El Fondo Monetario le negó a la Justicia argentina información metodológica sobre la medición estadística que el organismo internacional realiza sobre la economía nacional. Para calcular datos de crecimiento del PIB e inflación de la Argentina, en su último informe la entidad multilateral de crédito utilizó, además de cifras oficiales, estimaciones de consultoras privadas, aunque no especificó cuáles toma en cuenta ni con qué lógica lo hace. Algunas consultoras locales tienen denuncias en su contra, presentadas por el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, por difundir datos supuestamente falsos. Una de esas causas la lleva adelante el juez en lo Penal Económico Alejandro Catania. Por eso el magistrado solicitó al FMI, información sobre la forma en que calcula sus datos. “Los archivos del Fondo Monetario Internacional son inviolables”, recibió como respuesta.

Desde principios de 2007, el Indec registró un ritmo de variación de precios sistemáticamente menor al que calcularon un amplio abanico de empresas de consultoría que, más allá de la relativa homogeneidad en sus números, que giran en torno del doble de los oficiales, presentan una capacidad de muestreo ínfima respecto de la del Indec y metodologías endebles. Guillermo Moreno denunció a las consultoras por la difusión de sus índices de precios, que supuestamente tenían por objetivo “beneficiar a agentes del mercado financiero, en desmedro de los consumidores argentinos en su conjunto y del Estado Nacional”, planteó el funcionario. La presentación contra los titulares de M&S Consultores, Carlos Melconian y Rodolfo Santángelo, recayó en el Juzgado en lo Penal Económico Nº 4, a cargo del juez Alejandro Catania.

La controversia local por los datos de inflación se reflejó en los informes semestrales que publica el FMI. Durante los últimos tres años, el organismo de crédito tomó directamente el dato del Indec, aunque aclaró en sus documentos que “analistas privados estiman que el índice de precios al consumidor ha sido considerablemente mayor”. En el último informe, de septiembre de 2011, el FMI cambió de postura. “Hasta que la calidad de los datos no haya mejorado, el staff del FMI usará también mediciones alternativas de PBI e inflación para la supervisión macroeconómica”, dejó asentado el organismo multilateral en una nota al pie. De esa forma, otorgó igual validez a la medición oficial y a las que realizan los privados. Esa aclaración del FMI, descalificatoria de las estadísticas oficiales, fue publicada al mismo tiempo que una misión técnica del Fondo trabajaba con las autoridades del Indec para asesorar en la confección de un nuevo IPC de carácter nacional, proyecto que todavía sigue en marcha.

Días después de que el FMI publicara ese documento, el juez Catania libró un exhorto solicitando al organismo “que informe acerca de qué parámetros utiliza en la confección de sus informes sobre datos de la inflación correspondientes a la República Argentina” y “si en los informes emitidos entre 2006 y 2011 ha tenido o tiene en cuenta estimaciones formuladas por M&S Consultores”. Además, Catania le preguntó al FMI si desde 2006 ha mantenido con esas consultoras “reuniones de trabajo o de requerimiento de opinión o información”. La respuesta del Fondo llegó ayer.

El Departamento Jurídico del organismo multilateral, a través de una nota remitida al juez Catania, comunicó que “los archivos del FMI son inviolables” y que el representante de la entidad en el país “goza de inmunidad en cuanto a procedimientos judiciales en relación con las palabras escritas o habladas”. “En vista de estos y otros privilegios e inmunidades, el FMI y su representante residente en Argentina no están obligados a responder el oficio de referencia”, agregó el Fondo.