Por si quedaba alguna duda, un nuevo fallo judicial suspendió ayer el aumento de tarifas de electricidad y gas. Lo firmó la jueza Cristina Carrión de Lorenzo, en respuesta a una solicitud del defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino. La medida cautelar coincide en sus términos y en su alcance con la que adoptó hace diez días la jueza Claudia Rodríguez Vidal, en ese caso ante un planteo del Foro de Asociaciones de Consumidores. Sin embargo, la nueva resolución es importante porque fortalece una decisión que el Ministerio de Economía intentó esquivar por distintas vías. Página/12 pudo saber que en esa cartera llegaron a sugerir a algunas privatizadas, en contactos informales, que desconocieran la orden judicial. El consejo, según las mismas fuentes empresarias, fue rápidamente desechado.
“Nadie se va a arriesgar a que le metan preso a un director por ignorar un fallo”, indicaron a este diario en una de las empresas. El supuesto argumento para seguir facturando con el aumento era que la medida quedaba en firme mientras se tramitara la apelación, ya presentada por la oficina Legal y Administrativa del Palacio de Hacienda. Lo cierto es que las compañías están remitiendo las facturas en base al cuadro tarifario anterior a los ajustes, tal como lo determinó Rodríguez Vidal.
Una discusión no saldada, en cambio, es si los usuarios que recibieron la boleta con el incremento, por ser emitida antes de que se conociera la primera medida cautelar, merecen un resarcimiento en la siguiente factura. El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) instruyó a las empresas para que así lo hagan, mientras que el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) estaba por imitarlo hasta que Economía presionó para bloquear esa disposición. En particular, lo hizo el secretario legal y administrativo, Eduardo Pérez.
Mondino, ombudsman nacional, remarcó en diálogo con este diario que el fallo de Carrión de Lorenzo “es claro y contundente en cuanto a que los aumentos no corresponden”. “Si un acto administrativo es nulo lo es desde el primer día”, añadió, en referencia a la validez de los decretos que impusieron las subas. Su conclusión fue que las empresas que hayan facturado de más deben reintegrar esa suma a los usuarios en la próxima factura. Mondino precisó también que la probable apelación del Gobierno “no suspende los efectos de la medida cautelar”, por lo que las tarifas quedarán congeladas en todo el país hasta que la Justicia se pronuncie sobre el fondo de la cuestión. Esto es, si el Gobierno puede encarecer los servicios por decreto sin renegociar antes los contratos, como lo expresa la Ley de Emergencia Económica.
“El tribunal no encuentra en el marco de este pronunciamiento cautelar la ‘excepcionalidad y urgencia’ que habiliten al Poder Ejecutivo a dictar el decreto de necesidad y urgencia” que subió las tarifas, dice el fallo de Carrión de Lorenzo. La magistrada coincidió con los argumentos de su colega Rodríguez Vidal. Así lo habían pronosticado las asociaciones de consumidores, después de conocer el fallo de esta última. Su contundencia contra los ajustes dejaba poco margen para una opinión distinta. De hecho, Carrión de Lorenzo cita a su colega extensamente, en particular para rechazar el intento del Gobierno de modificar la Ley de Emergencia con un decreto para despejarse el camino a los aumentos.
Para Mondino, el fallo sobre su presentación es más firme porque “ordena al Ejecutivo, a los entes de control y a las empresas suspender los efectos y la aplicación” de los decretos de necesidad y urgencia “hasta tanto se dicte sentencia definitiva ”. Además, la acción cautelar se da en un juicio ordinario contra las subas, mientras que el fallo de Rodríguez Vidal fue en respuesta a un pedido de amparo.
Sandra González, titular de Adecua, entidad defensora de los usuarios que adhirió a la presentación de Mondino, reclamó al Gobierno que “respete la legalidad y la Constitución”. González se preguntó “qué va a hacer elGobierno, apelar otra vez un fallo por el cual la Justicia le vuelve a indicar que respete la Constitución”. En efecto, la intención del Palacio de Hacienda es presentar una nueva apelación. Esto, a pesar de un informe técnico de la propia cartera que admite que la totalidad de las empresas eléctricas y gasíferas está en condiciones de cubrir los costos operativos en 2003 con la tarifa actual, y a muchas de ellas también les alcanza para financiar las inversiones y pagar sus deudas.