En semanas previas a elecciones presidenciales la especulación sobre el nuevo gabinete y medidas económicas consideradas necesarias es dominante en el debate político. Es una ansiedad comprensible ante la expectativa que se abre por la inauguración de una gestión de gobierno. Esa agitación tendría mayor intensidad en un escenario desconocido por cambio de signo político o de la primera figura. No parece que ése sea el resultado que ofrecerá hoy la apertura de las urnas. Casi ocho años y medio de práctica política del kirchnerismo debería haber sido un aprendizaje para saber que no tiene mucha sustancia realizar ese tipo de especulaciones. Existen previsibles pretensiones de sectores económicos y sociales que pugnan por instalar su agenda de prioridades frente a este importante acontecimiento de la democracia. Desde la tradicional ortodoxia que aún no se ha enterado que el libro con sus recetas se están incendiando en Europa hasta grupos que reclaman reformas pendientes en las normativas que regulan el área financiera y la estructura tributaria, además de manifestar preocupación por la competitividad del tipo de cambio. Son demandas legítimas en términos generales, que requiere de un encuadramiento político sobre los tiempos y el accionar de los gobiernos kirchneristas, además de ciertas precisiones en materia económica.

La posición ortodoxa, que también convoca a algunas vertientes de la heterodoxia, plantea que la economía acumula profundos desequilibrios que deberían ser atendidos con urgencia para evitar males mayores. El diagnóstico que ofrecen es la inconsistencia de las variables macro que exigen un inmediato ajuste. La agenda es conocida por reiterada a lo largo de años, sobresaliendo el referido al reclamo de congelar o disminuir el monto creciente de subsidios al transporte y a la energía vía un aumento de tarifas. Resulta necesaria esa revisión para trasparentar el destino de esos fondos, como se comprobará en el área de transporte cuando se generalice el uso de la tarjeta SUBE. Pero el esquema de tarifas subsidiadas no es sólo una cifra en el presupuesto que horroriza a alérgicos al gasto público, sino que representa uno de los pilares de la política de ingresos e industrial a lo largo de estos años. Plantear recortes sólo con visión contable implica afectarla con consecuencias poco recomendables, ya sea por el impacto en precios, en la competitividad de las pymes industriales y de servicios como en el poder adquisitivo de la población. Sin embargo, una medida ordenadora, como la tarjeta SUBE, es una referencia para el resto de los subsidios en un esquema que forma parte de una política de ingresos, aspecto que desdeña gran parte de sus críticos. Por caso, del total del subsidio en el servicio eléctrico de uso domiciliario, el 95 por ciento es destinado a hogares que consumen hasta 1400 kilowatts por bimestre, que equivale a familias de ingresos medio-bajos y bajos. En la industria, el 86 por ciento del subsidio eléctrico benefician a pequeñas empresas que utilizan hasta 300 kilowatts de potencia.

Otro de los puntos principales de esa agenda se refiere al aumento general de precios. Es importante estar alerta porque en este sensible tema se presenta un trilema de política económica sobre qué privilegiar: crecimiento, empleo-distribución del ingreso o precios. Si se opta por las dos primeras variables se generan tensiones en la última, como ha sucedido hasta ahora en uno de los períodos de crecimiento más elevado de la historia argentina moderna. A la vez, si se busca contener los precios vía instrumentos convencionales de política económica (restricción fiscal y/o monetaria, apreciación cambiaria y suba de la tasa de interés), se resentirá la evolución de la actividad y el empleo. Este trilema es importante exponer en el debate sobre la inflación para evitar confusiones. En el esclarecedor ensayo del economista e historiador Mario Rapoport, Una revisión histórica de la inflación argentina y de sus causas, se señala que la alta inflación es sin duda temible y perjudicial “pero esto no significa que la estabilidad de precios sea más beneficiosa para el crecimiento que una inflación moderada”. Si se observa el recorrido desde 2007, año que empiezan a discrepar las estadísticas oficiales de las privadas, los precios en ambas mediciones mantienen la misma tendencia estable, aunque en escalones diferentes (una en el 10 por ciento y la otra en el 20 por ciento), sin espiralizarse como han atemorizado en más de una ocasión economistas de la city. Rapoport avanza sobre uno de los latiguillos preferidos de economistas de corrientes diversas, al señalar que “es cierto que la inflación es un impuesto para los pobres”, pero agrega lo que los otros ocultan deliberadamente: “Si no existen las debidas compensaciones como, por ejemplo, aumentos salariales y crecimiento con empleo”. En ese sentido, también ha habido actualizaciones bianuales de los haberes de los jubilados muy por encima del índice de precios al consumidor (oficial y privado), además de la implementación de la Asignación Universal por Hijo con sus respectivos ajustes en el monto. Medidas que deberían generar prudencia analítica cuando se lanza la mediática frase “fábrica de pobres” debido al aumento de precios.

El recetario tradicional ofrece además el endeudamiento en el mercado internacional como vía rápida para enfrentar las mayores tensiones macroeconómicas, generadas por la reducción del superávit fiscal, de cuenta corriente o la persistente compra de dólares. Las características de esta conducta de los agentes económicos locales de dolarizar ahorros y utilidades es un factor restrictivo adicional de la política económica, puesto que reúne una continuidad que no se registra en otros países donde sólo existen momentos de fuga de capitales. Un ministro de Economía de cualquier otro país tiene que evaluar el impacto de decisiones de la política monetaria, fiscal o de ingresos, mientras que aquí debe hacerlo además con el dato de un escenario de fuga crónica, que vuelve más compleja la situación. Las opciones de aumentar el superávit fiscal o retornar el endeudamiento en el mercado financiero internacional para afrontar vencimientos de deuda forman parte del estrecho callejón que ofrece la ortodoxia. Sin embargo, ampliar márgenes de autonomía plantea el desafío de la búsqueda de otras alternativas de financiamiento, como fue en su momento la utilización de reservas del Banco Central.

Ocho años y medio de un ciclo de crecimiento impactante en términos históricos merecería un estudio un poco más humilde de miembros de la ortodoxia. También de quienes no pueden evitar repetir lo mismo que ellos, aunque con mirada heterodoxa. Las demandas de cambios ante previsibles tensiones, problemas esperables porque el desequilibrio es el rasgo distintivo de la economía lejos del mítico equilibrio general neoclásico, no implican necesariamente hacer algo diferente, como aspiran representantes conservadores. Exigen, en cambio, hacer lo que se elogia de otras experiencias exitosas a nivel mundial. Aquí significa consolidar el rumbo, reaccionar en forma inmediata con medidas de protección de los sectores vulnerables ante acontecimientos imprevistos, pulir las herramientas que alimentan los motores del crecimiento y mantener la pericia en la administración del tiempo político, que no es el mismo que tiene la ansiedad académica, para impulsar iniciativas ausentes en la agenda del establishment.

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