El fallo de la Corte Suprema no acorraló al Gobierno, pero en el Poder Ejecutivo estaban tan preocupados que lo hiciera que a la hora de las explicaciones los ministros Roberto Lavagna y Juan José Alvarez sobreactuaron la reacción positiva. Les faltó agradecer públicamente a los ministros del máximo tribunal por su decisión. Todo lo demás lo hicieron. Calificaron al fallo como “prudente”, “fundado”, “preciso” y “razonable”, que “no modifica ningún punto de la política económica ni complica la transición”, que “no es catastrófico” y que “no plantea nada que nos lleve a proponer al Congreso ninguna medida específica”, como la entrega compulsiva de bonos a los ahorristas. Lo más sorprendente, sin embargo, fue la imaginación que desplegó el titular de Justicia para explicar que “el fallo puede ser un precedente importante pero no sienta jurisprudencia”. Con eso quiso decirles a los ahorristas que no deberían hacerse ilusiones en conseguir lo mismo que logró el gobierno de San Luis.
El Gobierno estudió el fallo con detenimiento desde la mañana y durante toda la tarde. Cuando definió un discurso para plantearse ante la opinión pública, Lavagna y Alvarez fueron los encargados de transmitirlo. Los ministros ingresaron al microcine del Palacio de Hacienda a las 20.15. “El Gobierno acepta totalmente una sentencia fundada”, fue la primera definición del ministro de Justicia. Lavagna dijo después que los fallos de la Corte hay que respetarlos. Esas consideraciones, que en una circunstancia normal son una obviedad, ayer fueron importantes porque dentro mismo de la Corte hubo tres jueces que manifestaron que su par Carlos Fayt debió excusarse por tener dinero en el banco. Por tanto, Antonio Boggiano, Augusto Belluscio y Juan Carlos Maqueda opinaron que la resolución está viciada de nulidad. El Gobierno, por ahora, no tomó esa punta para cuestionar el fallo.
Lo segundo que remarcó Alvarez fue que “a los deudores no se les modifica la situación que tenían esta mañana”, antes del pronunciamiento del máximo tribunal. “No hay dolarización de la economía y no afecta a los deudores”, añadió. El Gobierno hizo hincapié en que la Corte limitó su dictamen al caso San Luis y que dejó en pie los efectos de la pesificación sobre las deudas. “El fallo es muy preciso, se refiere al artículo 2 del decreto 214. El resto del decreto de pesificación queda absolutamente vigente”, sentenció Lavagna. El artículo 2 establecía la pesificación de los depósitos. Si la Corte lo rechazó una vez, por qué no lo haría para el resto de los ahorristas. Ahí fue donde Alvarez y Lavagna se esforzaron para explicar la interpretación oficial.
La lectura es que “el fallo está encapsulado al caso San Luis”. “No necesariamente sienta jurisprudencia. No desconozco que es un precedente importante, pero no implica que en otros casos (la opinión de la Corte) sea igual”, indicó Alvarez. “No hay dos casos exactamente iguales -avanzó–, y queda claro que (el fallo) lo han encapsulado a la provincia de San Luis”. “Mayor encapsulamiento del tema es imposible”, lo respaldó Lavagna, encandilado con esa palabra. El objetivo fue dejar sentado que para el Gobierno los ahorristas de a pie no tienen que suponer que se redolarizaron sus depósitos. “No se puede trasladar automáticamente el caso San Luis a otros porque no es así”, siguió Alvarez. “La Corte ha sido tan específica y tan meticulosa justamente para evitar ese tipo de interpretaciones”, completó.
Lavagna se plantó sobre ese argumento para llegar a la siguiente conclusión: si no hay redolarización generalizada de depósitos, no hay por qué pensar en bonos ni en ningún tipo de medida. No se animó a descartarlo de plano, pero sostuvo que no tenía sentido hablar en abstracto. “El fallo no plantea nada que nos lleve a proponer al Congreso ninguna medida específica”, indicó. Por otra parte, Lavagna ponderó que la Corte haya dado un plazo de 60 días para que el Banco Nación y el gobierno de San Luis negocien cómo y en qué plazos se devolverá el dinero, pero sin plantear ninguna instrucción concreta. El jefe de Hacienda sabe que los banqueros no están tan calmados como intentó mostrarse el Gobierno y que presionarán para que el Estado se haga cargo de la diferencia entre 1,40 más CER y la cotización del dólar libre en cuanto empiecen a sucederse los fallos a favor de los ahorristas, si es que así sucede. Para evitar que reaparezca el temor en los depositantes actuales, manifestó que “los bancos no serán objeto ni mañana ni la semana que viene de ninguna obligación específica” porque “desde el punto de vista práctico, no hay ninguna modificación del funcionamiento del sistema”. También descartó cualquier impacto sobre el Banco Nación y, mucho menos, sobre el sistema financiero. A modo de desafío, Lavagna propuso que le pregunten qué pasó con sus pronósticos dentro de un tiempo, y dijo que “la reacción moderada e inteligente de los mercados demuestra que la interpretación de las características del fallo no es sólo nuestra”.