Entidades de productores, procesadores de granos, corredores, acopiadores y exportadores están convocados para el miércoles próximo para darle la puntada final al proyecto que reformula el sistema de comercialización de trigo y maíz. El amplio acuerdo alcanzado hasta ahora, a partir de la propuesta de Agricultores Federados Argentinos, anticipa que ese mismo día quedará definida la propuesta. El amplio consenso entre sectores opuestos reúne a quienes muestran mayor entusiasmo y los que, simplemente, se resignan a sumarse a una “salida menos mala” que el sistema actual. El Estado, a través de los nuevos instrumentos, conserva la capacidad de regular abastecimiento y precios, quizás en medida mayor que la actual si la implementación es eficiente.

En vez de establecer cupos de venta como hasta ahora, priorizando los volúmenes de granos para abastecer al mercado interno y recién una vez satisfecho éste, “liberar” gradualmente la venta con destino a la exportación, el nuevo sistema trabajará sobre las estimaciones de producción y consumo interno. Una vez definidos estos dos valores, emite un certificado de venta al mercado interno (por el volumen de consumo local previsto en la campaña) y otro certificado de libre disponibilidad (por el volumen de la producción estimada que exceda al de consumo previsto). El volumen por el que se emita este segundo certificado es la magnitud máxima por la que se podrá exportar. Pero el exportador deberá competir en el mercado por esos volúmenes con otros eventuales compradores, incluso quienes puedan querer “estoquear” para uso futuro en el mercado interno.

El productor o la cooperativa recibirán certificados de mercado interno y de libre disponibilidad cuando vayan declarando la existencia (es decir, una vez producido), en la misma proporción de uno y otro que la establecida para su emisión. Es decir, si se espera que el 40 por ciento de la producción deba destinarse al consumo interno, el productor recibirá por sus existencias un certificado de mercado interno por el 40 por ciento y otro de libre disponibilidad por el 60 por ciento restante.

El fideicomiso financiero que se formará con recursos del Estado actuará como un operador más en el mercado, comprando y vendiendo. Su presencia tiene varios objetivos. Uno es poder comprar al productor a un precio de mercado y venderle a la molinería a un precio inferior. Así, mediante una intervención de mercado, reemplazaría el cuestionado mecanismo actual de compensaciones.

Aunque con reservas –tantas que incluso evitaron hacer declaraciones públicas–, Sociedad Rural y CRA acompañarán el nuevo régimen. Federación Agraria y Coninagro, en cambio, lo apoyan con entusiasmo, confiando en que mejorará la posición relativa de los pequeños productores. Algunos de sus dirigentes, incluso, le suman un aliciente más: si se demuestra que el mercado se puede segmentar por certificados para consumo interno y exportación, quedará comprobado que también se lo puede hacer para aplicar retenciones a la exportación diferenciales a productores grandes y chicos. Pero eso será otro capítulo.