Por primera vez un fallo del Poder Judicial embargó al Estado por el no pago de títulos de la deuda pública en default. Se trata de préstamos garantizados correspondientes al canje de deuda Fase I implementado por Domingo Cavallo. Aunque por ahora sólo están involucrados 5 millones de dólares, la medida podría multiplicarse hasta los 10.000 millones y afectar seriamente los recursos fiscales. Además, en lo que constituye un prenuncio de la inminente decisión redolarizadora de la Corte Suprema y su consecuente gravedad patrimonial para el sector público, otros fallos que involucran a esos papeles de deuda rechazaron la pesificación y decidieron que los pagos realizados a 1,4 más CER sean sólo tomados como pago a cuenta hasta que exista un fallo definitivo.
Si alguien creía que la redolarización sólo favorecería a los ahorristas del sistema financiero y castigaría a los bancos, la sucesión de bonos compensadores emitidos por el Estado primero y los continuos fallos generados por el Poder Judicial, ahora, demuestran que los cargos que deberá afrontar el conjunto de la sociedad pueden ser mayores que los previstos. A la redolarización de depósitos también comienzan a sumarse las deudas de particulares. Y a las deudas privadas, la deuda pública. Una resolución del Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo Nº 9, a cargo de la jueza Emilia Marta García, trabó embargo sobre los ingresos fiscales correspondientes al tributo a los débitos y créditos en cuenta corriente, más conocido como Impuesto al Cheque.
El fallo, dictado a consecuencia de una demanda presentada por un tenedor de préstamos garantizados, hizo lugar a una medida cautelar que obliga al erario a pagar los importes adeudados con recaudación. Pero además, otros juzgados, como el Civil y Federal Nº 10, ya resolvieron rechazar la pesificación en ocho demandas similares. Por ahora, las medidas cautelares contra la pesificación establecen no el pago a valor dólar, sino a 1,40 más CER, pero que dicho importe sea tomado “como pago a cuenta” hasta la existencia de un fallo definitivo.
Luego del controvertido megacanje de 2001, la potencial incobrabilidad para los tenedores de los onerosos (para el fisco) nuevos títulos, junto al inminente default del Estado, llevaron al entonces ministro Domingo Cavallo a implementar una nueva fase de intercambio de papeles. Eran los tiempos en que el “riesgo país” ocupaba tapas de diarios y desvelos del Gobierno. Pero el ostensible fracaso del megacanje no amedrentó a los funcionarios. Si se quería bajar el riesgo país, argumentaba el asesor cavallista Horacio Tomás Liendo, era necesario garantizar la deuda con la recaudación tributaria. Según Liendo, esta garantía debía alcanzar a todos los títulos públicos, pero junto a su jefe Cavallo sólo consiguieron imponerla a los préstamos garantizados.
Estos papeles de lo que se conoció en su momento como “Canje Fase I” rondan hoy los 52.000 millones de pesos, de los cuales 17.500 están en poder de las AFJP, 12.500 de los bancos, 4000 de las compañías de seguros y 18.000 de distintos inversores particulares. En principio, las AFJP y las aseguradoras no irían por la recaudación. Aunque la negociación todavía no está cerrada podrían recibir títulos en dólares de más largo plazo. Los bancos, en tanto, los entregarán a valor nominal por los redescuentos ya recibidos (al menos los que se beneficiaron de ese auxilio). A su vez, alrededor del 40 por ciento de los tenedores particulares aceptaron la propuesta de pesificación. Estos valores dejan un saldo de alrededor de 10.000 millones que puede traducirse en demandas judiciales de corto plazo.
Según dijo a Página/12 uno de los socios del estudio jurídico que patrocinó las nueve demandas que obtuvieron fallos favorables, los reclamos suman por ahora sólo 5 millones de dólares. Sin embargo, el abogado reconoció que se trató de “una prueba piloto” y que los buenos resultados obtenidos se traducirán en nuevas demandas. Esos mismos resultados retroalimentarán el negocio jurídico.
Si las demandas se transforman en catarata, las consecuencias para el Estado pueden ser graves, pues el impuesto al cheque representa al menos el 10 por ciento de la recaudación.