El Gobierno planea nuevos anuncios de quita de subsidios para usuarios residenciales con alto poder adquisitivo y algunos sectores industriales. Una posibilidad que se baraja es eliminar el beneficio a los servicios de luz, agua y gas en las torres de lujo de la ciudad de Buenos Aires, el mismo mecanismo que ya fue utilizado para Puerto Madero, Barrio Parque y los countries de todo el país. Por otro lado, los formularios donde, a partir del año que viene, los usuarios deberán indicar si consideran que necesitan o no seguir recibiendo el subsidio, no serían enviados por parte del Gobierno hacia barrios carenciados y en cambio se concentrarán sobre aquellos puntos geográficos de alto poder adquisitivo.

Hasta ahora el Gobierno anunció, con relación a los usuarios no residenciales, la eliminación de subsidios en un abanico de sectores que está compuesto por bancos, financieras, compañías de seguro, casinos, aeropuertos internacionales, telefonía móvil y actividades extractivas, y 40 grandes empresas dedicadas al refinamiento de combustibles, procesamiento de gas natural, biocombustibles y aceites de exportación y agroquímicos. Según estimaciones oficiales, eso implicaría una reducción de la carga de beneficios de unos 4 mil millones de pesos anuales.

Los sectores productivos y empresas de esa lista se irán ampliando de forma regular. El criterio, según fuentes del Ministerio de Planificación, es afectar en forma prioritaria a las firmas exportadoras con poder de mercado, para que no haya traslado a los precios internos. Las pymes, al menos en una primera etapa, no se verían afectadas por la quita de los beneficios.

De lujo

Un sendero mucho más sensible deberá transitar el Gobierno para avanzar en la eliminación de los subsidios a los usuarios residenciales. Ya fueron anunciadas quitas totales para Puerto Madero, Barrio Parque y los countries de todo el país. “En esos lugares no hay ni un solo pobre, por eso empezamos por allí”, indican en Planificación. El proceso de incorporación de nuevos segmentos de usuarios, aseguran, será muy gradual y el Gobierno buscará “pisar sobre seguro”, para no repetir errores cometidos en 2008, cuando la intención de modificar el valor de las boletas terminó en un escándalo mediático y la medida se judicializó.

Una posibilidad que se estudia es que ahora se avance sobre los usuarios que residen en torres de lujo. Algunos de estos exclusivos edificios, excluidos los que están ubicados en Puerto Madero, donde ya fue anunciada la quita de subsidios, son las torres Le Parc de Palermo y la de Figueroa Alcorta, la torre Galicia Central (microcentro), torre del Boulevard (Núñez), torre BankBoston (Catalinas), edificio Av. Libertador 4444 (Belgrano), Chateau Libertador (Núñez), edificio Alas (Catalinas) y torre Mirabilia (Palermo). También hay algunos edificios de esas características en las ciudades de Rosario y Córdoba.

“Semana a semana va a haber anuncios. Se trata de un mensaje que se va armando, comienza a instalarse el tema en la opinión pública”, indican en el Gobierno. Los recursos liberados a partir de la eliminación del beneficio a usuarios privilegiados, junto con la posibilidad que se habilitó la semana pasada de renunciar de manera voluntaria (ver aparte), admiten en el Gobierno, no llegarán a mover la aguja de las finanzas públicas. Sin embargo, en los despachos oficiales evalúan positivamente las medidas implementadas, por haber recuperado un tema que se había vuelto “tabú” después del último intento de modificación del esquema tarifario.

Formularios

Otra medida anunciada fue la entrega de formularios a partir de enero a los usuarios, para que digan si consideran que necesitan o no continuar recibiendo el subsidio por parte del Estado nacional. El cronograma de envío de esas cartas, informó el Gobierno, se haría en función de la valuación catastral según el registro del Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL). Serán dos misivas, una para actualizar los datos del usuario final y otra donde se deberá indicar la necesidad del subsidio. Habrá que explicitar una justificación en base a datos patrimoniales e impositivos en caso de que el usuario pida continuar con la ayuda pública. Jubilados con la mínima, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, electrodependientes, entre otros grupos puntuales, podrán permanecer en el esquema actual.

Los formularios van a llegar a Recoleta, Núñez, Barrio Norte, Retiro y lugares de la zona norte del conurbano. Del mismo modo, se buscará que intendentes especifiquen barrios con alto poder adquisitivo para limitar allí el envío de formularios. En Planificación especulan con que la mayor parte de los usuarios que allí residen ni siquiera contesten las cartas, situación que se considerará causa de quita de subsidios.

En cambio, los barrios o partidos más carenciados probablemente ni reciban el formulario y se les continúe subsidiando los servicios como hasta ahora. Podría ser el caso del barrio porteño de Lugano o el partido de La Matanza. Sin embargo, entre Recoleta y Lugano existen infinidad de grises sobre los cuales todavía no hay ningún tipo de criterio definido. Allí se pondrá a prueba la capacidad del Estado de detectar situaciones de inequidad y también quedará en claro cuál es la intención oficial en relación al grado de amplitud y generalidad de la quita de subsidios.

Equidad regional

La quita de subsidios fuera del Area Metropolitana, aseguran en el Gobierno, será una tarea compleja, sobre todo en el caso de la luz. La generación de electricidad está subsidiada a través de Cammesa, que administra el mercado mayorista y fija el precio para todo el país. La tarifa se compone del precio de generación, transporte y distribución. Cada provincia tiene su propio ente regulador tarifario, en el caso del Area Metropolitana, es el ENRE, que mantiene congelado el precio para las empresas de distribución (Edenor, Edesur y Edelap), a diferencia de lo que sucede en las provincias. Por eso allí las tarifas son mucho más altas que en la ciudad de Buenos Aires y alrededores.

Para que una quita de subsidios en las provincias no impacte inmediatamente en la tarifa y en cambio pueda contribuir a reducir la inequidad regional, el Gobierno deberá negociar con la empresa provincial para que el aumento del precio de la energía sea absorbido por la distribución, donde se achicaría el margen de ganancia. Por eso, es probable que esa negociación comience a hacerse con los gobernadores afines al oficialismo nacional. En el caso del gas sería más simple, puesto que las tarifas a nivel regional no difieren tanto entre sí, por estar reguladas en forma nacional por el Enargas.