesidad de coordinar políticas para enfrentar las consecuencias de una crisis mundial que ya pintaba como de largo alcance. Aunque la primera explosión de la crisis no había afectado a la región, el primer secretario general de la Unasur observó que si el epicentro estaba en los países centrales, había que prepararse para una segunda etapa en el que aquéllos quisieran pasarle la factura por los platos rotos a la periferia. No se equivocaba.

Ya en agosto de 2008 había habido un intento de firmar un acuerdo entre los presidentes de los bancos centrales de los doce países de la región, comprometiendo la cooperación entre sí en caso de ataque especulativo o fuga de divisas en contra de alguno de ellos que pudiera poner en riesgo la estabilidad interna (que primero es económica, pero inmediatamente puede ser política). Fue en un encuentro en Santiago de Chile, convocado por la Unasur, donde se buscó reflejar un acuerdo similar firmado pocos meses antes entre los diez países miembros de Asean más China, Japón y Corea del Sur, conocido como “la extensión de la iniciativa de Chiang Mai”. Pero, entonces, la propuesta para Sudamérica fracasó, cuando algunos de los convocados creyeron estar totalmente al margen del riesgo de un ataque especulativo. Uno de ellos fue Brasil, que frente a la crisis internacional tuvo una actitud más de “país BRIC” (emergente con pretensiones a más) que de miembro y líder de la comunidad sudamericana.

Menos de tres años después, el panorama pareciera ser otro. La prolongación de la crisis, sumada a la experiencia de sus consecuencias económicas y sociales en Europa, le ha dado un nuevo giro al análisis. También entran en la cuenta de la nueva situación los debates que han debido enfrentar los países de desarrollo medio frente a los países centrales en el seno del Grupo de los 20, respecto de políticas de contención de los movimientos especulativos o sobre la mejor respuesta al alza de los alimentos. La propia experiencia de Brasil obligó a ese país a una nueva lectura de las consecuencias de la crisis. La potencia emergente de la región perdió competitividad internacional y hoy padece el desplazamiento de sus productos industriales a manos de China, incluso en su propio mercado interno.

Pero mientras sus exportaciones pierden terreno, Brasil padece el impulso a la revaluación de su moneda, el real, por el ingreso masivo de capitales financieros. La paradoja no es sólo de Brasil, sino que afecta a muchos países de la región, frente a la cual han respondido con distintas medidas con diferente grado de éxito. Pero cada uno por separado. Incluso en algún caso, como el de Brasil y Argentina, llevando ese conflicto del sector externo a una disputa comercial entre ellos.

La reunión técnica de los gabinetes económicos y bancas centrales de la región que tuvo lugar en Buenos Aires fue la primera oportunidad en la que todas estas cuestiones se trataron como un problema colectivo y no de cada país. Pese a los diferentes alineamientos –Colombia, Chile y Perú defendiendo modelos más neoliberales, de un lado; Venezuela, Ecuador y Bolivia, con una propuesta cuestionadora y más transformadora, del otro–, hubo consenso en que cada uno necesita de los otros. Inclusive de parte de Brasil.

Aunque a nivel de enunciados por ahora, en el protocolo que anticipa lo que será el documento fundacional del Consejo Suramericano se avanza hacia la conformación de una nueva arquitectura financiera regional, con instrumentos solidarios de defensa que dan cuenta de un escenario financiero internacional que seguirá siendo hostil y amenazante.

El Fondo de Estabilización Regional marca un vuelco conceptual histórico. Si los desequilibrios en la balanza de pagos eran vistos, desde el enfoque del FMI, como pecados de políticas dispendiosas, que merecían un salvavidas sólo en caso de que el “beneficiado” respondiera con un disciplinado ajuste para compensar sus déficit anteriores, hoy se interpreta que cualquier economía puede ser sometida a un ataque especulativo que ningún gobierno, por sí solo, puede estar en condiciones de garantizar que pueda soportar de pie. La creación de un fondo de intervención regional es una de las experiencias más valiosas que puede haber dejado, hasta acá, la crisis mundial para Latinoamérica. En el mismo sentido cabe señalar la importancia de entender la necesidad de empezar a desvincularse de la dependencia del dólar para el intercambio comercial, o el reconocimiento de que una devaluación no puede ser una medida unilateral de un país sin tomar en cuenta las consecuencias para los países socios.

El debate dejó otros saldos positivos. La necesidad, a futuro, de legislar sobre la defensa de la Nación frente a la especulación con títulos de la deuda soberana. La renuncia a los tribunales propios para casos de litigio –a favor del Ciadi, concretamente– ha sido aceptada en su momento por casi todos los países, pero ya no hay quien no repudie esa práctica. La ilegitimidad de los fondos buitre para reclamar que se les pague a 100 lo que compraron a menos de 20 es otra cuestión condenada por todos. Pero no hay legislación que proteja los derechos nacionales contra este avasallamiento. Serán temas de nuevos acuerdos, imprescindibles. Lo hecho hasta acá, lo que se avanzó en estas jornadas, ya es bastante.