No es la primera vez que Cristina Fernández de Kirchner reclama a los legisladores el avance del proyecto de ley que limita la extranjerización de la tierra. Ayer aprovechó la conferencia de prensa en que analizó su triunfo en las elecciones primarias para resaltar que “necesitamos el tratamiento urgente de esa ley”. La Presidenta ya había anunciado en la apertura de las sesiones ordinarias del 1º de marzo pasado que consideraba a esa cuestión como prioritaria y por ello envió un proyecto. En el Congreso aún no hubo acuerdo para debatirlo, y el kirchnerismo convocaría a un nuevo plenario de comisiones para la primera semana de septiembre.

El alza en el precio de los commodities, la política cambiaria, el escenario de incertidumbre global y la huida de capitales de las inversiones tradicionales, con un horizonte de escasez alimentaria y de recursos naturales no renovables, vuelve la compra de tierras una opción muy interesante para el capital extranjero. Según datos de la Bolsa de Cereales de Rosario, el valor promedio de la hectárea en la zona núcleo aumentó 375 por ciento en los últimos diez años, y se ubica actualmente en los máximos registros históricos. La extranjerización de la tierra vulnera la seguridad alimentaria y agrega presión sobre la balanza de pagos, por la remisión de utilidades y dividendos.

“Es un tema que tiene mucho que ver con los desplazamientos que se están operando en materia de capitales, que pasan de activos financieros a físicos. Necesitamos un tratamiento urgente de la ley. Es una cosa que me pidieron mucho desde las cooperativas, fundamentalmente AFA –Agricultores Federados Argentinos, entidad vinculada a Federación Agraria– y ACA –-Asociación de Cooperativas Argentinas, relacionada con Coninagro–, que nuclean a todos los pequeños y medianos productores agropecuarios. Ellos visualizan con mucha claridad el peligro que significaría que la Argentina sufriera el desapoderamiento de un recurso estratégico y no renovable como la tierra”, indicó Cristina en conferencia de prensa. “Es un punto muy importante demostrar a la sociedad, a los sectores productivos y al mundo, la idea que las fuerzas políticas tenemos sobre un recurso estratégico y vital”, agregó, y consideró que el proyecto que regula la compra de tierras es “central para los tiempos que vienen”.

El debate parlamentario del proyecto del oficialismo se inició en junio, cuando el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, hizo una presentación en la Comisión de Legislación General, a cargo de Vilma Ibarra (Nuevo Encuentro). Sin embargo, los titulares de las comisiones de Agricultura y Asuntos Constitucionales, Juan Casañas (UCR) y Graciela Camaño (PJ Federal), decidieron ausentarse del debate, al igual que buena parte de la oposición.

“Me parece que entre ese plenario convocado y este pedido de la Presidenta sucedieron cosas importantes. Las elecciones primarias otorgaron legitimidad suficiente para que se vuelva a poner sobre la mesa el tema de la compra de tierras, sobre el cual hay proyectos de todos los bloques y creo que se puede llegar a un consenso a pesar de las disidencias”, destacó Ibarra a Página/12. “Voy a llamar para la primera semana de septiembre a una nueva reunión plenaria”, adelantó.

“El kirchnerismo propuso convocar un plenario para tratar sólo su proyecto. Pero hay muchos otros, ninguno es malo y todos mejorables. Yo quiero que se discuta también el mío”, indicó a este diario Ulises Forte (UCR y ex dirigente de Federación Agraria), quien pretende que la restricción a la compra de tierras por parte de extranjeros sea aún mayor. Sin embargo, subsisten dentro del radicalismo profundas diferencias en torno al tema. “Hay que empezar a discutirlo de manera urgente, pero igualmente los tiempos no dan para que sea tratado este año en el recinto”, arriesgó Forte.

La iniciativa del oficialismo busca emular la legislación brasileña. El proyecto impide que los titulares extranjeros tengan más del 20 por ciento del total de tierras agropecuarias o rurales a nivel nacional y también provincial y municipal. Sin embargo, cerca del 10 por ciento de las tierras estaría actualmente en manos extranjeras, por lo que el proyecto oficial permitiría que esa superficie se duplique. Otro eje relevante es que la comercialización de la tierra no se considera como una inversión privada, de forma que quedaría comprendida bajo dominio público, lo que elimina la posibilidad de que, ante controversias, las empresas puedan recurrir al Ciadi, el tribunal del Banco Mundial.