“Es un fallo bastante equilibrado, bastante meduloso”, calificó el presidente de la Corte Suprema, Julio Nazareno, la resolución contra la pesificación en la causa iniciada por San Luis que él mismo firmó junto con otros cuatro ministros. Con ese tema despejado, ahora al menos tres ministros intentan apurar una definición en la “caso Beratz”, que serviría como modelo para el común de los ahorristas. Quieren resolverlo antes de fin de mes y, como en el expediente puntano, buscan disponer la redolarización pero sin detallar los mecanismos de devolución de depósitos, que quedarían sujetos a negociación entre bancos y clientes.
Eduardo Moliné O’Connor, Guillermo López y Carlos Fayt quieren resolver el expediente iniciado por Mirta Beratz a más tardar el 24 de marzo, lo que amaga con desatar otro cimbronazo poniendo a los bancos ante una posibilidad más cercana de tener que reintegrar el dinero a miles de personas que lo reclaman. Ese posible pronunciamiento del tribunal delinearía el camino que les espera a los ahorristas particulares para recuperar sus dólares.
La alternativa que analizaba el trío de ministros –que integró junto con Nazareno y Adolfo Vázquez la mayoría a favor de San Luis– apuntaba a disponer que haya instancias de conciliación entre los bancos y la gente. Si fracasaran, el tema volvería al juez de primera instancia que debería dar directivas. Un fallo así podría tener mayoría pero Vázquez, por ejemplo, se mostró reticente a firmarlo en estos días. Nazareno, en cambio, admitió públicamente la posibilidad de analizarlo.
Nazareno repartió ayer comentarios para todos los gustos. Dijo que el fallo que el miércoles declaró la inconstitucionalidad de la pesificación y ordenó la devolución de los millones acorralados del gobierno puntano, en realidad es también “terminante” para todos los ahorristas en el reconocimiento de la legitimidad de su reclamo, aunque está claro que nadie recibirá dólares automáticamente. En cuanto a los efectos económicos de la sentencia se jactó: “Ya han visto lo que dijo el ministro de Economía (Roberto Lavagna), esto no cambia nada”. “No vean negociaciones ni pactos”, añadió. Y aclaró que las deudas “se siguen manteniendo en pesos” y que la Corte sólo analizará el asunto cuando reciba demandas puntuales.
El riojano salió, además, a defender a Fayt, cuestionado por haber rechazado su propia recusación para completar la mayoría necesaria de cinco votos para resolver la redolarización. Si él no se pronunciaba en su propio caso, quedaba inhabilitado para votar en la causa de San Luis. “Es una tontera, a Fayt ya se lo recusó en diciembre por esta misma causa y fue rechazada la recusación”, refutó Nazareno. Pero desplegó un argumento técnico aparte según el cual las recusaciones tanto contra Fayt como contra Eduardo Moliné O’Connor se habían tornado abstractas y lo único que habían dicho cinco ministros (incluidos los dos cuestionados) es que el tema ni siquiera debía ser analizado.
Dentro del propio tribunal, Antonio Boggiano, Augusto Belluscio y Juan Carlos Maqueda compartieron un voto en disidencia en el que acusaron a Fayt de carecer de “elementales reglas de ética”. Entendieron que el fallo que dicta la inconstitucionalidad de la pesificación podría ser nulo, sobre todo teniendo en cuenta que el ministro en cuestión admitió que tiene 200 mil dólares acorralados (que canjeó por bonos), lo que lo convertiría en parte interesada en el pleito.
Según el constitucionalista Daniel Sabsay, consultado por este diario, “no hay antecedentes de un juez que haya votado en su propia recusación, está expresamente prohibido por el Código de Procedimientos, lo que hizo Fayt no tiene justificación”. “Pero tampoco se entiende por qué los ministros resolvieron sobre una recusación que ya había sido rechazada en diciembre”, añadió. Sabsay puntualizó que “por más que se plantee la nulidad o se considere que hubo errores, no hay tribunal de alzada quepueda operar, ni tampoco la Comisión Interamericana de Derechos Humanos intervendría en una situación así”. En todo caso, señaló, podrían ser argumentos a señalar en un juicio político.
El Gobierno, de este modo, no tendría muchas posibilidades de contraatacar por la vía judicial, por mucha algarabía que les cause ver que tienen a tres supremos de su lado. “Vamos a acatar el fallo, eso es todo”, dijeron voceros del Ministerio de Economía. La intención de presentar nuevos pedidos de juicio político fue anunciada por la Junta Promotora para la remoción de la Corte Suprema que integran varias organizaciones jurídicas y sociales. El abogado laboralista Luis Ramírez anunció que pedirá la remoción de los cinco jueces que firmaron la redolarización. “La participación de Fayt en ese fallo es un verdadero escándalo jurídico y un hecho bochornoso para la Justicia argentina, independientemente de quienes puedan haber sido beneficiados o perjudicados”.