Asociaciones de pequeños y medianos productores rurales y deudores hipotecarios realizaron un abrazo simbólico a la sede del Banco Nación y marcharon hasta el Palacio de Tribunales. La protesta fue contra la privatización “total o parcial” de la entidad crediticia oficial y contra una potencial redolarización de los créditos hipotecarios. También se reclamó por la suspensión de los remates y el recálculo de las deudas.
De la marcha, convocada por Fedecámaras, la Mesa Federal Agraria, el Distrito 6 de la Federación Agraria Argentina y Madres por la Vivienda, participaron también deudores urbanos de distintas provincias del país, un nutrido grupo de productores de economías regionales, y Mujeres en Lucha contra los remates. La protesta se realizó sin incidentes, aunque hubo un pico de tensión cuando un grupo de efectivos oficiales apareció en forma sorpresiva para impedirles el paso en su marcha desde el Obelisco hasta el Palacio de Tribunales. Una vez en el Palacio de Justicia, el grupo realizó un escrache a la Corte Suprema. Desde allí se dirigieron a la sede del Banco Nación, siempre precedidos en su marcha por un tractor, y terminaron el recorrido en el Congreso Nacional.
Además de los mencionados rechazos a la redolarización de créditos y a la privatización del Nación, los manifestantes reclamaron la suspensión de los remates y del envío de carpetas a Asuntos Jurídicos, hasta tanto se dé lugar a la regularización de las situaciones crediticias de los pequeños y medianos productores agropecuarios, así como el recálculo y la refinanciación de las deudas agropecuarias desde el inicio de la convertibilidad. Los participantes de la marcha también demandaron ser atendidos por el presidente Eduardo Duhalde, a fin de “poder exponer en forma directa la gravísima situación por la que atraviesan decenas de miles de pequeños y medianos productores”, especialmente los vinculados a las economías regionales.
Las entidades convocantes destacaron que al mismo tiempo que el gobierno soluciona con miles de millones de pesos la situación de un puñado de grandes bancos extranjeros, “permanece totalmente apático y distraído para tomar las decisiones políticas que permitan solucionar definitivamente el problema del endeudamiento desproporcionado” que padecen los sectores productivos.
Según señalaron las entidades convocantes, tanto la privatización del Nación como la redolarización de deudas provocarán que “decenas de miles de pequeños agricultores, comerciantes e industriales, quienes en muchos casos ya han pagado una cifra superior a la recibida por préstamos, estén ciertamente amenazados con el remate de sus campos y de sus casas”.
Las agrupaciones indicaron también que de una carta enviada por el Secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, al presidente del Banco Nación, Horacio Pericoli, surge que el Gobierno estaría “dispuesto a privatizar en cuotas al Banco Nación y tercerizar la cartera de créditos otorgados”. Decisión que significaría “la entrega a intereses foráneos de las hipotecas de mas de 14 millones de hectáreas hasta hoy en manos de productores agropecuarios argentinos”.
Además de la capitalización, uno de los argumentos utilizados desde el Fondo Monetario Internacional, también reproducido por los funcionarios gubernamentales, es que la participación privada evitaría el otorgamiento de millonarios créditos políticos. De las últimas cifras oficiales divulgadas por el Nación, surge que 196.316 clientes se encuentran en situación irregular (categorías 3, 4, 5 y 6), una cartera próxima a los 5.200 millones de pesos. De estos deudores, el 95,2 por ciento deben hasta 100 mil pesos, mientras que el 0,51 por ciento debe más de 400 mil. El problema es que estos últimos concentran el 37,9 por ciento de las activos irregulares.