Es la pregunta del momento: hasta dónde llegará la redolarización, a la que la Corte Suprema acaba de dar impulso al condenar al Banco de la Nación a reconocer en moneda de origen un plazo fijo de 247 millones de dólares de la provincia de San Luis. Se supone, en general, que la despesificación podría extenderse a todos los depósitos bancarios que quedan en el “corralón”, expectativa que a su vez retraerá aún más el crédito porque los bancos privilegiarán disponer de liquidez suficiente para afrontar la eventual devolución de depósitos a valor dólar. En esta hipótesis, la sentencia tendría un efecto similar a una generalización de los amparos, aunque con una diferencia: los abogados dejarían de ganar sus jugosos honorarios. Más allá de estos detalles, no existe ninguna idea precisa sobre el alcance y las derivaciones que finalmente tendrá el pronunciamiento de la Justicia –incluyendo otros fallos esperados– ni sobre los mecanismos que dispondrán Economía y el Banco Central para cerrar definitivamente la cuestión.
Roberto Lavagna adoptó hasta el momento la estrategia de quitar relevancia a la sentencia de la Corte, asegurando que no altera ni la política económica ni el programa monetario, y de negarse por tanto a cualquier acción anticipatoria. En realidad, él es el único que ve –o dice ver– así las cosas en el Gobierno. Por tanto, podrá seguir su juego mientras los hechos no lo desmientan. Llegado el momento, a la presión actual de los banqueros se sumaría un emplazamiento del propio presidente Duhalde, quien ayer no tuvo reparos en admitir públicamente su preocupación.
En concreto, si los bancos tuviesen que poner a disposición de sus clientes todos los depósitos del “corralón” a valor dólar, faltaría saber en qué condiciones lo harían. El procedimiento concreto ni siquiera fue definido por la Corte para el caso San Luis-Banco Nación: sólo los invitó a acordar el cuándo y el cómo, dándoles dos meses de plazo. El anhelo de los bancos es conocido: que el Estado cubra con un bono, entregado al depositante, la diferencia de un peso diez o un peso veinte que media hoy entre el dólar libre y el saldo pesificado de la cuenta, más CER e intereses.
A Lavagna esta fórmula no lo fascina. Lo haría aparecer en la antipática tarea de aumentar la deuda pública para resolverles un problema a los bancos, y además imponerles compulsivamente un bono dudoso y desvalorizado a los ahorristas. Una alternativa menos gravosa para la imagen del ministro consistiría en ensartarles el bono a los bancos, y que sean éstos los que afronten el compromiso íntegro con la clientela. Pero si ésta optase en alta proporción por llevarse los pesos en lugar de redepositarlos, el Banco Central debería proveer de la liquidez necesaria a los bancos a través de redescuentos. Esta emisión haría estallar el programa monetario y amenazaría la serenidad cambiaria.
Buscando obviar este problema surgió la idea de imponer una nueva reprogramación de los depósitos del “corralón”, para ir liberándolos más lentamente. Esta disyuntiva es impulsada por algunos bancos como una especie de Plan B, aunque otros –particularmente los extranjeros– rechazan cualquier posibilidad de absorber más bonos del Estado argentino en sus activos. Fuera de estos desacuerdos instrumentales, no son pocos los que suponen que, con el tiempo, la suma de 1,40 más CER irá confluyendo con el dólar porque el tipo de cambio real tenderá a descender, a medida que la economía se normalice.
Cada hipótesis sobre los definitivos alcances de la despesificación que está imponiendo la Justicia acarrea deuda pública adicional, una hipoteca colectiva que crece sin cesar. Según estima el Ieral, ese endeudamiento suma actualmente 149.809 millones de dólares, pero para el 30 de junio alcanzará los 166.121 millones, casi 22 mil millones más que al finalizar el 2001. Este sería un cálculo provisorio del aporte que la gestión de Eduardo Duhalde hará al pasivo nacional, ello a pesar de haber licuado vía pesificación parte de la deuda estatal (el llamado Préstamo Garantizado).
Suponiendo que la despesificación sólo afecte finalmente a los depósitos (sin incluir a los ya retirados aceptando la conversión), el conjunto de la sociedad debería documentar con nuevos Boden deuda adicional por 8923 millones de dólares, que se sumarían al stock actual de 14.404 millones. El Ieral calcula que si, además, la Justicia fallara a favor de los tenedores del Préstamo Garantizado (fruto de un canje de tiempos de Domingo Cavallo), la deuda correspondiente saltaría de u$s 26.400 millones a 42.247 millones.
Por el momento, ante perspectivas tan aterradoras, todo ha quedado en suspenso, y el “corralón” seguirá cerrado a cal y canto, mientras en el sistema financiero y en el BCRA temen un aluvión de amparos, y procuran adivinar qué proporción de fondos querrá llevarse el público en metálico. El Presidente pidió ayer que se le dé más tiempo al Gobierno para buscar una solución, y Lavagna confía en legarle a su sucesor el problema, que él a su vez recibió de Jorge Remes Lenicov. Es lo que se llama una herencia maldita.