Eduardo Duhalde le puso paños fríos a la apertura del corralón. El jefe de Estado duda en entregar un bono a los ahorristas por la diferencia entre 1,40 más el CER y la cotización del dólar, tal como figura en el decreto redactado por Roberto Lavagna. Duhalde también resiste las compensaciones del Estado a las entidades financieras por la sustitución del CER por el CVS y por los amparos ya pagados. Al cierre de esta edición, Duhalde y Lavagna analizaban estos temas en Olivos.
“La apertura del corralón no tiene plazos”, aseveró ayer el Presidente durante una conferencia de prensa. “No voy a tomar ninguna medida que ponga en riesgo el proceso de recuperación que deberá consolidar el próximo gobierno, así que la prudencia es lo más aconsejable en estos momentos”, añadió.
A un mes de las elecciones, Duhalde entiende que lo mejor es oponerse a la entrega de un bono para los ahorristas acorralados y a la compensación millonaria a los bancos. Cerca de Roberto Lavagna estimaron que el ministro convencerá a Duhalde sobre la conveniencia de quitar las restricciones a los depósitos. La fórmula para hacerlo fue consensuada entre Lavagna y Alfonso Prat Gay.
En el Banco Central, además, suponen que el jefe de Estado tiene escaso margen para darle la espalda a la compensación a los bancos ya que eso fue lo acordado con el FMI en la última carta de intención. Un cortocircuito con Washington le impediría a Prat Gay renegociar la meta monetaria. Es la estrategia para emitir más pesos, absorber dólares y mantener el tipo de cambio. Ayer, la moneda estadounidense cayó otro escalón: terminó en 2,87 pesos para la compra y 2,92 para la venta, con un descenso de cinco centavos con respecto a la jornada anterior. En el mes, el dólar ya perdió 30 centavos (ver nota aparte).
Las compensaciones significarían un endeudamiento del Estado por unos 4400 millones de dólares, a los que se sumarían otros 3100 millones por la redolarización del corralón. Al respecto, ayer, un fallo de la sala V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo declaró inconstitucional la pesificación. Y ordenó que el BankBoston devuelva a una ahorrista los 30.000 dólares de su depósito acorralado. Los camaristas dieron tiempo hasta septiembre de 2005 para que se cumpla la medida.