Los ministros de Finanzas de la Zona Euro no llegaron ayer a un acuerdo sobre cómo estructurar un nuevo paquete de ayuda para Grecia, sin el cual el país caerá irremediablemente en default. Las diferencias están centradas en cuál debe ser el rol del sector privado en la refinanciación de la deuda. Los gobiernos de la región coinciden en que bancos, aseguradoras, fondos de pensión y demás inversores deben hacer su aporte para evitar lo que cada vez es más difícil: la cesación de pagos. Sin embargo, mientras Alemania presiona por una postergación de vencimientos para esos bonos por siete años, Francia, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea se inclinan por una extensión de los plazos con aceptación voluntaria de los privados.

En esta última línea también se ubica el gobierno belga. Desde Bruselas, sede del encuentro de ministros de ayer, el titular de Finanzas de ese país, Didier Reynders, reveló una de las líneas de rescate planteadas para Grecia: un aporte de 80.000 millones de euros de la Unión Europea y el FMI y una reestructuración de pasivos privados por 25.000 millones. En total, 105.000 millones, que se sumarían a los 110.000 millones que le dieron al país hace un año. Pese a aquella ayuda y al violento plan de ajuste y privatizaciones encarado por el gobierno griego, la deuda sigue representando un 150 por ciento del PIB.

Los ministros de la Eurozona volverán a encontrarse el domingo por la tarde para seguir negociando, en un encuentro que se extenderá hasta el lunes. Sin embargo, el ministro luxemburgués, Luc Frieden, admitió que el acuerdo no se alcanzaría la próxima semana, sino que demandará por lo menos dos para hallar una solución.