Distintas asociaciones de defensa del consumidor coincidieron en que el esquema de subsidios a los servicios de agua, energía y gas necesitaba una revisión. No obstante, plantearon que la quita de la ayuda estatal debería realizarse de manera paulatina para que la carga de un bimestre a otro no sea tan pesada. Tras la renuncia voluntaria de unos 16 mil usuarios, el subsecretario de Coordinación y Control de Gestión, Roberto Baratta, aseguró que ahora es momento de “escuchar a la gente y personalizar cada una de las consultas” (ver aparte). El límite de 5200 pesos de ingresos, hasta el cual se sigue contemplando el subsidio, fue una definición oficial que las entidades consultadas celebraron. Ahora reclaman que el Gobierno defina un marco jurídico a la reglamentación de la medida para evitar que queden huecos legales, que sirvan a futuras impugnaciones judiciales.

La principal diferencia entre las asociaciones y lo que hasta el momento fue anunciado por el gobierno nacional es la manera de instrumentar la quita de los subsidios. Las entidades de defensa del consumidor sostienen que el ajuste debe ser paulatino. Hasta ahora, el Gobierno solo avanzó sobre los barrios de mayor poder adquisitivo. Para las asociaciones, además, deben ir liberándose las tarifas “de a poco”. “Es más adecuado pensar, tal vez, para ciertos sectores, en una renuncia más progresiva y parcial”, consideró uno de los responsables de la Unión de Usuarios y Consumidores, Claudio Boada. Por su parte, el presidente de Consumidores Libres, Héctor Polino, agregó la posibilidad de que se libere un servicio por vez. Más allá de esta diferencia, comparten la necesidad de retocar los subsidios.

Boada señaló a este diario que “es interesante la forma gradual con que se está aplicando la quita de subsidios”. “La idea de ir barrio por barrio, comenzando por las zonas de mayor poder adquisitivo, es una buena manera de aplicarlo”, concedió. El representante aseguró que sobre los 4,4 millones de usuarios se mantiene la excepción de 600.000 familias. “Son barrios enteros con situaciones (en personas) de vulnerabilidad”, agregó. Sin embargo, consideró –al igual que otros consultados– que las preguntas que plantea la declaración jurada para mantener el subsidio dan lugar a un resultado discrecional. “Un caso es la asignación familiar, que permite definir un piso de 5200 pesos. Pero qué pasa con personas que tienen este nivel de ingreso, pero no está formalizado”, señaló Boada.

Polino opinó que las medidas que se tomaron hasta ahora “son correctas, tanto cuando se trató de sectores con alta rentabilidad como en usuarios residenciales de alto poder adquisitivo”. “El problema es que en las doce causales de la declaración jurada, que están bien en general, algunos casos –si el usuario entra o no en el subsidio– van a quedar sujetos a la interpretación del funcionario. No hablo de arbitrariedades, sino de un margen muy amplio de discrecionalidad”, expresó. Polino ejemplificó sobre el caso del piso de los 5200 pesos: “Acá habrá que ver cuál es la composición del grupo familiar”. “Otro es el tema de las condiciones edilicias desfavorables, que obliguen a un mayor consumo de otros servicio”, indicó, aunque el punto está contemplado en las doce preguntas. El titular de Defensa de Usuarios y Consumidores, Pedro Busetti, criticó que no se haya discutido el tema en audiencia pública, aunque reconoció que las definiciones últimas sobre el alcance y la progresividad de la quita dieron respuesta a varios de sus interrogantes. “El hecho de que se aplique por barrio ya es una definición importante, y que además sea para los salarios superiores a 5200 pesos también –dijo a este diario Busetti–-. Nosotros pretendemos que se siga haciendo con barrios de alto poder adquisitivo y con las salvedades que el caso requiera.”